Firmeza de Canarias ante la financiación autonómica

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la semana pasada ha vuelto a dejar al descubierto una fractura que España no puede permitirse en un asunto tan nuclear como la financiación autonómica. Y, una vez más, Canarias se ha visto obligada a alzar la voz para recordar que la igualdad solo es posible cuando se reconocen las diferencias.

El Gobierno de Canarias y su Consejería de Hacienda han expresado con claridad unas preocupaciones legítimas. Ya el ambiente venía cargado con la propuesta de condonación de deuda diseñada por el Ministerio de Hacienda y presentada en una sesión anterior. Una iniciativa que es un alivio relevante para las comunidades, pero que deja a Canarias en una posición comparativamente desfavorable.

No obstante, fue el futuro del caducado sistema de financiación autonómica el que elevó la sorpresa a la enésima potencia. La vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, fijó un horizonte temporal inconcreto (entre enero y febrero, justo antes de que deba irse a la campaña electoral andaluza) para presentar un nuevo modelo. Una propuesta que consiga salir de la trampa de combinar la negociación bilateral comprometida por el pacto de investidura con ERC y el imprescindible acuerdo multilateral que lo haga posible, el pretendido reconocimiento de la singularidad de Cataluña y las necesidades de las comunidades infrafinanciadas por la solidaridad interterritorial, caso de Canarias.

El mayor temor isleño es la aplicación uniforme de criterios que no contemplen la insularidad, la fragmentación o la lejanía y, por encima de todo, la inclusión del Régimen Económico y Fiscal en la financiación autonómica ordinaria. No es la primera vez que Canarias debe defender que su REF no es un privilegio, sino un instrumento compensatorio para igualar opciones. La alarma y advertencia de acudir a los tribunales expresada por el presidente Fernando Clavijo ante la posibilidad de que la reforma del sistema de financiación diluya la singularidad del REF no es un gesto retórico, sino una advertencia jurídica y política. Canarias no aceptará un modelo que, bajo la apariencia de la cohesión, erosione los principios reconocidos por ley y refrendados históricamente, aunque a trancas y barrancas, por el Estado.

Corresponde evaluar la posición del Ministerio de Hacienda con igual honestidad. El Gobierno central sostiene que la condonación de deuda busca corregir desequilibrios y que el objetivo principal es dotar de mayor sostenibilidad financiera a unas autonomías cuyo endeudamiento responde, en buena parte, a decisiones condicionadas por crisis sucesivas. Además, subraya que la reforma del sistema de financiación requiere un consenso complejo. Es cierto que España necesita avanzar hacia un modelo más estable, más equitativo y más transparente. Y que la urgencia financiera de algunas comunidades exige medidas inmediatas que no pueden esperar a un acuerdo integral que suele eternizarse. Pero nada de eso puede hacerse a costa de regiones que, como Canarias, han mantenido una gestión responsable, han cumplido los objetivos de déficit y han sostenido políticas fiscales serias que ahora se vuelven en su contra por los cálculos del Ministerio.

Canarias no discute la necesidad del acuerdo. Lo que discute es que se construya sin atender a los costes reales de prestar servicios públicos en un territorio fragmentado y ultraperiférico y sin garantizar que la singularidad el REF quede totalmente blindada. El Archipiélago no exige más que nadie: exige ser tratado conforme a lo que la ley reconoce.

En este debate, España se juega mucho más que un reparto de cifras. Se juega la cohesión del Estado autonómico. Y Canarias tiene el derecho —y la responsabilidad— de defender su posición con firmeza, sin renunciar a construir consensos que permitan un modelo de financiación justo, moderno y viable. El acuerdo aún es posible. Pero solo si se reconoce que la igualdad, en territorios tan distintos como los nuestros, empieza por entender una especificidad como la de las lslas que, sin embargo, sí se pretende otorgar a otros.