Opinión | Miren a ver
Tecnología contra la corrupción
Canarias afronta el reto de equilibrar la automatización con la experiencia humana, para reducir tiempos y detectar irregularidades, sin descuidar la seguridad

Funcionarios atienden al público. / Ángel Díaz / Efe
La digitalización avanza en las administraciones públicas. Expedientes electrónicos, portales de contratación transparentes, sistemas de alertas automáticas y algoritmos capaces de detectar corruptelas. Hace apenas una década, esto era ciencia ficción. Hoy es una herramienta que se perfila imprescindible para gestionar miles de contratos y millones de euros con mayor agilidad, trazabilidad y transparencia.
La administración digital promete resolver problemas arraigados en la gestión pública: retrasos, duplicidades de documentos, expedientes que se pierden, falta de datos comparables o controles basados en revisiones manuales interminables. Un sistema bien diseñado puede detectar un fraccionamiento de contrato, un incremento injustificado de precios, o adjudicaciones repetidas a los mismos proveedores. Y permite registrar cada acción -quién accede, quién modifica, quién autoriza- con una trazabilidad imposible en el papel.
La automatización reduce el margen de error en tareas rutinarias. Validar documentación, revisar requisitos, controlar plazos o crear informes automáticos libera tiempo para que los funcionarios se concentren en las partes más complejas: la interpretación jurídica, la evaluación técnica y la toma de decisiones.
¿Suficiente digitalización?
¿Están las administraciones canarias lo suficientemente digitalizadas como para aprovechar estas ventajas? La respuesta es que el avance ha sido significativo, pero desigual. Algunas áreas han desplegado con solvencia el expediente electrónico, la firma digital y los portales de tramitación; otras dependen aún de procesos híbridos, donde el papel y la digitalización conviven de manera imperfecta.
En materia de contratación pública, Canarias ha avanzado en transparencia y en la obligatoriedad de usar medios electrónicos, pero aún persisten retos: sistemas no siempre interoperables, procedimientos que requieren intervención manual para tareas que podrían ser automatizadas y unidades que no disponen de personal especializado para aprovechar el entorno digital. El riesgo no está en no haber digitalizado, sino en haber digitalizado «a medias», con herramientas que existen, pero no se usan en toda su capacidad.
Un algoritmo puede detectar una anomalía formal, pero no comprender si está justificada por una necesidad urgente o por un vacío legal
Con todo, la digitalización no es un fin en sí mismo, sino un medio. Y, mal aplicada, puede generar nuevos riesgos. Uno de ellos es la dependencia excesiva de sistemas automatizados que no saben contextualizar. Un algoritmo puede detectar una anomalía formal, pero no comprender si está justificada por una necesidad urgente o por un vacío legal. También puede «no ver» una irregularidad sofisticada que se esconde tras datos aparentemente conformes. Cuando la supervisión humana se debilita, la automatización se convierte en una falsa sensación de seguridad.
La necesaria formación
Otro peligro es que muchos organismos cuentan con personal experimentado, pero con poca formación tecnológica, lo que puede generar resistencia, errores o una sensación de desconexión entre quienes diseñan las herramientas y quienes las usan a diario. Si la digitalización no se acompaña de formación, recursos y apoyo técnico, puede convertirse en una barrera en lugar de una solución.

Funcionarios atienden al público. / Ángel Díaz / Efe
Filtraciones o ciberataques ponen en riesgo la información, cuanta más automatización, más importante es reforzar la protección
La privacidad y la seguridad son otros puntos críticos. Una administración digitalizada maneja datos sensibles de miles de ciudadanos y empresas. Las filtraciones o ciberataques no solo ponen en riesgo la información, sino también la integridad del sistema de control. Cuanta más automatización, más importante es reforzar la protección.
Aun así, la oportunidad es enorme. Las administraciones que han apostado por sistemas inteligentes han reducido tiempos de tramitación, mejorado la detección temprana de irregularidades y aumentado la transparencia. El reto ahora es encontrar el equilibrio: aprovechar la potencia de lo digital sin relegar la experiencia humana.
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