Opinión | Retiro lo escrito
De vuelta a la comisión

Foto de archivo de Ángel Víctor Torres (c) junto a Nira Fierro y Sebastián Franquis dirigiéndose en junio a la comisión de investigación del Parlamento de Canarias. / María Pisaca
En un escenario hipotético –muy hipotético sin duda– en el que Ángel Víctor Torres abandonara el liderazgo de los socialistas canarios había una única víctima colateral importante: Nira Fierro. La señora Fierro es la delegada plenipotenciaria de Torres en el PSOE, más intensamente todavía desde que Pedro Sánchez lo convirtió en ministro de Política Territorial y duerme cuatro o cinco noches semanales en Madrid. Fierro acumula un poder bastante inédito en la historia del PSOE: es diputada autonómica, presidenta del grupo parlamentario y secretaria de Organización, amén de actuar de facto como portavoz del partido y lucir como estrella en las redes sociales. Esa posición la alcanzó con treinta y pocos años, aunque llegó al escaño algún tiempo antes. Es una carrera fulminante: de asesora de Aurelio Abreu en el Cabildo de Tenerife –personal de confianza en un gobierno entre CC y PSOE que se extendió durante ocho años que ahora no recuerda– a mandamás del socialismo archipielágico dentro y fuera de la Cámara. Y todo, absolutamente todo, se lo debe a Ángel Víctor Torres. Algún viejo dirigente socialista podría añadir: «Y así están las cosas». Ciertamente. Porque salvo en Gran Canaria el estado de salud de las organizaciones insulares del PSOE es entre deplorable y mediocre. Como secretaria de Organización el estilo de Fierro consiste en no tomar decisiones y así evitar cualquier desgaste.
Es perfectamente lógico, por lo tanto, el forofismo despendolado del que hace gala Nira Fierro cuando se menciona siquiera el nombre de Ángel Víctor Torres, un episodio extraordinario en la historia contemporánea de Canarias. Cuando su secretario general recibe críticas, Fierro, a menudo, parece entrar en trance. Ocurrió ayer cuando el PP pidió que Torres sea de nuevo convocado por la comisión de investigación sobre la adquisición de material médico durante la epidemia del covid. Una comisión que Fierro y la dirección del PSOE primero impidieron en la pasada legislatura, después despreciaron –con groseras burlas al propio funcionamiento de la misma– durante todo su desarrollo y finalmente reventaron con la excusa de la filtración de un borrador de la que solo se beneficiaba, por cierto, el propio PSOE. Son los socialistas, con su mal simulado obstruccionismo, los que han impedido hasta el momento que la comisión de investigación apruebe un dictamen final.
Lo más irritante del cinismo de la dirigente socialista es que parte de una consideración previa idéntica a la del expresidente: políticos, periodistas y ciudadanos en general somos oligofrénicos. Esa insistencia en que el informe de la UCO de la Guardia Civil excluye que Torres cobrase mordidas o se relacionara con prostitutas no significa causalmente que su comportamiento como presidente del Gobierno de Canarias en 2020 fuera irreprochable. Esa es la lectura personal que tranquilizó al hoy ministro y que superpuso a la obligada interpretación política del dosier. No existe ningún indicio de que Torres cometiera un ilícito penal. Pero un estudio mínimamente objetivo del informe de la UCO demuestra una clarísima responsabilidad política al privilegiarse a la empresa Soluciones de Gestión con la intervención directa, explícita, personal del presidente en el expediente y, sobre todo, en el pago. Y esto se suma –como mínimo– a los cuatro millones de euros perdidos por la escandalosa contratación de la pirática empresa RR7 United para la adquisición de mascarillas.
Las comisiones de investigación indagan, sustancian y establecen, precisamente, responsabilidades políticas. No otras. En ese sentido el informe de la Unidad Central Operativa tiene un especial interés para la comisión de investigación y la solicitud del PP no es en absoluto arbitraria. Junto a aciertos y bondades la gestión de la pandemia en Canarias ha mostrado errores, deficiencias e incluso irresponsabilidades al abrir las puertas a delincuentes con cómplices en las administraciones públicas. Y jamás Torres y sus subordinados en el Gobierno regional han pedido excusas a los ciudadanos. Quizás ya es hora de que lo hagan.
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