Apropiación indebida

En el muy visitado portal Idealista ya están anunciadas y a la venta los apartamentos y villas de lujo del proyecto inmobiliario Cuna del Alma. Según entiende un meatintas como yo, la vivienda más barata son los beach apartaments de una habitación, que disponen de una piscina privada climatizada, un placer al precio de 680.000 euros la unidad. La siguiente categoría son las Casitas (1.500.000 euros me cuentan) «totalmente integradas en los acantilados de rocas naturales» (sic) y el máximo esplendor lo alcanza las Valley Villas, dos millones y pico de euros de nada, que contarán no solo con una piscina natural por unidad, sino con un hermoso jardín particular y los máximos servicios hoteleros. Todos estos paradisiacos habitáculos contarán con espacios comunes (piscinas, gym, centro de deportes acuáticos, club de playa, huerto holístico y otras trapisondas) que proporcionan una idea de la mensualidad que los propietarios tendrán que abonar en concepto de gastos de comunidad. «Deberán apencar más de cuatrocientos euros, quizás quinientos, para el mantenimiento de la mayoría de esas instalaciones», me cuenta mi fuente, como es obvio un representante del más salvaje resentimiento social. A todo esto debe sumarse el hotel. ¿No se habrán olvidado del hotel, no es cierto? Son unas 300 plazas más o menos de cinco estrellas y un cometa. Si uno se fija bien en las fotos que difunden los promotores, desde las villas millonarias se puede apreciar el efecto principal de todo el proyecto: una privatización de facto de la playa del puertito de Adeje.

Y esta es la clave central, el principal argumento por el cual la mayoría de la ciudadanía, incluido un servidor, rechaza el proyecto de Cuna del Alma y lo consideran –lo consideramos –una desgracia intolerable, un abuso privatizador sobre el territorio, la crónica desdichada de una apropiación indebida. A mí, si les soy sincero, no se me rompe el alma por las viborinas. A mí sí me indigna el allanamiento –y parcial destrucción– de restos arqueológicos. ¿Cómo estos individuos pueden meter sus elegantes pezuñas ahí y siguen sin pagar una miserable multa? Pero lo que está en juego es algo más inmediato y elemental: la explotación privilegiada de un recurso natural en un país territorialmente fragmentario y exprimido. Y no se trata de una privatización temporal y reversible del espacio público, como suponen en ciudades turísticas y en capitales las terrazas de bares y restaurantes que invaden avenidas, calles y plazas. Nuestro territorio –habrá que repetirlo durante el resto del siglo– es limitado y frágil y, sin embargo, la demografía se ha disparado en el último medio siglo. En Tenerife somos 475 personas por kilómetro cuadrado. Entre residentes y visitantes alrededor de un millón de personas –en verano son más aún– hormiguean cada día en poco más de mil kilómetros cuadrados (el resto son parques nacionales, monumentos y reservas naturales, paisajes protegidos en una orografía irregular y accidentada). Estamos colmatados, sufrimos crecientes y complejos problemas de movilidad, no se ha resuelto aún satisfactoriamente la gestión de aguas residuales, nuestro consumo eléctrico se ha disparado, y aun así, son aprobados, bendecidos y enaltecido por los poderes públicos (empezando por el ayuntamiento de Adeje) proyectos como Cuna del Alma, por el que un grupo de promotores hoteleros y millonarios europeos se harán con una playa para su uso y disfrute. Una playa que en los años anteriores, por cierto, ha estado miserablemente abandonada por el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga y sus conmilitones.

Es harto dudoso que se pueda detener el proyecto Cuna del Alma. Está previsto que en la primavera de 2028 esté finalizado y se entreguen las llaves a los propietarios; el hotel se inaugurará pocos meses después. Sea como sea se debe insistir (es el objetivo estratégico) en reformas legislativas que garanticen que, a partir de cierto nivel de inversión y afección del territorio, las exigencias de control sean mayores, la información pública, desde un primer momento, más amplia y detallada, y que la participación de la sociedad civil tenga un cauce normativo más directo, y dotado de mayor capacidad de fiscalización y denuncia administrativa.

Suscríbete para seguir leyendo