Reforzar el control de lo público

La independencia de los órganos de control no es un atributo decorativo: es la condición que define su razón de ser. Sin autonomía real, la fiscalización se convierte en un ejercicio formal que diagnostica problemas sin capacidad para corregirlos. Canarias, con una arquitectura institucional extensa y un nivel creciente de complejidad administrativa, necesita reforzar precisamente ese valor: la garantía de que quienes examinan el gasto público, evalúan políticas o supervisan contratos lo hacen sin interferencias, sin presiones y sin condicionantes partidistas.

Para mejorar esta independencia hay que abordar la forma de designación y renovación de sus responsables. En muchos órganos de control, el nombramiento depende de mayorías parlamentarias que inevitablemente están atravesadas por pactos políticos coyunturales. Esto no invalida el proceso —que es democrático y legítimo—, pero sí introduce un riesgo: la percepción de que el órgano fiscalizador nace vinculado a los equilibrios del momento. Establecer mecanismos de selección con mayor peso técnico, procesos de evaluación pública o requisitos reforzados de trayectoria profesional ayudaría a blindar la independencia, incluso cuando el nombramiento final siga correspondiendo al Parlamento.

La asignación de recursos a los órganos de control debe protegerse para que no puedan alterarse por razones coyunturales"

Un órgano de control necesita estabilidad presupuestaria. No puede ser independiente si depende cada año de negociaciones políticas para mantener sus capacidades. La asignación de recursos debe estar protegida por marcos plurianuales, reglas de financiación que no puedan alterarse por razones coyunturales y compromisos explícitos de crecimiento en función de la carga de trabajo. En Canarias, donde la fiscalización debe abarcar Gobierno, cabildos, ayuntamientos, empresas públicas y fondos europeos, esta estabilidad es especialmente crítica.

Politizar áreas técnicas

Un tercer elemento es la profesionalización y protección del personal técnico. La independencia institucional se sostiene sobre funcionarios capaces de resistir presiones y de mantener criterios técnicos frente a intereses contrapuestos. Esto exige estructuras de carrera claras, formación continua, protección frente a represalias y un marco ético que garantice que las decisiones se adoptan desde la neutralidad profesional. La tentación de politizar áreas técnicas es mayor si no hay contrapesos sólidos.

Informes que se publican tarde, recomendaciones que no se siguen o debates parlamentarios que diluyen su contenido reducen el impacto del control"

Es esencial reforzar la visibilidad y trazabilidad pública del trabajo de los órganos de control. La independencia también se construye ante la ciudadanía. Informes que se publican tarde, recomendaciones que no se siguen o debates parlamentarios que diluyen su contenido reducen el impacto del control y, con ello, la percepción de utilidad del órgano. Hacer públicas las metodologías, los calendarios de trabajo, el seguimiento de recomendaciones y los tiempos medios de respuesta permitirían aumentar la legitimidad del órgano y blindarlo.

Dependencia del clima político

Canarias debe también avanzar hacia una mayor articulación entre órganos de control y Parlamento con en un modelo que proteja la autonomía de los primeros. Los informes no pueden depender del clima político para ser debatidos, ni sus conclusiones quedar a la deriva de agendas coyunturales. Establecer obligaciones de debate en plazos razonables, mecanismos de seguimiento y comparecencias técnicas desvinculadas de la pugna partidista contribuiría a reducir la influencia del compromiso político en la fiscalización.

La madurez institucional se mide, en parte, por la capacidad de aceptar la fiscalización como un acto de democracia"

 Es preciso que el entorno político —Gobierno, oposición, cabildos, alcaldías y entes públicos— asuma que los órganos de control no son adversarios, sino herramienta colectiva de mejora. La madurez institucional se mide, en parte, por la capacidad de aceptar la fiscalización como un acto de democracia. En ausencia de esa cultura, cualquier reforma técnica será insuficiente. Blindar la independencia de los órganos de control en el Archipiélago no es un ejercicio de estética institucional: es cuestión de eficacia, transparencia y responsabilidad.

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