Elecciones y lo que vendrá

Ayer la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, sentenció la ruptura definitiva de los puigdemoniacos con Pedro Sánchez. No van a apoyar ni una sola ley, ni un miserable reglamento. Noguera anunció el veto tanto a las 21 leyes que ya están en comisión (como la llamada ley Bolaños) como a los 25 textos normativos que no han empezado su tramitación parlamentaria. No es que JxC pida algo concreto para levantar su obstrucción. Es una decisión estratégica ya tomada que no reconsiderarán. Porque quieren elecciones generales pero, por supuesto, sin forzarlas a través de una moción de censura en la que tendrían que confluir con el PP y Vox. Pretenden que el Gobierno reconozca su impotencia política y legislativa y no pueda estirar más el chicle que Pedro Sánchez y los suyos llevan remasticando desde hace dos años.

El resistencialismo sanchista ha dado para mucho desde la moción de censura que descabalgó del poder a Mariano Rajoy. El secretario general del PSOE ha convertido al partido en un trapo en el que lo mismo se suena la nariz como se limpia el trasero. Reducido a una condición meramente instrumental, anulado fieramente cualquier conato de autonomía y pluralismo interno, el PSOE se ha puesto a disposición de un cesarismo que no tiene otro fin que la ocupación del poder y la más amplia cooptación institucional. Las principales armas de Sánchez han sido la audacia y la falta de escrúpulos. La crisis económica de 2008 –de origen financiero pero de efectos estructurales– y el cuestionamiento del establishment político por las protestas de mayo de 2011 dejó claro a quien lo quisiera ver que el PSOE se enfrentaba con grandes dificultades para volver a ser un partido cuasihegemónico, como en los años ochenta y principios de los noventa. Como Podemos obtuvo sus grandes éxitos electorales de 2015 2016, en buena medida, captando voto socialista, no había manera de afianzar una mayoría absoluta progresista. La solución la señaló Pablo Iglesias: articular a través de pactos una mayoría en el Congreso de los Diputados con los nacionalismos independentistas de Cataluña y País Vasco que jamás apoyarían a la derecha española. Así se podría arrinconar al PP en la oposición durante una generación. Para Iglesias era una fórmula para implosionar el sistema constitucional y construir una república de izquierdas y confederal. Para Sánchez, simplemente, una metodología para seguir en La Moncloa. Para el líder de Podemos conseguir materializar un proceso destituyente era el objetivo estratégico, para el presidente del Gobierno se asumía como el precio a pagar –bailando una zarabanda de precauciones y concesiones– por continuar siéndolo, como demostró la amnistía a los máximos implicados en la intentona secesionista de 2017.

La tentación de empecinarse en un gobierno zombificado es muy alta, pero no puede sostenerse hasta 2027. Habrá elecciones generales el próximo año. Quizás en coincidencia con las andaluzas. Porque sin presupuestos generales ni una mayoría parlamentaria estable y con capacidad legislativa simplemente pierdes toda legitimidad democrática. Finalmente son mayores los costes electorales si no convocas a las urnas. Lo preocupante no es eso, ciertamente, sino lo que previsiblemente llegará después. Un mapa político todavía más fragmentado y un país ingobernable sin el apoyo extorsionador de la extrema derecha que será el penúltimo paso hacia una crisis constitucional. Por eso después de las elecciones lo único sensato sería un Gobierno de concentración del PSOE y el PP con el concurso de nacionalismos pragmáticos como el PNV, Coalición Canaria o la Chunta con un programa de mínimos para dos años: reformas constitucionales, estructura territorial del Estado y financiación autonómica, programa de construcción de vivienda pública, reforma del sistema de pensiones… Sí, ya lo sé. Es inimaginable. Pero es lo que suele ocurrir cuando tienes una última posibilidad antes de que todo vuele por los aires: que no hay nadie dispuesto a imaginarla.

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