Europa debe amparar a sus islas

La Unión Europea se encuentra inmersa en la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, un proceso técnico que, sin embargo, tendrá consecuencias para millones de ciudadanos. Y por partida doble para los que vivimos en las Regiones Ultraperiféricas (RUP) –Canarias y otros territorios de Francia y Portugal– que son parte esencial del proyecto europeo, aunque situados a miles de kilómetros del continente. Hoy observan con inquietud la posibilidad de que Bruselas recorte los fondos generales y los específicos para paliar la ultraperificidad. Ambas políticas durante décadas han compensado las desventajas estructurales de estos territorios europeos de ultramar.

Hablar de las RUP no es invocar privilegios. Es, sencillamente, recordar la realidad: territorios alejados, con costes de transporte disparados, mercados limitados, falta de materias primas, dependencia energética, vulnerabilidad climática y economías frágiles que cargan con sobrecostes que ninguna otra región comunitaria soporta. El trato diferenciado a estos europeos está en el corazón mismo de la política de cohesión.

Pretender que compitan en igualdad de condiciones por unos fondos reducidos y más centralizados sería ignorar décadas de aprendizaje y renunciar a uno de los pilares del proyecto europeo: la solidaridad territorial. Sin fondos de cohesión y desarrollo más los específicos para las RUP, Canarias y el resto de la ultraperiferia no podrían impulsar la diversificación económica, la transición energética, la lucha contra la pobreza, ni el desarrollo rural.

Europa debe decidir qué quiere ser. Puede optar por una visión contable que mida la integración en euros por habitante. O puede ser fiel al espíritu que ha guiado la unidad europea durante setenta años: que ninguna región quede atrás por el mero hecho de dónde está situada en el mapa. Renunciar a las herramientas que permiten a las RUP converger con el continente sería condenarlas a un retroceso que terminará afectando a toda la UE. Unas islas debilitadas, desconectadas y más vulnerables no benefician a nadie.

No es solo dinero. Hablamos de la presencia de la UE en el Atlántico, en el Índico y en el Caribe. De su proyección marítima, su influencia global, su capacidad de investigación en biodiversidad y cambio climático, su importancia geoestratégica. Las RUP no son un gasto: son una inversión en Europa, en su cohesión y en su futuro. La Comisión Europea y los Estados miembros deben escucharlas y actuar con responsabilidad. Proteger a las RUP no es un favor, es cumplir con el mandato de los Tratados y con un compromiso político e histórico.

Para Canarias, el impacto de un recorte sería particularmente severo. La comunidad autónoma depende de fondos comunitarios, en general, y RUP, aparte, para compensar la lejanía y fragmentación, pero también para sostener sectores estratégicos y permitir que miles de personas sobrevivan en un territorio donde producir cuesta mucho más. Europa financia carreteras, puertos, depuración de aguas, conectividad digital, transporte público, vivienda y programas de inclusión social.

El riesgo es fundamentalmente social. Más del 30% de la población canaria vive aún en riesgo de pobreza o exclusión, un indicador que la sitúa entre las regiones europeas más vulnerables. La reducción de fondos tendría un efecto multiplicador negativo: frenaría la creación de oportunidades, aumentaría la dependencia del sector turístico y agravaría las desigualdades. Un recorte no haría que Canarias se adaptara mejor: ampliaría la brecha con el continente, y debilitaría la cohesión que la UE dice defender.

En un momento en que Europa enfrenta desafíos globales, climáticos, migratorios y económicos, reducir la solidaridad territorial sería un error estratégico de proporciones mayúsculas. La cohesión no es un lujo: es la base de la estabilidad europea. Europa no puede permitirse olvidar a sus islas. Y menos aún renunciar a ellas.