Muertes bajo sospecha

¿Cuántos y quiénes fueron los muertos en hospitales a consecuencia de las palizas que sufrieron? ¿A cuántos y a quienes se les aplicó la ‘ley de fugas’, es decir el asesinato a sangre fría por la espalda? ¿Cuántos y quienes fueron aquellos que no aguantaron la humillación y, para intentar proteger a sus familias, decidieron poner fin a sus vidas? Naturalmente, todo ellos deben incluirse como víctimas de la guerra civil. De esto trata el artículo de hoy. 

El 19 de diciembre de 1936, vísperas del invierno, un frío diferente recorre la ciudad de Las Palmas. El día anterior aparecieron los cadáveres de dos destacados miembros de la Federación Obrera, ambos residentes en el risco de San Juan llamado por entonces el Barrio de la Libertad. Las noticias corrieron rápido. Se trataba de Manuel Suárez Martín, de 43 años, casado, fundidor, que ostentó los cargos de presidente y secretario del Sindicato de Metalúrgicos en diversas épocas, y había sido también presidente de la Sociedad Cultural ‘Luz y Progreso’. El otro cadáver fue identificado como Miguel Cabrera Ramírez, de 24 años, de profesión carpintero y miembro del sindicato correspondiente. Ambos pertenecían al Partido Socialista. 

El extraño caso de la bomba del Hospital San Martín

El informe de autopsia (bloc de Pedro Medina Sanabria, 10 de noviembre de 2015) lo firman dos médicos. Uno de ellos, el capitán Fernando López Tomasety, quien había participado en la manipulación y misteriosa necropsia del cadáver del general Amado Balmes, muerto sospechosamente de un disparo que según la versión franquista se hizo así mismo en un alarde de acrobacia tiradora. 

Tomasety está una hora y cuarto con los cadáveres de los sindicalistas en el cementerio de Las Palmas y dictamina que Suárez presenta una herida por arma de fuego en la región lateral derecha del cuello y parte alta con orificio de salida en el lado izquierdo. El de Cabrera presenta también herida por arma de fuego con orificio de entrada en la región occipital y no presentando lugar de salida. Luego cierra el informe: «Abiertas las demás cavidades no se encuentra nada anormal». Pero, ¿y las heridas del cuerpo?, ¿hematomas?, ¿arañazos?, ¿contusiones? Nada se dice, tampoco creo que estuviera interesado en semejantes extremos. 

Muchos médicos, casi todos militarizados, muestran una insensibilidad absoluta con los presos enfermos de los campos de concentración, tal y como se afirma en diversas memorias de los campos escritas por republicanos supervivientes. Pues con más razón, ¿qué les va a importar a los médicos los fallecidos? 

En el acto de la autopsia estaba también el delegado de Orden Público Cristóbal García Uzuriaga, que por supuesto no movió un dedo por esclarecer los crímenes. Y es que probablemente sabía lo que había pasado y lo dejó correr. No es difícil imaginarnos lo sucedido. Fueron sacados del campo de concentración de La Isleta (hay una prueba escrita de que al menos Miguel estuvo allí el 3 de agosto de 1936, cuando le dice a su madre por carta que «yo hasta el presente bien»), salvajemente torturados en la comisaría de la calle Luis Antúnez y, para quitárselos de encima, les pegaron sendos tiros cuando estaban arrodillados y los abandonaron en el Paseo de Chil. 

El comisario de policía Luis de Teresa y el inspector de la guardia municipal Antonio Wiot probablemente estuvieran en ese aquelarre represivo. 

Cuando el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas (rollo 158/1940), años después, investigó a los dos sindicalistas de San Juan asesinados, las respuestas de diferentes organismos sobre sus paraderos son para figurar en un registro de la historia universal de las mentiras y los eufemismos: la Falange T. y de las J. dice que han fallecido pero que ignoran sus paraderos; la Guardia Civil también ignora dónde están pero dice que fueron detenidos al inicio de la guerra civil; la Comandancia militar quizá tiene más reparos al mentir, dice que eran comunistas peligrosos y que fueron puestos en «libertad judicial» el 8 de agosto de 1936. El denominador común de los informes es que están desaparecidos de la provincia. ¿Es que acaso ignoraban que los cadáveres habían aparecido y estaban enterrados en la fosa común del cementerio de Las Palmas? Hasta la prensa informó del caso. O tal vez ni se preocuparon por investigar sabiendo que ellos mismos los habían matado e informaron con lo primero que se les ocurrió.

Otros casos de republicanos fallecidos. Carlos Hernández Millares era hijo de una tía abuela mía por parte de padre, Dolores Millares Carló, y nieto del notario Agustín Millares Cubas. Había nacido en 1908 y durante la etapa republicana tenía todo un futuro por delante. Era médico, afiliado a la Izquierda Republicana y miembro de la masonería canaria, encuadrado en la logia porteña Acacia, puesto que vivía en la calle Luis Morote 7. Su nombre simbólico era Hipócrates e ingresó tres meses antes del golpe militar del 18 de julio de 1936, por lo que su categoría masónica no pasaba del 1º grado, el más bajo del escalafón. 

Cuando las autoridades golpistas descubrieron las listas de masones canarios iniciaron una auténtica cacería, y el pobre Carlos no salió indemne. En septiembre de ese fatídico año le impusieron una multa por «desafección al régimen». En cierto sentido tuvo suerte, puesto que no estuvo en los campos de concentración. Durante la guerra fue movilizado y nos lo encontramos a comienzos de 1939 en la 2ª Compañía de Sanidad Militar y casado con Gaby de Reschko. ¿Qué pasó después? Pues no puedo decir sino lo que se conoce. 

El 13 de febrero de 1939 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Responsabilidades Políticas, que da una nueva vuelta de tuerca contra los republicanos, aunque ya hubieran sido castigados con antelación. Están incluidos los masones y los militantes de los partidos relacionados con el Frente Popular. Todavía no se habían iniciado los trámites contra él, pero Carlos sabe que está incluido en la nueva ley y que es cuestión de tiempo la apertura del correspodiente expediente punitivo. Su esposa estaba encinta y él atrapado haciendo el servicio militar. El 24 de abril de 1939, a las 23.00 horas, fallece en el Hospital Militar de Las Palmas, según la autopsia, por «insuficiencia cardio-renal consecutiva a intoxicación». 

Como si nada hubiera pasado, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas expedientó a todos los masones, incluido a los fallecidos tiempo atrás y Carlos estaba entre ellos (rollo 384/1939). Su fallecimiento le importaba un bledo, lo que quería era despojar a sus herederos de los bienes que tuvieran. Como no tenía propiedades, la multa llegó a 50 pesetas y, después de un proceso de averiguación de sus cuentas corrientes hecho por sesudos jueces civiles, logran que la viuda de Carlos pague la deuda. Fin de la historia. ¿Víctima de la represión? Sin duda, pasara lo que pasara con su fallecimiento.

Otro caso parecido es el de otro Carlos, en este caso Franchy Zumalave. Nacido en 1903, tenía el título de capitán de la Marina Mercante, pero trabajaba como oficial del Cabildo de Gran Canaria. Había sido masón en las logias Andamana en 1929 y fundador de Acacia, con el nombre simbólico de Lenin, alcanzando el grado 3º, pero se había dado de baja en 1932. También había militado en el Partido Federal, pero se pasó al Radical en 1933. Con esos antecedentes, poco podía temer cuando estalló la rebelión militar, pero fue suspendido de empleo y sueldo por la corporación insular, aunque su expediente se solventó favorablemente al conseguir que prominentes derechistas declararan a su favor. Restituido en el Cabildo, pidió la excedencia voluntaria y entró a trabajar en la empresa consignataria de Emilio Martinón como contable. Era todavía joven, estaba casado y tenía tres hijos.  

Pero, como Sísifo, la piedra cayó de nuevo y empezó otro calvario. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas le abrió un expediente por sus antecedentes masónicos y su antigua militancia en la izquierda federal (rollo 352/1939). El expediente se inició el 18 de octubre de 1939 y las cosas se precipitaron en los meses siguientes. Poco le quedaba de vida. El instructor le llama a declarar para que se defienda de los cargos y acude al juzgado el 9 del siguiente mes, explicando lo ya sabido, que se dio de baja de la masonería y que aquel 18 de julio había acudido al trabajo y no secundó las llamadas a la huelga general. En plenas vacaciones de Navidad, el 27 de diciembre, murió en su casa de la calle Pedro de Vera 37. Un certificado solicitado por el fiscal al Registro Civil de Las Palmas no aclara las circunstancias que ocasionaron su deceso, solo dice que murió sin otorgar testamento. Contaba con 36 años. Pero la inexorable justicia franquista no paró ahí. El instructor no vio motivos para su condena, pero el Tribunal sí los vio y sus herederos fueron condenados a pagar 100 pesetas. Estos no abonaron la sanción y el caso fue sobreseído años después. ¿Víctima de la represión? Sea cual sea la causa de su muerte, no hay duda. 

Los concejales del Frente Popular del Ayuntamiento de Realejo Alto (Tenerife) van a ser objeto de una dura represión. Casi todos habían pasado por cárceles y campos de concentración en 1936, pero en 1939, de los 15 señalados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas (rollo 58/1939) para su correspondiente sanción, tres de ellos ya no viven: Pedro Rodríguez de la Sierra Suárez, concejal en representación de Unión Republicana, no había sido detenido y lo movilizaron en su reemplazo para luchar con las tropas de Franco. Falleció en el frente de Cataluña el 16 de octubre de 1938, cuando ya estaba acabando la famosa Batalla del Ebro. Su cadáver fue sepultado en la localidad de Benarre (Navarra); José Díaz Gutiérrez, de 55 años, mecánico, natural de San Fernando (Cádiz), sí fue detenido, pero según su certificado de defunción se le declaró un cáncer de pulmón y falleció en el Hospital Militar de La Orotava el 10 de julio de 1937.  

El caso más sospechoso es del jornalero Antonio García Hernández, de 38 años, casado y con cuatro hijos, miembro del Partido Socialista de Realejo Alto, quien fue detenido al inicio de la rebelión y falleció ese mismo año. El certificado de defunción dice que «falleció en el depósito municipal el 18 de noviembre de 1936 a las 4 horas a consecuencia de colapso». Bueno, al acta no dice mucho, un colapso puede sobrevenir por muchas causas, el que haya ocurrido en la cárcel del municipio es lo más sospechoso. Un informe de la Guardia civil de Puerto de la Cruz, fechado el 7 de agosto de 1939, puede ser la clave para su trágico desenlace: «elemento muy exaltado de extrema izquierda partidario de procedimientos violentos...». 

Cuando el Tribunal Regional de Responsabilidades políticas ordenó la incoación de un expediente a la lagunera Isabel Tabares Tabares (rollo 2.152), en los primeros meses de 1942, hacía un año que esta había fallecido cuando contaba con 43 años. Su actividad política durante la República fue ingente. De profesión tabaquera y soltera, tuvo importantes cargos en la dirección del Sindicato de Tabacos adscrito a la CNT. Fue visesecretaria entre 1931 y 1934 y vicetesorera en 1936. Un informe de la Guardia civil decía que «su conducta dejaba mucho que desear», puesto que en las huelgas «alentaba a las masas para proceder con violencia contra los patronos».

Tabares fue detenida al inicio de la rebelión militar, aunque no se le acusó de nada y permaneció como presa gubernativa hasta que pidió ser canjeada en 1938 por prisioneros en manos de los republicanos. Sin embargo, no pudo hacerse el intercambio y permaneció un tiempo en la cárcel de Azpeitia (Guipuzcoa). Volvió a Tenerife y fue liberada en 1940. Ya muchos de sus camaradas habían sido asesinados, lo que quedaba era un inmenso desierto de miedo popular y desprecio oficial. El 17 de abril de 1941, justo un año y un día de su puesta en libertad, falleció en su casa, aunque en el certificado de defunción no aclara las causas. ¿Víctima de la represión? Tampoco hay dudas. 

Los casos expuestos son un pequeño botón de muestra de aquellos republicanos y republicanas que, directa o indirectamente, fallecieron a consecuencia de las duras condiciones a las que estuvieron sometidos por las autoridades militares, y, por tanto, deben ser considerados como víctimas del franquismo.

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