Opinión | Observatorio
Javier Sánchez-Simón Muñoz
La planta de gas: no creo que cambiemos jamás

A la izquierda, la parcela del Puerto de Las Palmas donde se pretendía construir la planta de gas. / Andrés Cruz
Desde el primer momento me opuse de manera absoluta a que hubiera una Planta de regasificación en el Puerto de La Luz y desde luego, la evaluación medioambiental me resulta clara y evidente.
Podría dejar mi comentario en ese único párrafo, pero creo que debe servir ese Proyecto para una reflexión un poco más importante y algo más extensa.
Normalmente los Proyectos de infraestructuras provienen de una iniciativa empresarial que suele desconfiar de las Administraciones Públicas o de una elucubración de un administrador público que viene convencido por alguien que se va a llevar pingues beneficios, aunque no se ejecute el proyecto y que no va a arriesgarse en nada, al no poner absolutamente nada.
Los administradores públicos suelen ser limitados en todos los sentidos, o con niveles de convicción interesados. Hay excepciones a estas situaciones, normalmente fruto de la falta de planificación de Administradores anteriores ya que tienen que resolver problemas ya creados.
¿Cuáles son las causas de esta situación, aparte de la natural codicia humana? Da para mucho, pero vamos a resumir.
La primera es una regulación muy deficiente de las posibilidades de inversión. La planificación territorial es mala, no se actualiza y no prevé la cobertura de necesidades. Volvamos a la planta de gas, no existe en la planificación insular ningún espacio para su ubicación, se tomó en consideración situarla en el Puerto de La Luz por una razón muy sencilla, si es actividad portuaria, tiene encaje, se ampara en el planeamiento especial del Puerto. Se considera como única alternativa cuando lo normal es que no este tan cerca de la población.
Como viene tocado de lo primero, lo segundo lo agrava, deja a criterio del administrador publico, normalmente bastante arbitrario, para que tome la decisión. Se apoyara en «informes técnicos» nunca suficientemente independientes. Cuando se acude a los informes realmente independientes, como ha sido el caso, suelen caer esos proyectos.
Los administradores públicos confían en las campañas de comunicación que encargan, como si la opinión pública se fiara solamente de esto. En este punto podría ser hasta cruel.
Confiar en influencers decisiones que pueden afectar al bienestar de la gente, en «colaboradores» divulgadores interesados, en un power point bien realizado, decisiones irreversibles, y no entender aspectos de Responsabilidad Social Corporativa (hay demasiados administradores públicos que no entienden esas palabras), o escuchar a los sectores o vecinos, tiene delito. En el caso de la planta de gas estuvo claro, se confió en la campaña de divulgación sin escuchar a los vecinos y desmontado el sistema de evaluación de Responsabilidad Social Corporativa que existía en el Puerto de La Luz que en su día se manifestó de manera desfavorable a esa planta. Los proyectos suelen ser incompletos, es decir, obliga a las administraciones públicas la ejecución de obras complementarias lógicas, necesarias, imprescindibles. En definitiva con dinero público se suelen mejorar las cuentas de los promotores privados. Este punto no es imprescindible, pero si vamos a pagar todos las limitaciones de otros, es imprescindible en mi opinión saber por qué se considera de interés general. Me gusta saber qué se hace con mi dinero.
No suele hacerse una evaluación coste/beneficio social de los proyectos de inversión. Este es un problema importante porque no se explica que los perjuicios que puede representar la ejecución de inversiones están más que compensados con el benéfico social que se obtiene.
En definitiva, es un tanto desastre todo esto, las cosas que se hacen mal no solo encierran un final desastroso, sino algo más importante, la pérdida de inversiones que realmente pudieran interesar a la colectividad. Podemos hablar del tren o de otras cosas.
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