Opinión | Retiro lo escrito
El debate necesario sobre RTVC

César Toledo, propuesto como nuevo administrador de RTVC / E. D.
Cuando gobernó el pacto de las flores la televisión autonómica canaria era lo más parecido a una BBC que navegaba sobre un rió de gofio y miel. La dirigía Francisco Moreno que, por cierto, había sido director general del ente – es muy apropiado hablar de entes en esta fantasmagoría – con Coalición Canaria en el poder, unos lustros antes. Pero el PSOE, además de descubrir la rueda, la justicia social, la paz y la democracia, parece que también descubrió a Francisco Moreno, un hallazgo francamente más modesto, pero que tenía su utilidad. Es un profesional que sabe mucho de televisión, pero que ha trabajado intensamente el automarketing para difundir que lo sabe todo. Yo no recuerdo nada particularmente glorioso en la etapa de Moreno. Por supuesto, está la información de la erupción volcánica de La Palma o la cobertura de la pandemia de covid, pero los resultados profesionales obtenidos se deben esencialmente a los periodistas y técnicos de la casa. Con otro director o administrador general el servicio público que prestó la televisión canaria en esas terribles coyunturas habría sido muy similar. En lo que sí se esforzó Moreno fue en evitar cualquier conato crítico en la programación de la tele. Lo que hizo fue sencillo: suprimió cualquier programa de debate y terminó por asfixiar la presencia de periodistas críticos, en medio, puso pasta para productoras que se crearon en ese instante y que después han abandonado cualquier actividad. Astutamente arguyó que si se trataba de problemas sociales en el plató se traía a un sociólogo, si se hablaba de problemas económicos mejor llevar a economistas, si se abordaban asuntos políticos e institucionales lo más aconsejable (sin duda) era invitar a un politólogo. Los periodistas, para qué. El momento culminante de esta estrategia llegó cuando el presidente Ángel Víctor Torres quiso ser entrevistado y Moreno decidió que en esa ocasión sobraban incluso los periodistas de la propia televisión y que lo entrevistaría él. Le quedó un interrogatorio delicado y precioso, breve y dulce como un suspiro de Moya. Mientras no estaba siendo entrevistado Torres se dedicaba a torpedear la constitución de la Junta de Control de RTVC y – más adelante—para ampliar los poderes casi omnímodos de Moreno como administrador único.
Durante los casi dos años y medio de legislatura la oposición socialista apenas ha vertido críticas sobre la gestión de la televisión canaria o su orientación política. Es una obviedad que puede consultarse en el diario de sesiones del Parlamento de Canarias o en las actas de la comisión parlamentaria. «Si la oposición no protestara por el funcionamiento de Televisión Española», dijo cínicamente Alfonso Guerra en los tiempos de José María Calviño, «significaría que estamos haciendo algo mal». Todo cambió cuando el Gobierno de Fernando Clavijo y Manuel Domínguez inició la tramitación parlamentaria de una nueva ley del sector audiovisual de Canarias. Rápidamente comenzó a circular una especie según la cual con la norma el Ejecutivo pretendía privatizar los servicios informativos de la televisión pública. Es curioso. ¿Por qué razón un Gobierno desearía privatizar los servicios informativos si su intensión fundamental fuera manipularlos políticamente? Es extremadamente dudoso, por lo demás, que ese propósito no tropezara con dificultades técnico-jurídicas insuperables. Entonces te cuentan que quizás no privaticen los servicios informativos, pero quizás lo hagan con otras cosas, como ocurre con todas las rarísimas televisiones públicas autonómicas. Es un debate muy cansado. El inminente administrador único de la RTVC, César Toledo, se comprometió ayer a mantener la naturaleza pública de los servicios informativos. Es una pena que no se aproveche el nuevo nombramiento para cerrar un consenso sobre el modelo de televisión autonómico deseable, sobre su modernización técnica organizativa y laboral, sobre las prioridades de su programación – la atención a los problemas sociales y económicos del archipiélago y las nuevas realidades del país -- y el establecimiento de un techo de gasto presupuestario que evite despilfarros imprevistos. Es el verdadero debate que le urge a la RTVC desde hace mucho tiempo.
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