Padre, perdónalos …

«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». La conocidísima cita bíblica, recogida en el Evangelio de Lucas, describe bien lo que vivimos quienes protegemos y amamos la industria turística al escuchar las ocurrencias de algunos miembros de la clase política, que juegan a contentar a todo el mundo por votos. Bueno, concretamente 26.000, dicen.

En el sur de Gran Canaria se construyeron muchos complejos de apartamentos turísticos cuya propiedad está fragmentada y pertenece a unos 26.000 (dicen) dueños individuales, que en su día invirtieron en esta industria. Todo eso es lícito, pero siguen sin comprender que lo que compraron no es una vivienda, sino una parte de un negocio turístico que tiene que seguir unas normas. Aquellos complejos empezaron a funcionar bien y todo iba sobre ruedas hasta que llegaron las primeras crisis turísticas en las que al no tener una propiedad unificada las explotaciones quedaron atomizadas, cada uno dedicándose a lo que más le interesaba: residencia habitual, apartamento en el sur para los fines de semana o para alquilar a largo plazo como vivienda y, en los últimos años, convertida en vivienda vacacional.

Al final, esto ha acabado con destinos turísticos enteros en la más absoluta obsolescencia. El Gobierno de Canarias tuvo que salir al rescate años después con los planes de modernización y mejora (PMM). Pero antes, con la Ley de Ordenación del Turismo de 1995 se puso coto a este tipo de actuaciones dañinas a través del PUE (Principio de Unidad de Explotación) y después de ese año estas explotaciones ya deben estar el 100% dedicadas a la actividad para la cual les fueron concedidas las licencias como apartamentos turísticos.

Es verdad que la casuística es amplia y que también se produjeron muchos abusos por parte de algunas empresas explotadoras, que al tener la mayoría hicieron mal uso de esta ley, llevando a los pequeños propietarios a la desesperación. Y esto es lo que hay que resolver en la ley, pero sin cargarse el turismo en las Islas, que es lo que van a conseguir si solo siguen mirando este asunto como un nicho de votos.

Para garantizar un nivel de calidad y de servicio a sus clientes y usuarios, cualquier sector económico debe tener un nivel de profesionalización mínimo. Un ejemplo que todos recordamos: mucha gente hizo pan durante la pandemia, pero eso no los convirtió en panaderos; para eso se requiere algo más. Pues el sector turístico no es una excepción. Si Canarias es un destino de primer orden a nivel mundial no es por casualidad, sino porque ha habido profesionales que han apostado por mejorar su producto y servicio día a día. Convertir a las comunidades de propietarios en entes de comercialización turística no solo no va a mejorar la calidad del servicio prestado, sino que la va a deteriorar, porque no habrá ni unidad ni gestión. Cualquiera que conozca cómo funciona una comunidad de propietarios sabe a lo que me refiero. Si hay propietarios que no pagan la cuota ordinaria de la comunidad, mucho menos van a querer pagar los gastos asociados a una comercialización que pueden hacer por su cuenta. Y si el propietario vive en el extranjero, mucho peor; ve a contactarlo y a explicárselo.

Con la inacción de la inspección turística, durante los últimos años hemos visto aparecer viviendas vacacionales en complejos turísticos extrahoteleros, unidades en las que el nivel de servicio y calidad del complejo no solo no ha mejorado, sino que ha dado lugar a litigios y conflictos entre el titular de la explotación y propietarios individuales. Les ampara el derecho de propiedad, claro, pero dicho derecho, al igual que todos, tiene un límite claro: el sometimiento al interés general. Porque insisto, la unidad alojativa de un complejo extrahotelero forma parte de un todo y, aunque efectivamente tiene un propietario, tiene limitaciones claras en su uso y en su disfrute al formar parte de un negocio turístico, reconocido y amparado en la normativa turística canaria.

Si pretenden corregir ahora las posibles desviaciones que algunos (la minoría) hayan podido hacer, me parece bien, pero con bisturí, no con un serrucho. Porque compensar −como parece que es la idea de algunos y algunas− a quienes se pueden ver afectados por la próxima aprobación de la Ley de Uso Turístico de las Viviendas, dándoles carta de naturaleza para que hagan lo que quieran con su unidad en un complejo turístico Extrahotelero, no es ni será la solución: donde no hay orden, reina el caos y en el caos no hay progreso.

Con la inminente aprobación de esta Ley de Uso Turístico de la Vivienda a algunos se les pasa por la cabeza intentar acabar con el PUE mediante la creación de entidades que exploten los complejos, pero que al mismo tiempo los propietarios puedan comercializar su unidad de forma independiente. Así, en el futuro, podremos encontrar en los buscadores la habitación ‘x’ del complejo ‘Y’; el consumidor habrá alquilado una habitación en un complejo que puede no formar parte del explotador principal o mayoritario, sino que esa unidad será de un propietario individual que puede o no conocer qué normas tiene que cumplir. Ya esto supondrá un galimatías para los consumidores, aunque no es ese el mayor de los problemas.

Lo que nuestros políticos no han debido pensar es que al atomizar la comercialización dejarán Canarias con el 40% menos de turistas en un par de años. Me explico: la mayor parte de los clientes (70%) viene a Canarias con turoperadores, que son los que asumen el riesgo aéreo, el mayor riesgo del negocio. Las plazas aéreas tienen que pagarlas por adelantado; las habitaciones, sólo si las usan. Cuando los turoperadores preparan la siguiente temporada realizan contratos con cupos asignados en los hoteles y apartamentos que eligen y en función de esos cupos contratan sus asientos de avión para las temporadas siguientes.

Si se atomiza la comercialización de esos miles de plazas extrahoteleras, esos contratos desaparecerán, pues esta negociación no será operativa para los turoperadores, disminuirán su capacidad aérea y vendrán muchos menos aviones, en los que no solo volarían los clientes de estos productos, sino también los del resto de productos turísticos. Y, curiosamente, quienes más perderían son aquellos que ahora están presionando para hacer lo que quieren, pues los clientes «sueltos» no tendrán cómo venir a las Islas.