Emergencia en Canarias

En los últimos años prolifera en Canarias la declaración de situaciones de emergencia por parte de las administraciones públicas municipales, insulares y autonómicas. Existe una emergencia habitacional para hacer frente a la falta de vivienda. Está la migratoria, como consecuencia del colapso de la red de acogida a menores llegados en patera. La hidrológica por los problemas en el abastecimiento de agua que sufren municipios, comarcas o islas enteras. La energética debida a la endeblez del sistema que debe garantizar el suministro de electricidad a nuestras casas y empresas. La climática para agilizar la implantación de las energías renovables. Y la tecnológica a raíz del fallo telemático que produjo la caída de más de 1.200 servidores virtuales de la Comunidad Autónoma destinados a favorecer las relaciones administrativas entre las consejerías y la ciudadanía.

Si seis emergencias eran pocas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acude ahora a un contrato de emergencia para atajar la situación en la que se encuentra la limpieza, más bien la falta de ella, en la ciudad. Esta séptima emergencia, casi sanitaria o de salud pública por la falta de limpieza, conecta sus raíces en el hecho de que hace casi una década los responsables del área queriendo o sin querer desmantelaron el servicio con el elogiable afán de que los puestos de trabajo los ocupara gente necesitada. El expediente se tramitó de forma tan chapucera que los tribunales lo tumbaron y de aquellos barros estos lodos. La limpieza de la ciudad no ha levantado cabeza pese a los intensos boca a boca y masajes cardiacos que se le han intentado aplicar. Por muy de izquierdas que se sea o se pretenda querer ser es lo que tiene eso de llegar el primer día al vertedero de Salto del Negro sentada en el camión de la basura a lo Robert Redford en Brubaker, pero sin idea de cómo hacer las cosas en el ámbito público. Por muy buena intención que se tenga.

Menos controles

Todas las actuales declaraciones de emergencia también parecen tener en común una pretensión loable. Atajar cuanto antes el mal que se pretende erradicar. Lo que ocurre es que en la práctica estas situaciones de urgencia implican una relajación de los controles públicos sobre lo que se hace y, particularmente, sobre lo que se contrata. Es una costumbre a la que las administraciones públicas le cogieron el gusto durante la pandemia. Y lo cierto es que ya hemos visto lo que ocurre cuando se es laxo con las adjudicaciones de las compras de material sanitario, mascarillas en particular, aunque sea por imperiosa necesidad. 

El control de los contratos públicos es necesario por transparencia, eficacia, legalidad y uso responsable de los recursos públicos

El control de los contratos públicos es necesario por transparencia, eficacia y uso responsable de los recursos públicos. Las administraciones están obligadas a garantizar el uso adecuado de los fondos de todos. Ese dinero proviene de los impuestos que pagamos. Así que cada gasto debe ser necesario, razonable y beneficioso para la sociedad. Hay que evitar desperdicios o mala gestión.

Vulnerabilidad a la corrupción

Tampoco conviene olvidar que la contratación pública es una de las áreas más vulnerables a prácticas corruptas, sobornos o comisiones ilegales, adjudicaciones amañadas, facturación inflada o trabajos no ejecutados.

Resulta obvio que su control ayuda a detectar, sancionar y disuadir estas conductas. El control verifica que se respeten los procedimientos legales, que evitan favoritismos y discriminaciones. El hecho de que las obras, bienes o servicios contratados sean de interés general fortalece la confianza en las instituciones públicas.

 No se trata solo de evitar errores, sino también detectar deficiencias y proponer mejoras en la planificación, ejecución y evaluación de los contratos. La vigilancia garantiza que los recursos se usen de forma eficiente, transparente y conforme a la ley. Permite prevenir la corrupción, asegurar la calidad de obras y servicios, y promover la rendición de cuentas. Todo junto mejora la gestión pública. Sin empleo público cualificado eso es difícil de lograr.