Ilegalidad y dignidad

Fue asombrosa la imprudencia de Ángel Víctor Torres a la hora de convertirse en el pagador de Víctor Aldama et alii y por tanto de su comisionista, Koldo García. Pero ahora uno lo va entendiendo. Porque en realidad da exactamente igual, como demuestran las declaraciones de ayer del ministro de Política Territorial.

Lo que debemos compartir no solo con resignación, sino con fervor, es que uno puede colaborar con una trama para vampirizar fondos públicos durante una emergencia sanitaria excepcionalmente grave desde una seráfica inocencia. Si no te has metido un euro en el bolsillo y no hay rastro de prostitutas (viene a decir Torres) tu comportamiento ha sido intachable, se acabó lo que se daba, circulen, circulen que aquí no tienen nada que juronear.

La metodología exculpatoria de Torres es rudimentaria pese a su aparente contundencia. Consiste en rechazar enfáticamente las acusaciones de Aldama, los dirigentes más deslenguados del PP y los medios más recalcitrantemente antisanchistas, para no ofrecer explicaciones de sus conversaciones y mensajes recogidas en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Son conversaciones y mensajes escandalosos porque vemos e incluso podemos escuchar al entonces presidente del Gobierno persiguiendo como un perro perdiguero el expediente de Soluciones de Gestión mientras los funcionarios técnicos intentan que se cumplan unos mínimos requisitos de legalidad.

Como han podido ustedes leer, en un momento dado Torres pierde los nervios y expectora barbaridades sépticas, no se sabe si refiriéndose a un director general o a una funcionaria del Servicio Canario de Salud. Quiere que se pague ya a los recomendados de Koldo, que se les haga la transferencia inmediatamente; incluso cuando está a punto de hacerse, le asegura a su interlocutor que investigará quién está dificultando las cosas, poniendo palos en las ruedas de su presidencial voluntad.

¿Protagonizó Torres un comportamiento similar en algún otro expediente de compra de material sanitario durante la pandemia? ¿Fue la suya una forma razonable, respetable, tolerable de actuar como máximo cargo público de Canarias? No, no hay nada delictivo en lo descrito. Pero es inequívocamente indigno.

No sé si es peor ufanarse por no ser un delincuente –como si evitar robar constituyera un mérito y no un deber elemental– o mostrar una perfecta indiferencia por ser un mentiroso.

El informe de la UCO no demuestra que Torres haya cometido un ilícito penal, simplemente detalla un conjunto de relaciones, acciones y decisiones del entonces presidente del Gobierno que ameritan su responsabilidad política en las relaciones mercantiles entre el SCS y Soluciones de Gestión, la empresa pirática que consiguió sus mejores resultados económicos en Canarias.

Si a esto se le suman los cuatro millones de euros estafados por la empresa RR7 United al Ejecutivo por mascarillas inservibles o no entregadas, se deshace ese hermoso autorretrato de un Torres capitaneando la mejor gestión sanitaria de la pandemia de toda España y quizás del resto del Hemisferio Norte.

La historia del PSOE está trufada de ministros y altos cargos que dimitieron sin estar imputados en algún procedimiento judicial: Alfonso Guerra, Julián García Valverde, José Luis Corcuera, Carlos Solchaga, Narcís Serra, Julián García Vargas. Incluso recuerdo uno, Mariano Fernández Bermejo, que presentó su dimisión por asistir a una cacería en la que coincidió con Baltasar Garzón.

También en los gobiernos de José María Aznar se produjeron dimisiones desconectadas de hechos delictivos. Después no. Después se extendió la firme convicción de que usar y abusar de una patente de corso ilimitada no tenía un costo político-electoral demasiado oneroso.

Que puedes vacilarte de la gente sin problemas. Que puedes mentir, falsear y enredar sin consecuencias. Que puedes exigir disculpas al Universo, pero jamás pedir perdón por tu colaboración indecorosa a los ciudadanos.

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