El futuro del turismo extrahotelero

Desde 2009, la residencialización irregular y la falta de control en algunos complejos han provocado la desaparición de más de 77.000 plazas extrahoteleras y la pérdida de más de 12.000 puestos de trabajo, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y el grupo de investigación TIDES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Terrazas del paseo de Las Canteras. / ANDRES CRUZ

A lo largo de las últimas décadas, Canarias ha sido capaz de construir un modelo turístico que ha sabido combinar la iniciativa empresarial con la estabilidad y la calidad que demanda un destino maduro y competitivo. Dentro de ese modelo, la llamada unidad de explotación ha sido una herramienta eficaz para ordenar y profesionalizar la gestión de los complejos de apartamentos turísticos, asegurando que la experiencia de nuestros visitantes sea satisfactoria y los establecimientos mantengan un nivel de servicio acorde con la imagen internacional de las Islas.

La realidad es incontestable: sin la unidad de explotación, muchos complejos extrahoteleros habrían desaparecido. Este sistema permitió que inmuebles concebidos desde su construcción para uso turístico se gestionaran bajo criterios empresariales, garantizando la coordinación de servicios comunes esenciales (recepción, limpieza, piscinas, mantenimiento, zonas recreativas, personal cualificado) que son los que marcan la diferencia para disponer de alojamientos turísticos de calidad. Ha sido, en definitiva, una fórmula que ha beneficiado tanto a los gestores como a los propietarios individuales y al propio interés general. Una fórmula que, además, puede ser ejercida por los propietarios de los apartamentos de forma directa, sin recurrir a una empresa gestora.

Hoy, sin embargo, entendemos como lógico y razonable revisar las herramientas que han regido el sector durante las últimas décadas. Los tiempos cambian, la tecnología ha transformado la forma en que se comercializan los alojamientos y la demanda turística exige nuevas fórmulas, algunas de ellas asociadas con una mayor flexibilidad. Por eso, los empresarios del sector extrahotelero en la isla de Gran Canaria hemos dejado claro que compartimos la voluntad reformista expresada por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Entendemos que es necesario adaptar la normativa a la realidad actual, siempre que se mantenga un principio esencial: preservar la calidad y la sostenibilidad del destino. Eso, y que se adopten las garantías necesarias para evitar la litigiosidad en el sector, un peligro que atenaza la actividad y perjudica a todos los operadores implicados por igual. Pero, dadas esas premisas, vemos con buenos ojos la posibilidad de que los propietarios puedan comercializar de forma independiente sus apartamentos turísticos, siempre que se cumpla una condición básica de justicia y de coherencia económica: quien se beneficia de una actividad común debe contribuir proporcionalmente a los costes que la hacen posible. Eso lo consideramos innegociable por una razón sencilla: porque es lo mejor para el sector en su conjunto.

La actividad turística en un complejo de apartamentos no es gratuita ni automática. Implica gastos de personal, de mantenimiento, de suministros, de gestión comercial, de promoción y de cumplimiento normativo. Cuando un propietario decide ofrecer su unidad en el mercado, está participando en una actividad económica que depende directamente de la buena gestión del conjunto. Por tanto, es razonable y necesario que participe en el abono de los costes comunes que permiten esa explotación turística, en la parte alícuota que le corresponda. De lo contrario, y lo digo con todo respeto, pero también con toda claridad, estaríamos abriendo la puerta a una actividad económica parasitaria, en absoluto concernida por el interés general del sector y del destino.

Este principio que defendemos no se trata de una imposición ni de un privilegio empresarial, sino, todo lo contrario, de una regla elemental de equidad y corresponsabilidad. Si todos los operadores, ya sean empresas gestoras o propietarios individuales, se benefician de la buena reputación de un complejo bien gestionado, todos deben contribuir a mantenerlo. En cambio, cuando algunos se desentienden de esos costes, el resultado es inevitable: deterioro de las instalaciones, pérdida de calidad, descenso de los precios y, en consecuencia, pérdida de empleo y de competitividad. Es decir, lo opuesto a la defensa del interés general.

Los datos son elocuentes. Desde 2009, la residencialización irregular y la falta de control en algunos complejos han provocado la desaparición de más de 77.000 plazas extrahoteleras y la pérdida de más de 12.000 puestos de trabajo, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y el grupo de investigación TIDES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Son cifras que deberían servirnos de advertencia: cuando la gestión se fragmenta y se abandona el principio de corresponsabilidad, todos pierden. Además, esta situación afecta de forma directa a la conectividad aérea de Canarias. Los grandes touroperadores, que siguen desempeñando un papel esencial en la llegada de visitantes a las Islas, necesitan contratar bloques de plazas homogéneas dentro de un mismo complejo. Si los apartamentos se comercializan de manera dispersa y sin coordinación, desaparece esa oferta estructurada, y con ella surge la amenaza de una reducción de plazas aéreas para futuras temporadas. Es un efecto dominó que perjudica a toda la cadena de valor turística, desde el transporte hasta la restauración y el comercio local.

Otro riesgo asociado a la fragmentación es la residencialización progresiva de los complejos turísticos. Muchos empresarios aceptamos con normalidad que haya propietarios que utilicen su apartamento como segunda residencia vacacional. Es perfectamente legítimo. Pero otra cosa distinta es permitir que un inmueble de uso turístico se convierta en un edificio de viviendas permanentes, con vecinos residentes todo el año. Esa mezcla de usos genera conflictos inevitables por los diferentes hábitos entre turistas y residentes, degradando el atractivo de complejos que, hay que insistir en ello, fueron construidos y obtuvieron licencia como establecimientos de uso exclusivo turístico. Peor aún es el caso de quienes enmascaran una actividad turística ilegal bajo la apariencia de una residencia habitual, incurriendo en prácticas que distorsionan el mercado y dañan la imagen del sector.

Por todo ello, desde la AEAT y la FEHT respaldamos la propuesta del Gobierno de Canarias para reformar la unidad de explotación, siempre que mantenga su objetivo esencial: garantizar la calidad y la buena gestión de los complejos turísticos. Queremos un marco normativo equilibrado, que combine la libertad de comercialización con la obligación de participar en los costes comunes, de forma transparente y proporcionada. No se trata de limitar derechos, sino de asegurar que la libertad individual no se ejerza a costa del deterioro colectivo.

El turismo es un ecosistema frágil, sostenido por la confianza. Cada establecimiento forma parte de la reputación del destino Canarias, y cualquier quiebra en la calidad repercute en todos. Por eso debemos proteger lo que funciona, adaptar lo que sea necesario y actuar con visión de futuro. La unidad de explotación no es ni ha sido nunca un privilegio empresarial: ha sido y es una garantía de calidad, de orden y de justicia entre quienes comparten un mismo espacio económico.

La experiencia nos enseña que cuando se gestiona bien, el resultado es beneficioso para todos: para los empresarios, para los propietarios, para los trabajadores y para los millones de visitantes que siguen eligiendo nuestras islas año tras año. Si queremos mantener ese liderazgo, debemos apostar por un modelo turístico moderno, justo y sostenible, en el que la corresponsabilidad sea la base de la convivencia económica.