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Opinión | Retiro lo escrito

Cinismo y cancaburradas

Declaraciones de Oswaldo Betancort tras suspender el pleno y retirar la moción sobre Pedro Sánchez

Declaraciones de Oswaldo Betancort tras suspender el pleno y retirar la moción sobre Pedro Sánchez

El Partido Popular de Lanzarote sufre una eripsela terrible porque todo indica que el presidente Pedro Sánchez está decidido a pasar unos días, como en años anteriores, en la residencia oficial de La Mareta, unas instalaciones –no particularmente ostentosas– que se levantan en Teguise y forman parte del Patrimonio Nacional. Desde principios de los años noventa han frecuentado La Mareta una veintena de personalidades políticas y ahí han pasado sus vacaciones otros presidentes como José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero. Pero es que ahora se trata de Perro Sánchez y eso no están dispuesto a tolerarlo el PP conejero. En un gesto ridículo, una patochada grotesca, presentaron una moción en el Cabildo de Lanzarote –donde Coalición gobierna con el PP– para declarar a Sánchez persona non grata en la isla. Al parecer no puede pisar Lanzarote «un presidente acosado por la corrupción», lo cual no deja de ser casi divertido si se recuerda a historia política de Lanzarote. El ayuntamiento de Teguise –donde también gobiernan mancomunadamente coalicioneros y conservadores– admitió y respaldó que Dimas Martín ofreciera el pasado año el pregón de las fiestas de Los Valles, aprovechando un permiso penitenciario, porque el viejo fundador del PIL, encarnación histórica de la corrupción criminal en la isla, sigue enchironado en la cárcel de Tahíche.

Como sin duda conoce el amable lector, la presidenta del PP de Lanzarote es doña Astrid Pérez, que no ha considerado necesario dimitir de tal eximia responsabilidad para asumir la Presidencia del Parlamento de Canarias, que ocupa hace dos años ya. Como siempre ocurre en nuestras ínsulas baratarias, siempre se pueden encontrar antecedentes de las mayores cancaburradas. Hace unos treinta años, en uno de los pactos entre CC y PP, el entonces líder de la derecha aznarista en Canarias, José Miguel Bravo de Laguna, se empecinó en ser presidente de la Cámara regional. Por supuesto, sin dimitir como presidente del PP canario. Y se toleró por todo el mundo la intolerable bicefalia, aunque debe reconocerse que Bravo de Laguna era un buen jurista, se sabía perfectamente el reglamento de la Cámara y lo solía interpretar y aplicar con tino: una situación sustancialmente distinta a la de hoy. Sin embargo, este antecedente no disculpa ni justifica que la señora Astrid Pérez siga ostentando la dirección de su partido en Lanzarote. La imparcialidad constituye un principio rector fundamental que debe guiar sistemáticamente y sin falta toda la actuación del presidente o presidenta de una asamblea parlamentaria. Sobre Pérez recae la representación institucional del Parlamento. Es la segunda autoridad de la Comunidad autónoma, tras el presidente del Gobierno. No se trata de ringorrangos protocolarios: Pérez encarna, o debe encarnar, la dignidad del poder legislativo. Por todo ello es delirante que la presidenta de la Cámara promueva o autorice a su organización política una moción para declarar persona non grata al presidente del Gobierno español.

Lo ya definitivamente descacharrante es que el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, un gestor juicioso y solvente, llevó la supuesta moción a los servicios jurídicos, que expusieron en un informe contundente su sinsentido técnico y su nula virtualidad. La reacción de los de Pérez ha sido histérica. Han amenazado con querellarse contra Betancort, quien finalmente suspendió el pleno de la corporación previsto para ayer para intentar rebajar la tensión con sus socios gamberros. Es asombroso, pero desde la calle Teobaldo Power, sede tinerfeña del Parlamento, se ha estado maniobrando en los últimos días para aprobar una moción contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, en el Cabildo conejero. Todo este disparate solo podía ocurrir aquí, eterno jardín siempre en flor, donde las reglas más básicas –que por supuesto no están siempre escritas– de una democracia parlamentaria no vale prácticamente nada. Y luego la gente critica porque no sabe exactamente cuánto gana la presidenta del Parlamento. Cualquier cifra sería exigua para todo lo que trabaja, porfía y se le ocurre dentro o fuera de su despacho.

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