La libertad de expresión y sus enemigos

Asistimos a una degradación de todos y cada uno de los elementos básicos y esenciales que configuran el constitucionalismo y el modelo de libertades que tanto ha costado construir y apuntalar. Cada vez existe una mayor concentración de poder y se resquebraja la separación de poderes. El modelo democrático representativo se encuentra en entredicho de forma cada vez superior. Los discursos se tornan más radicales y extremistas. La Administración de Justicia que garantiza el Estado de Derecho no cuenta con los medios adecuados para atender a tan importante función y servicio público. Y, en lo referente a la efectividad y garantía de los Derechos Fundamentales, los recortes y ataques aumentan de manera evidente. Tal vez no se manifieste de manera perceptible en el día a día, pero, analizando en perspectiva su evolución en la última década, no cabe duda de que se ha perdido aquel rumbo que se trazó al proclamar el Estado Social y Democrático de Derecho.

La libertad de expresión y la libertad de prensa, esenciales ambas para la salud y la supervivencia de un sistema constitucionalista basado en el control al poder y en la sociedad libre, padecen muy especialmente esta situación. El Presidente de los Estados Unidos de América no esconde su intención de controlar y censurar cuanto se pueda decir y publicar. Ha amenazado abiertamente con retirar los permisos de emisión a los canales que le critiquen, porque, según él, aquellos que poseen licencia no están autorizados a ir en su contra. Sus palabras literales, pronunciadas a bordo del avión presidencial Air Force One tras un viaje al Reino Unido, fueron: "Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97% en mi contra. Un 97% negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete Estados clave [se refería a las Presidenciales]. Si están un 97% en mi contra, solo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso".

Uno de los ejemplos más paradigmáticos se ha centrado en la suspensión del programa nocturno de entrevistas de Jimmy Kimmel, en antena desde el año 2003, por una decisión de la cadena ABC (controlada por la factoría Disney) tras la presión de la Comisión Federal de Comunicaciones y de la propia Casa Blanca, como consecuencia de unos comentarios sobre el reciente asesinato de Charlie Kirk, joven político muy cercano a Donald Trump. Con independencia de considerar afortunadas o desafortunadas las manifestaciones del popular cómico e, incluso, reconociendo la libertad de los herederos de Kirk para ejercitar las demandas que estimen oportunas contra el comunicador, la pretensión de silenciarle y de prohibir su espacio televisivo refleja la intención que, en el fondo, muestran quienes rezuman un ansia intolerante y despótica: difundir únicamente un tipo de mensaje y divulgar pensamientos acordes con quien ostenta el poder.

La libertad propia de un sistema constitucional y, en concreto, la libertad de expresión, implica necesariamente permitir que se pronuncien ideas y opiniones que no sean del agrado de todo el mundo. Como diría el famoso magistrado estadounidense Robert Jackson, "el precio de la libertad de expresión es aguantar una gran cantidad de basura". Existe otra frase, comúnmente atribuida a Voltaire aunque realmente pertenezca a Evelyn Beatrice Hall: "Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo". Esa es la esencia de la libertad en una sociedad madura y crítica. La voluntad de que sólo quepa expresar y difundir un tipo de pensamiento acorde con el propio o con el del poder, constituye lo opuesto al espíritu y a la esencia de un modelo democrático.

Obviamente, no estoy defendiendo cualquier manifestación realizada con impunidad. De ahí que los delitos de injurias y calumnias, o las acciones judiciales destinadas a proteger los derechos al honor y a la intimidad, se recojan en los ordenamientos jurídicos. Denuncio la peligrosa tendencia a que el poder imponga una línea de pensamiento, a que la censura se acepte como normal para desterrar las ideas que no agradan o se juzgan erróneas, y a que la vía de acallar bocas, cerrar medios de comunicación y retirar licencias de emisión a las cadenas críticas se considere aceptable en un sistema cuya Constitución tiene como finalidad controlar y limitar el poder, y reconocer y garantizar a los ciudadanos sus derechos y libertades.

No niego que determinados mensajes puedan calificarse como ofensivos o molestos, pero ahí radica la madurez democrática de una sociedad y la tolerancia que se presume de un Estado Social y Democrático de Derecho. Yo no pienso que la tierra sea plana, pero me opondré a que sancionen y castiguen a quien lo defienda. Tal vez me sitúe a años luz de una determinada ideología, pero me negaré a que se la persiga o silencie. Entenderé desacertadas diversas líneas de humor o de creatividad literaria, pero no admitiré que se prohíban. Esas deben ser las reglas del juego si no queremos aproximarnos a un modelo dictatorial o autoritario.

El Tribunal Constitucional español, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han reiterado que el derecho a la libertad de expresión es válido, no sólo para las informaciones o ideas favorablemente recibidas, o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Sin estas demandas de pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura no existen sociedades democráticas. Por ello, al margen de que un mensaje, comentario, programa o expresión reflejen pésimo gusto y educación, incluso ofensivos para una ideología o pensamiento, cabrá la crítica o el cambio de canal, pero no se podrá impedir su grado de sarcasmo, ironía o desagrado.

La deriva se torna ya muy peligrosa y sorprendente en el primer país del mundo que aprobó una Constitución. Las prohibiciones de libros crecen hasta niveles preocupantes. En el curso escolar 2023/2024, los títulos vetados pasaron de 3.362 a más de 10.000, según PEN América, una organización que defiende los derechos humanos y la libertad de expresión, con foco en el acceso a la literatura. A la cabeza de las restricciones se encuentran Florida y Iowa, con alrededor de 8.000.

No obstante, pese a que he centrado mi artículo en la desalentadora situación en Norteamérica, la degradación a la que aludo afecta a numerosos países. Por supuesto, también a España. Como dijo Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1916 a 1939, "si no venimos en la defensa de los derechos de la libertad de expresión de quienes son los más impopulares entre nosotros, aun cuando sus puntos de vista sean la antítesis de la misma libertad que está amparada por la Primera Enmienda, no estaría segura la libertad de ninguno". La referencia a la Primera Enmienda se halla motivada por ser en esa parte de la Constitución de los Estados Unidos donde se proclama la libertad de expresión. Así se empieza, pero, para cuando nos queramos dar cuenta, nuestra libertad no estará asegurada. Por ello, ya debemos sentirnos muy preocupados.

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