Canarias busca sortear la confrontación estatal

Las Cortes españolas han entrado en una inédita fase de bloqueo tras el anuncio de Junts de rechazar cualquier iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Junts reitera que la ruptura es definitiva, pese a que esta misma semana salvó al PSOE y a sus socios en varias votaciones. En cualquier caso, da la impresión de que la legislatura se encuentra en estado de coma. Habrá que ver si los gestos y la política de «mano tendida» de los socialistas logran recomponer unas relaciones tan maltrechas. De implantarse el bloqueo, Pedro Sánchez, que presumiblemente se quedará sin presupuestos para 2026, deberá ponderar si acabar la legislatura o convocar elecciones en el momento que considere oportuno, o menos malo.

Es en esta tesitura en la que el Gobierno de Fernando Clavijo impulsa el ‘decreto Canarias’, un amplio catálogo de actuaciones para las Islas. La norma está inspirada en la Agenda Canaria, aceptada a inicios del mandato por el PP y, posteriormente, por el PSOE. La falta de una mayoría en torno a Alberto Nuñez Feijóo, primero, y la imposibilidad de los socialistas de aprobar unos presupuestos estatales, después, han impedido que las propuestas acordadas con unos y otros se lleven a cabo.

Los socialistas canarios consideran que este ‘decreto Canarias’ va más allá de la Agenda Canaria y de los acuerdos alcanzados en Lanzarote por Clavijo con Pedro Sánchez y luego concretados con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El borrador de esa norma derivó esta semana en sorpresa e indignación en el PSOE.

Así, el ‘decreto Canarias’ que aprobará previsiblemente la semana que viene el Consejo de Ministros y que será ratificado por el Congreso de los Diputados antes de enero solo incluye un mínimo de iniciativas. En principio, 100 millones de euros para la financiación del Plan de Recuperación de La Palma, la deducción del 60% en el IRPF de los residentes en las islas verdes y 50 millones para la atención a migrantes. Apenas se trata de liberar los fondos comprometidos para 2025 y que aún no han llegado a las Islas.

La norma que promueve el Gobierno de Canarias tiene un recorrido de negociación más amplio y es una suerte de compendio de las aspiraciones de la Comunidad Autónoma para años venideros. Por ello, busca el acuerdo de partidos políticos y agentes sociales antes de elevarla al Estado. Este ‘decreto Canarias’ persigue que el Archipiélago cuente con un compromiso para continuar con las exenciones en el IRPF destinadas a los ciudadanos de La Palma afectados por el volcán extendidas a La Gomera y El Hierro; y fondos para impulsar obras hidráulicas; partidas para los programas agrícolas; desarrollar el Plan de Empleo y diseñar otro para los jóvenes parados; favorecer la implantación de infraestructuras educativas de FP y la gratuidad de la educación primaria; compensaciones a la dependencia y a los sobrecostes sanitarios; ampliar el Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas; ceder suelo estatal para viviendas isleñas; combatir la pobreza; atender la colapsada red de menores migrantes; consolidar la gratuidad del transporte en guaguas y tranvía; elevar las competencias sobre Costas o participar en la gestión de los aeropuertos.

El Gobierno de Canarias debe conseguir que la norma no suscite rechazos. Con buen criterio, trata de sortear la parálisis política que causa la confrontación entre PSOE y PP y mostrar autonomía y liderazgo territorial frente al bloqueo en Madrid. Pese a la endiablada relación que mantienen PP y PSOE las Islas buscan que se pongan de acuerdo.

No sería la primera vez. La mediación canaria logró que ambos alcanzaran otro pacto, el de poner la RIC al servicio de la construcción de viviendas y ayudar a hacer frente a la crisis habitacional en la región. Está por ver que con elecciones en un horizonte más o menos cercano la política no deje de enredarlo todo y haga que las diferencias se impongan a los grandes acuerdos. Una vez más, perdería Canarias.