La falta de funcionarios especializados en la gestión pública amenaza a las administraciones

Una las más graves carencias de las administraciones en Canarias, tanto de ayuntamientos, cabildos y Comunidad Autónoma, y probablemente del resto de instituciones del conjunto de España, es la falta, cada vez más acuciante, de funcionarios de carrera especializados en la gestión de lo público. Un personal imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento de la res pública.

Es cierto que los trabajadores públicos viven bajo la alargada sombra del Vuelva usted mañana, el magnífico artículo de Mariano José de Larra de 1833 en el que critica con ironía la pereza, burocracia e ineficiencia de la administración. A través de un extranjero que intenta hacer gestiones en España, muestra cómo la lentitud y la falta de diligencia frustran los intentos de progreso. La obra es una sátira sobre el atraso y la indolencia de los trabajadores públicos, que no poco ciudadanos los consideran todavía vigente.

Los malos funcionarios generan un daño profundo. Su falta de profesionalidad o, peor, de ética provoca retrasos, errores y pérdida de dinero público. Cada trámite mal gestionado mina la confianza ciudadana y deteriora la imagen de las instituciones. La desidia o el favoritismo rompen la igualdad de trato y alimentan el clientelismo. En los casos más graves, su pasividad facilita la corrupción. Además, desmotivan a los compañeros que sí cumplen y crean un ambiente de ineficiencia y frustración. El resultado es una administración más lenta, costosa y desconectada del ciudadano. La mala función pública no solo perjudica a la gestión, sino también a la democracia misma.

Masiva jubilación

En este contexto, la masiva jubilación de técnicos y juristas capacitados y la dificultad para cubrir sus plazas, amenaza con debilitar la vigilancia sobre miles de contratos y millones de euros del dinero de todos. Se calcula que sólo en el Archipiélago más del 40% de los empleados públicos se jubilará en la próxima década. Muchos de ellos pertenecen a cuerpos técnicos o jurídicos especializados en contratación, fiscalización y control financiero. Las ofertas de empleo no cubren este relevo al ritmo necesario, lo que provoca que las tareas de control dependan a menudo de equipos reducidos o incompletos.

Ya sabemos por triste experiencia que la contratación pública es una de las áreas con mayor riesgo de corrupción. Necesita controles sólidos y personal preparado

El peso del personal interino y temporal ha crecido de forma demasiado notable en los departamentos de gestión económica y contratación. Este cambio, aparentemente técnico, tiene consecuencias profundas: menos independencia, menor capacidad de control y más riesgo de errores o irregularidades.

Los funcionarios de carrera, seleccionados mediante oposiciones y con una vinculación permanente a las tareas que se les encomiendan, son garantes de la legalidad. Su estabilidad y su formación les permiten o deberían permitir actuar con independencia frente a presiones políticas o empresariales, y asegurar que cada euro se gasta conforme a la ley. Su trabajo resulta decisivo en todas las fases del contrato público: desde la elaboración de los pliegos y la valoración de ofertas hasta la supervisión de la ejecución y los pagos.

Sistema vulnerable

Sin técnicos cualificados, el sistema se vuelve más vulnerable. Ya sabemos por triste experiencia que la contratación pública es una de las áreas con mayor riesgo de corrupción. Necesita controles sólidos y personal preparado. La falta de trabajadores públicos especializados no solo retrasa los procedimientos, sino que también puede derivar en un aumento de las adjudicaciones directas, en errores de tramitación o en pérdida de fondos por falta de capacidad para gestionarlos.

Órganos de fiscalización como la Audiencia de Cuentas ya han advertido que la debilidad del control interno eleva los incumplimientos y dificulta la rendición de cuentas. Hay que reforzar los cuerpos de patanegras, acelerar los procesos selectivos y ofrecer formación para garantizar la transparencia y la eficiencia del gasto. Sin administración profesional excelente cualquier sistema de control es papel mojado.