El laberinto canario: la maraña administrativa

En Canarias, cuando un problema no se resuelve, casi nunca es por falta de normas. Tampoco por ausencia de instituciones. El problema suele ser el contrario: demasiadas administraciones implicadas y ninguna claramente responsable. Estado, Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos conviven en un entramado competencial tan complejo que, en la práctica, convierte la gestión pública en un juego de desplazamiento de culpas.

El ciudadano lo vive de forma muy concreta: una ventanilla remite a otra, un informe depende de otro informe, una administración espera a que actúe la siguiente. El resultado es una administración que se mueve como en un círculo, mientras los problemas permanecen intactos.

Los cabildos deben ser un verdadero gobierno insular, no una estructura intermedia sin control real. Los cabildos insulares son una singularidad del sistema canario. Nacieron con la intención de acercar la gestión al territorio y, sobre todo, a la ciudadanía, a la gente, a los vecinos y vecinas, pero con el tiempo dan la impresión de que se han transformado en auténticos mini-gobiernos, con competencias amplias y presupuestos elevados, aunque con un nivel de control y fiscalización difuso.

Competencias solapadas

En muchos ámbitos —carreteras, medio ambiente, servicios sociales, transporte— las competencias se solapan con las del Gobierno autonómico y los ayuntamientos. Cuando una política fracasa, la pregunta es siempre la misma: ¿quién debía actuar? La respuesta, casi nunca, es clara.

Este tipo de situaciones lleva a convertir el «no es competencia mía» en una suerte de cultura institucional. Más allá del reparto formal de competencias, existe una cultura política profundamente instalada: evitar asumir decisiones que puedan generar costes políticos o jurídicos. En este contexto, la ambigüedad competencial se convierte en un refugio perfecto.

La administración no dice «no»; lo que dice es que «no depende de mí». No resuelve; deriva. Y cada derivación añade tiempo, frustración y desconfianza. El sistema acaba con premio a la inacción y pena hacia la iniciativa.

Hay duplicidades que cuestan millones de euros. El solapamiento institucional no es solo un problema de eficacia, sino también de gasto público. Se trata de organismos que realizan funciones similares, departamentos que se replican en distintos niveles, planes estratégicos que se redactan varias veces sin que haya una coordinación real. El ciudadano paga dos veces: primero con impuestos y luego con servicios que llegan tarde o no llegan. Y mientras tanto, la administración sigue creciendo hacia dentro, en ningún caso crece hacia fuera.

Sistema desnudo

Las emergencias terminan por desnudar el sistema. Las diferentes crisis en Canarias hay declaradas hasta seis emergencias -migratoria, habitacional, climática, hidrológica, energética, climática y tecnológica- ponen en evidencia las costuras del modelo.

En ocasiones la falta de claridad competencial no es una molestia: es un riesgo. Las decisiones se retrasan porque nadie quiere invadir competencias ajenas. Las comparecencias se multiplican y las responsabilidades se diluyen. Cuando todo pasa, nadie responde por los errores, porque el error nunca fue de una sola administración.

¿A quién se le exige cuentas entonces? La fragmentación institucional tiene un efecto político grave: dificulta la rendición de cuentas. Si no está claro quién decide, tampoco está claro a quién exigir resultados. El sistema se protege a sí mismo a través de su complejidad. Para el ciudadano, esto se traduce en una sensación de impotencia: votar no garantiza cambios reales si las decisiones están repartidas entre tantos actores.

No se necesitan más órganos ni estructuras. Precisa claridad, coordinación y responsables identificables. Cuando la administración se organiza para no fallar individualmente, acaba por fallar colectivamente. Si nadie es responsable, el problema nunca se resuelve.