Parte y parte

Una de las atrocidades a los que nos ha conducido la polarización política, el tribalismo ideológico, la confrontación despiadada como bandera llameante, es el abandono de la diferenciación y del matiz argumentado, el rechazo despectivo y terminante hacia los argumentos, posiciones y pormenores del otro. Las verdades se compran enteras y al peso a mis propios proveedores de cháchara, y al del frente, simplemente, no se le compra nada. Mucha de la retórica política que se acostumbra en la actualidad esconde como un subtexto que las críticas a mi rebaño son intolerables, simple y exclusivamente, porque parten de un aprisco ajeno. Frases como esa tan sobada y estúpida, “ni una lección del PSOE/el PP/Podemos/CC/ la sección de cuerdas de la Sinfónica de Tenerife” (táchese lo que no proceda) lo dejan muy claro. Aunque el que nunca admite lecciones de nadie es un tarado más o menos analfabeto. Todos nos hacemos (y deshacemos) entre todos.

Yo soy de los que opinan que en la gestión de las compras sanitarias durante la pandemia de 2020 se cometieron obvias irregularidades. Una parte sustancial de las decenas de millones de euros gastados –contratos relevantes con varios proveedores -- están siendo investigados judicialmente por su posible conexión con la presunta trama delictiva en la que Koldo García actuaba como intermediario o extensión operativa de Víctor de Aldama y sus cuates. Se perdieron cuatro millones de euros al encargar mascarillas (y pagarlas por adelantado) a una empresa de importación y venta de automóviles. Pocas semanas antes de que el entonces presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, declarara ante el juez de instrucción por el contrato a RR7 United la autoridad judicial decidió elevar la instrucción a la Fiscalía de la Unión Europea. Lo extraordinario es que esta semana se ha sabido que de los cuatro millones de euros abonados a dicha empresa – a la que asombrosamente le fue modificado el contrato para que pudiera cobrarlo todo, aunque finalmente no entregó nada – ni un céntimo procedía de fondos europeos. Y si es así, ¿por qué diablos se derivó a la Fiscalía de la UE? ¿Y qué hace el expediente pudriéndose ahí desde hace dos años y medio? Lo peor, con todo, es el delirante empecinamiento del PSOE es que todo se hizo extraordinariamente bien, salvo alguna cosa, como diría Mariano Rajoy. Nadie, absolutamente nadie del Gobierno de Ángel Víctor Torres admite que se haya encargado de debatir, decidir o impulsar contrataciones, de lo que se colige necesariamente que fueron Conrado Domínguez con un par de móviles en la soledad de un despacho y Ana Pérez, en un sótano inaccesible del SCS, quienes recibían ofertas comerciales, las evaluaban y las decidían. Sin duda mucho han pensado que tal fantasía los descarga de cualquier sospecha, pero es al contrario. Porque, si todo era obra de Domínguez y Pérez, ¿no sería reclamables responsabilidades políticas por parte de aquellos que toleraron este despropósito y que desde hace ya años practican un avestrucismo desvergonzado, empezando por el entonces jefe de Gobierno y actual ministro de Política Territorial?

Y sin embargo, al mismo tiempo, pueden sostenerse una hipótesis y rechazarse una falsedad. La hipótesis es que Torres – y muy probablemente nadie del Ejecutivo – no se lucró con este trato a favor a algunas empresas. Se les prestó una atención sensible porque venían recomendadas por la mano derecha del secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Torres prefirió ser disciplinado en vez de prudente. La falsedad es esa repugnante calumnia del piso de la calle Atocha con prostitutas vomitada por Aldama. Torres demostró ayer, documentalmente, que es una hedionda mentira. Nadie debería seguir prestando crédito a semejante canallada ni publicar una línea más al respecto.

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