Inquietante crisis de confianza

Por primera vez, Felipe VI pronunció su discurso navideño de pie, para subrayar la gravedad del diagnóstico, en el Salón de las Columnas del Palacio Real, bajo la mirada pétrea de Carlos V, con la escultura de Leone y Pompeo Leoni como trasfondo y en el mismo espacio donde España firmó, hace cuarenta años, su adhesión a la hoy Unión Europea.

El marco, mayestático, aportaba solemnidad; el gesto buscaba dinamismo. El mensaje -el más breve, nueve minutos, de sus doce discursos de Navidad-subrayó un diagnóstico: ante una inquietante crisis de confianza en las instituciones, resulta imprescindible preservar la cohesión de la convivencia democrática, seriamente erosionada en el ánimo de los ciudadanos y en la credibilidad de los poderes públicos.

Los mensajes navideños del Rey incorporan una gran carga emocional, al enfrentarse año tras año a grandes desafíos. No fue este un discurso de inventario.

A diferencia de ocasiones anteriores, evitó adentrarse en los problemas concretos del país y ateniéndose a esa línea discursiva que trata de situar a la Corona por encima de las peleas políticas y sociales, optó por una requisitoria nítida sobre el deterioro del debate público y los riesgos del extremismo, el populismo y la desafección ciudadana.

Sin mencionar a su padre, Juan Carlos I, reivindicó -sin citarlo- el legado de la Transición, tan denostado por algunos, como ejercicio colectivo de responsabilidad y modo de eludir la colisión civil que no lleva a ninguna parte. Lo hizo, contraponiendo la concordia al clima de división que sacude la vida política española.

El mensaje, en sus propios términos, es irreprochable. El Rey no es un líder político ni puede ni debe comportarse como tal. Tampoco un charlista de la actualidad. Su misión es tratar de marcar el rumbo moral de un país, con soberanía democrática para decidir por sí mismo.

Su discurso se mueve dentro de los límites estrictos de la monarquía parlamentaria y apela, con prudencia, a la ejemplaridad de los poderes públicos, al respeto institucional, a la autocontención de los partidos y de sus dirigentes, y a un lenguaje político menos bronco. Hasta ahí, su papel está claro. Sin embargo, el discurso vuelve a poner de manifiesto una paradoja ya casi crónica: la solemnidad del tono contrasta con la intrascendencia del contenido, aunque a algunos la ira los pasee por lugares infernales.

En un contexto de evidente deterioro institucional y moral, las palabras regias flotan como un barniz retórico sobre una estructura socavada. No interpelan al poder real ni incomodan a quienes han contribuido a degradar las reglas del juego. Cuando la realidad exige claridad, se ofrece prudencia; cuando demanda firmeza ética, se responde con equidistancia.

No tardaron los más cafeteros en criticar un discurso hueco, que pasa de puntillas por los problemas reales de España y de los españoles. Más de lo mismo cada año, palabras tan medidas como irrelevantes. ¿Qué se podía esperar -se preguntan- de un discurso previamente supervisado?

Pero el problema no es tanto lo que el jefe del Estado dice como lo que sistemáticamente evita decir. Su silencio ante la corrupción, los abusos, la colonización de las instituciones o la degradación del lenguaje público refuerza la sensación de que la neutralidad, en determinadas circunstancias, no pacifica, sino que anestesia. Y una sociedad anestesiada difícilmente puede reconstruir la confianza perdida.

El Rey dibujó, con todo, un panorama sombrío: la inflación que limita las posibilidades de progreso, el coste de la vivienda que frustra proyectos vítales, la incertidumbre laboral asociada a la revolución tecnológica genera y los fenómenos climáticos con consecuencias en ocasiones trágicas.

Tal vez la convivencia democrática sea, como recordó Felipe VI, una construcción frágil que conviene preservar. Pero cabe preguntarse si la advertencia palatina de que la bronca política provoca «hastío, desencanto y desafección» basta para explicar que cerca del 50% de la población ya no quiera ir a votar.

Sin reparos esenciales sobre el diagnóstico, se impondría al menos esta impetración: ni nuestras ideas son dogmas ni las de los demás son una amenaza.La forma de Estado que proclama la Constitución -monarquía constitucional- podrá gustar más o menos, y eso es legítimo.

Lo que sí constituye una amenaza para la convivencia no es su existencia, sino el cuestionamiento sistemático de la legalidad común cada vez que no encaja con la preferencia ideológica del momento.Y quizá ahí resida el verdadero problema de confianza: no en la bronca, sino en que demasiados actores han decidido que las reglas solo obligan cuando convienen.