Un pésimo día

La sentencia del Tribunal Supremo –si me lo permiten– estaba condenada desde la izquierda. Si se absolvía al Fiscal General del Estado era porque los magistrados fachas no habían encontrado un maldito argumento técnico-jurídico para justifica su malévola voluntad. Si se condenaba a García Ortiz era porque habían prescindido incluso de cualquier argumento o rectitud procesal para acabar con él y erosionar al Gobierno progresista. Así que el trabajo ya estaba hecho y los argumentarios a punto, como rosas cortadas al amanecer, para sostener que el juicio proyectaba un abyecto lawfere contra la democracia. Hasta un sinvergüenza local ha murmurado que esto es lo que se perseguía al principio. Cuando la ministra de Justicia, Dolores Delgado, pasó del Gobierno a la Fiscalía General sin solución de continuidad, el referido sinvergüenza (profesor asociado de Derecho) no abrió el pico. Es prodigioso escuchar las solemnes cuando no amenazadoras condenas de las últimas hora: golpe judicial, jugada mafiosa, maniobra para proteger a Díaz Ayuso (sic). Lo que encierran todas estas reacciones es, para empezar una evidente mala fe. Están absolutamente vacías de reflexión jurídica; es más, desprecian la reflexión jurídica, porque reducen el Derecho a un juego de trileros, a una arbitrariedad demencial. No se reconocen principios de legalidad. La democracia no es respeto a unas reglas de juego que son necesariamente jurídicas, sino una lucha enconada entre el bien y el mal, y el bien son ellos. La separación de poderes es un chiste que una politicastra como Irene Montero o un lacayo acanallado como Óscar Puente pueden cuestionar a placer. Si es necesario incendiar el país no se duda un segundo en encender las antorchas. Es lo que está pasando desde primera hora de la tarde de ayer.

La sentencia condenatoria de Supremo contra García Ortiz es moderada. Solo se le adjudica la comisión de uno de los delitos de los que estaba acusado, la revelación de datos reservados, con la mínima multa prevista en estos casos y solo dos años de inhabilitación especial para el cargo que ahora ocupa – podría habérsele impuesto hasta tres-. El empresario González Amador le exigía 300.000 euros de indemnización, el tribunal ha reducido la cifra a 10.000 euros. No creo que sea superfluo señalar que el Fiscal General no ha estado jamás ni está ahora en una situación de indefensión legal. Puede interponer un recurso de nulidad que, además, es un requisito imprescindible para acudir al amparo del Tribunal Constitucional. Los jueces de la sala –tomo la expresión de un abogado porque es sintética e inmejorable– han cumplido con su obligación de valorar pruebas (si se quiere: los indicios probatorios) conforme a criterios objetivos y de experiencia. Por supuesto el Fiscal General debe dimitir. Pero es que en realidad debió hacerlo antes de que se le abriera juicio oral, no sentarse con sus atributos y puñetas rodeado de subordinados que se vieron en la kafkiana tesitura de defenderlo y acusarlo a la vez. Y todo por su servil y arrastrada torpeza: por querer desmentir un bulo a toda leche incluyendo datos reservados en una nota de prensa que dicta él mismo.

La sentencia condenatoria de García Ortiz es una muy mala noticia porque supone un capítulo más de la degradación institucional del sistema democrático español. Y no por culpa precisamente de los magistrados del Tribunal Supremo, sino de unas élites políticas decididas a arrasar con todo el patrimonio de cuarenta años de democracia constitucional para mantenerse en el poder o alcanzarlo. El mayor protagonismo de esta destrucción, sin embargo, corre aquí y ahora a cargo de la izquierda que hoy representada Pedro Sánchez y su estilo de gobernar. La convicción de que el poder ejecutivo, por su origen democrático y su aval electoral, es literalmente irrestricto y goza de un plus de legitimidad frente a las Cortes y los tribunales de justicia. Por eso un sujeto como José Zaragoza –presidente de la Comisión Constitucional del Congreso– acusó al Supremo de prevaricar. Es perfectamente lícito preguntarse qué serán capaces de decir, hacer o deshacer esta gente si pierde las elecciones o el poder.

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