Burocracia como sistema de bloqueo

En Canarias, como supongo que ocurre en otros rincones de España, se extiende la impresión de que la burocracia ha dejado de ser un instrumento de garantía administrativa para convertirse en un sistema de bloqueo casi estructural. No se trata de errores puntuales ni de falta de voluntad política coyuntural: trato de hablar de un modelo administrativo que, según las principales organizaciones empresariales de la región, emprendedores de a pie y familias y personas vulnerables que lo padecen, retrasa, encarece y en muchos casos impide la resolución de problemas urgentes para el conjunto de la ciudadanía.

La lentitud administrativa se ha normalizado hasta el punto de que parece que ya ni siquiera genera alarma social. Licencias que tardan años, expedientes que se duplican entre administraciones, informes que caducan antes de resolverse el trámite… Todo ello forma parte del paisaje cotidiano de la gestión pública canaria. El problema no es solo el tiempo, la energía y el empuje que se pierde: es la incertidumbre, la sensación de que no hay nadie que sepa cuándo -o si- llegará la respuesta.

Cadena interminable

Desde las instituciones, municipios, mancomunidades, cabildos y comunidad autónoma se suele recurrir a un argumento recurrente: la complejidad normativa y la condición insular. Sin embargo, no se oye que otras comunidades autónomas con marcos legales es de suponer que igualmente complejos presenten alarmantes niveles de parálisis. La diferencia no está en la norma, sino en cómo se aplica y se gestiona.

"Basta de proyectos que no arrancan, convocatorias que se retrasan, ayudas que se resuelven cuando el contexto económico ya ha cambiado"

En Canarias, cada procedimiento parece diseñado desde la desconfianza: desconfianza hacia el ciudadano, el técnico y la propia administración. El resultado es una cadena interminable de informes, visados, supervisiones y revisiones que rara vez aportan valor añadido, pero que sí consumen tiempo y recursos públicos.

Ejecución insuficiente

El ejemplo más paradigmático es la gestión de los fondos que directamente aportan los ciudadanos a través de sus impuestos o los que indirectamente se reciben del Estado o de Europa. Canarias ha tenido en los últimos años una oportunidad histórica de inversión, con fondos propios y ajenos, pero la capacidad administrativa para ejecutarla ha sido claramente insuficiente. Proyectos que no arrancan, convocatorias que se retrasan, ayudas que se resuelven cuando el contexto económico ya ha cambiado.

"La parálisis tiene consecuencias directas: retrasa la creación de empleo, bloquea la construcción de vivienda, retrasa prestaciones sociales"

La paradoja es evidente: el dinero existe, la necesidad también, pero la administración no llega a tiempo. Y cuando llega, lo hace con un nivel de complejidad tal que expulsa a pymes, autónomos y entidades sociales que no pueden permitirse contar con gestores especializados. La parálisis burocrática no es neutra. Tiene consecuencias directas: retrasa la creación de empleo, bloquea la construcción de vivienda, dificulta la transición energética, retrasa prestaciones sociales a personas vulnerables.

Pérdida de oportunidades

Cada expediente que duerme en un cajón es una oportunidad perdida. Cada trámite innecesario es un coste oculto que acaba pagando la sociedad en forma de desigualdad, frustración y desafección institucional. La pregunta de fondo es incómoda: ¿la administración canaria trabaja para garantizar derechos o para protegerse a sí misma? La sensación generalizada es que el sistema está diseñado para evitar responsabilidades, no para resolver problemas. Cuando todo requiere múltiples firmas, nadie responde por el resultado final. Mientras tanto, el ciudadano aprende una lección peligrosa: que cumplir las normas no garantiza soluciones, y que avanzar requiere contactos, paciencia infinita o renuncia.

Canarias no necesita más leyes ni más planes estratégicos. Necesita una administración que funcione, que decida y que asuma riesgos razonables. Porque cuando la burocracia se convierte en un fin en sí mismo, deja de ser garantía democrática y pasa a ser un obstáculo al bienestar colectivo.

¿Quién responde por el tiempo perdido?

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