Trenes de largo recorrido

La movilidad y el transporte han sido dos de los grandes asuntos del debate público y de la actuación de las administraciones desde hace décadas en las Islas Canarias, siendo determinantes también en las relaciones entre Canarias y el Estado. Sigue siendo hoy una de las batallas abiertas desde el Archipiélago para el reconocimiento de sus singularidades y necesidades en esta materia.

En el nuevo marco de lucha contra el cambio climático y la transición energética, el reto de una movilidad sostenible se confirma como objetivo imprescindible en toda la política de transporte y comunicaciones por tierra, mar y aire. Canarias lleva tiempo planteando medidas en esta línea, tanto con leyes autonómicas como en la normativa estatal y europea, buscando que se reconozcan sus circunstancias especiales.

Esto es lo que se ha tratado de reflejar en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, que el pasado miércoles logró salir adelante in extremis gracias a un pacto entre el Gobierno y Podemos. En la nueva norma, aún pendiente del Senado, se incluyen medidas con impacto en Canarias, como la financiación de proyectos ferroviarios en Tenerife y Gran Canaria, pactadas entre CC y PSOE.

Una mirada al pasado sobre la histórica lucha por un trato diferenciado para Canarias nos remonta a la reforma del REF de 1994, y a las sucesivas negociaciones para incrementar la subvención al transporte, especialmente en el billete aéreo. Aunque entonces no se vinculaba al medio ambiente, ya era una demanda clave para garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo respecto al resto del Estado.

Uno de los grandes logros ha sido el aumento progresivo de la subvención al transporte aéreo y marítimo de pasajeros, del 33% en 1994 al 75% actual, alcanzado en 2018. A la par, se han reclamado otras medidas de movilidad, como el convenio de carreteras, que ha requerido años de disputas y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2012 a favor de Canarias.

Desde hace casi tres décadas, Canarias defiende también la implantación de trenes eléctricos que conecten el sur de Tenerife y Gran Canaria con sus capitales. Con un coste estimado de 4.000 millones de euros, los cabildos insulares lideran ahora el impulso para lograr financiación estatal, y el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mostrado su disposición a firmar convenios para asegurar la inversión.

Este avance ha sido uno de los logros canarios en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, al quedar anclada en la norma la obligación del Estado de firmar y financiar dichos convenios, aunque su aplicación práctica dependerá de los futuros presupuestos generales del Estado. Para incluir estas medidas fue necesario un acuerdo político entre Gobierno de Canarias, cabildos y el Ministerio de Transportes, con enmiendas entre CC y PSOE.

Las condiciones finales sobre duración de los convenios y el porcentaje de participación estatal son menos concretas de lo deseado, pero representan un paso decisivo para garantizar la inversión. No obstante, aún se necesita dotación presupuestaria para comenzar, y los 300 millones de euros iniciales para 2026 no tienen garantizado su respaldo ante la actual fragilidad parlamentaria del Ejecutivo central.

A pesar de ello, con o sin presupuestos en 2026, los proyectos ferroviarios canarios toman impulso gracias al respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados, aunque con el voto en contra del PP y Vox. El camino será largo, pero el compromiso institucional es un primer gran paso.

Además de estas medidas específicas, la ley contempla actuaciones generales aplicables a todo el país, junto a ajustes normativos que obligan a tener en cuenta la realidad de los territorios extrapeninsulares como Canarias. También se incluye una partida de 120 millones de euros para mantener la gratuidad del transporte público terrestre (guaguas).

Los populares, una vez más, tendrán que explicar en Canarias el rechazo de sus dirigentes en Madrid a medidas claramente beneficiosas para las Islas, exigidas por un Gobierno regional del que el propio PP forma parte.