Mirar para otro lado

Cuando los sistemas de control fallan, el problema no se limita a un expediente mal tramitado o a un contrato irregular. Lo que está en juego es la credibilidad y la confianza en las instituciones. En Canarias, donde la gestión pública se desarrolla en un entorno administrativo fragmentado y recursos limitados, las consecuencias de estos fallos adquieren una dimensión especialmente relevante.

La primera cuestión que surge es la de la responsabilidad. En teoría, el ordenamiento distingue con claridad entre responsabilidad política, administrativa, contable y penal. En la práctica, estas fronteras se difuminan. Las responsabilidades políticas suelen diluirse o resolverse con dimisiones tardías; las administrativas se limitan a expedientes disciplinarios poco visibles; las contables avanzan lentamente; y las penales, cuando existen, llegan años después. El resultado es una percepción de impunidad que debilita el efecto disuasorio del control.

Fallos graves en la contratación pública, en la concesión de subvenciones o en la ejecución de fondos pueden generar pérdidas millonarias, correcciones financieras o sanciones"

Fallos graves

Uno de los problemas es la asimetría entre la magnitud del daño y las consecuencias reales. Fallos graves en la contratación pública, en la concesión de subvenciones o en la ejecución de fondos pueden generar pérdidas millonarias, correcciones financieras o sanciones. Rara vez estas consecuencias se traducen en responsabilidades personales. El sistema corrige el gasto, pero no las conductas.

En el ámbito de la responsabilidad política, Canarias no es ajena a una cultura donde el control se interpreta como confrontación partidista. Cuando los errores se encuadran en el combate político, se pierde la oportunidad de extraer lecciones. La comparecencia política se convierte en un trámite y no en un ejercicio real de rendición de cuentas. Así, los fallos se repiten porque nunca se abordan sus causas estructurales.

Otro dilema

La responsabilidad administrativa plantea otro dilema. Muchos funcionarios actúan en contextos de sobrecarga, falta de medios o inseguridad jurídica. Cuando los controles fallan, se corre el riesgo de trasladar la culpa al nivel técnico, ignorando decisiones estratégicas adoptadas en ámbitos superiores. Esto genera un efecto perverso: desincentiva el criterio profesional y fomenta una cultura defensiva basada en el «cumplimiento mínimo» para evitar sanciones.

Especial mención merece la responsabilidad contable, ejercida a través de los órganos fiscalizadores. En Canarias, los procedimientos de reintegro o alcance son complejos y prolongados. Cuando las consecuencias llegan tarde, baja su capacidad ejemplarizante. La demora no solo afecta a la recuperación de fondos, sino al mensaje que se transmite al conjunto del sistema administrativo.

Las consecuencias de los fallos de control no son solo jurídicas o económicas. Existen costes institucionales invisibles: proyectos paralizados, fondos no ejecutados, pérdida de credibilidad ante las instituciones europeas y creciente desconfianza ciudadana. En el caso de Canarias, estas consecuencias afectan directamente a su capacidad de defender sus intereses como Región Ultraperiférica y de justificar nuevas demandas de financiación.

Avanzar hacia una cultura de responsabilidad efectiva es un paso imprescindible para fortalecer el autogobierno y la capacidad de gestión en un entorno cada vez más exigente"

Aprendizaje institucional

Por ello, reforzar el sistema de responsabilidades no significa endurecer sanciones de forma automática, sino alinear mejor controles, consecuencias y aprendizaje institucional. Es necesario que los informes de fiscalización se traduzcan en planes de mejora obligatorios, que el Parlamento realice un seguimiento real de los fallos detectados y que las responsabilidades políticas se asuman con claridad y transparencia.

Cuando los controles fallan y no ocurre nada, el sistema aprende la lección equivocada. La integridad pública no se sostiene solo con normas, sino con la certeza de que las decisiones tienen consecuencias. Para Canarias, avanzar hacia una cultura de responsabilidad efectiva es un paso imprescindible para fortalecer su autogobierno y su capacidad de gestión en un entorno cada vez más exigente.

Suscríbete para seguir leyendo