Implosión electoral autonómica

Antes, en los tiempos de la normalidad inadvertida, en la que vivíamos como peces en una pecera, los calendarios electorales eran estables. Sobre todo en los territorios autonómicos. En La Moncloa los presidentes tenían la potestad de pulsar el botón de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Una ventaja estratégica que gestionaron con mejor o peor fortuna. Pero salvo en Cataluña, el País Vasco y Andalucía todas las demás comunidades acudían sin prisa pero sin pausas a elecciones cada cuatro años. Eso se ha acabado. La mayoría de los estatutos de autonomía han incorporado la capacidad presidencial para convocar elecciones anticipadas. Ya lo hizo Isabel Díaz Ayuso con un impresionante triunfo electoral que le concedió una amplia mayoría absoluta. El próximo diciembre se celebrarán elecciones anticipadas en Extremadura por decisión de su presidenta, María Guardiola. En la comunidad de Castilla-León Alfonso Fernández Mañueco ha optado por convocarlas para marzo. Y en Aragón Jorge Azcón duda si llamar a sus conciudadanos a las urnas. En los tres casos el motivo es el mismo: Vox, socio inicial de los tres presidentes conservadores, ha roto relaciones con el PP y se niega a apoyar los presupuestos para 2025. La estrategia de la ultraderecha se basa en un desgaste sistemático e incondicional. No le interesa aplicar un programa y gobernar. En realidad Vox no cuenta con un programa ni en Extremadura, ni en Castilla y León, ni en Aragón ni en Canarias. Vox lo que tiene es un paquete de medidas de naturaleza cultural e ideológica que no negocian, sino que imponen si quieres negociar lo importante: las poltronas. Vox no quiere gobernar las comunidades mencionadas, sino reventar al Partido Popular, llevarlo a la inacción y al fracaso, y luego crecer electoralmente acusándoles de fracaso e inacción. Por eso se largaron de las comunidades autonómicas al cabo de un año de incongruencias, traspiés y payasadas. A esto debe sumarse la muy alta probabilidad de elecciones en Valencia durante el primer semestre de 2026 para deshacerse del pútrido cadáver de Carlos Mazón, al que han permitido deambular como un zombi durante todo un año de vileza y desvergüenza.

Para la dirección del Partido Popular sería un golpe tremebundo que la ultraderecha creciera en los comicios autonómicos que se avecinan y consolidara la situación de bloqueo político en los gobiernos regionales. Lo más probable es que esas hostias electorales – que Pedro Sánchez disfrutaría comiendo cotufas – abriera una crisis en el liderazgo de Alberto Núñez Feijoo, agravada sin Juanma Moreno pierde a mayoría absoluta en Andalucía. El PSOE solo debe aguantar hasta el otoño de 2026 -- sería complejo y muy penoso, pero posible – para empatar técnicamente con la derecha o incluso ganar las elecciones. Le basta sacar siete, ocho escaños más para prescindir de Junts per Catalunya. Es un escenario bonancible que solo pueden arruinar los procesos e investigaciones judiciales en curso. En este contexto Canarias se mantiene como un espacio político de estabilidad difícilmente erosionable. Por supuesto, Fernando Clavijo no tiene ningún interés inmediato en adelantar las elecciones. Pero examinará a buen seguro todas las variables si Pedro Sánchez detecta una ventana de oportunidad en junio –coincidiendo con las andaluzas – o en otoño – después de certificar una debacle del PP en las diversas citas autonómicas y se inclina por las elecciones generales.

Se esta produciendo una centrifugación de los procesos electorales que terminará siendo básicamente negativo para los intereses de los ciudadanos. Estanos abocados a electoralizar todo el calendario político en una campaña infinita que prácticamente no tendrá descanso, mareados y mamados en un maldito carrusel de propaganda hecha confetti y de confetti reciclado en propaganda, con unas élites políticas manifiestamente mejorables más preocupadas en las encuestas demoscópicas y las estrategias de campaña que en esa ridículo antigualla que era (no sé si lo recuerdan) gestionar los intereses públicos.

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