La legalidad no siempre es legitimidad

Ya se sabe que la gente, por lo general, evita meterse en líos, aun cuando lo que toca es meterse en líos. Por ejemplo, para denunciar la vulneración del interés general por una política degradada. Este fenómeno es más intenso en contextos reducidos como el de las Islas y todavía más en los diminutos ámbitos locales de la arquitectura y el arte. Por lo demás, aquí, como en todas partes, los denunciados intentan el descrédito de quienes se atreven a alzar la voz, acusándoles de actuar por motivos personales.

Pero en el caso que da pie a este texto, algo así no tiene recorrido, pues no son solo personas a título individual, sino entidades, algunas con numerosa membresía, quienes dicen «basta». Y lo dicen porque lo que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria es demoledor.

Dos consejerías insulares, ambas en manos del PSOE, están en la raíz de este malestar: la de Deportes, con la reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria, y la de Cultura, con el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). La primera la dirige Aridany Romero Vega, la segunda, Guacimara Medina Pérez.

Juan Torres Alemán, hoy ya exdecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (COAGC), ha sido nombrado recientemente, vía libre designación, director insular de la Ejecución del Nuevo Estadio de Gran Canaria. Es esta la misma persona que antes redactó las bases del concurso de proyectos y que participó en el jurado que eligió al ganador.

No hay constancia de que Orlando Britto Jinorio, director del CAAM, participase en la redacción de las bases del concurso en el que obtuvo el puesto. Sin embargo, el diseño del proceso ha suscitado dudas, tanto por el perfil requerido como por la composición del jurado. Aquello ocurrió hace diez años, y tras cumplirse los cinco estipulados en su contrato, Medina le renovó por otros cinco. Ahora la consejera anuncia que vuelve a prolongárselo porque, afirma, «la renovación sucesiva del mandato de la dirección artística está estipulada en las bases de la convocatoria pública inicial celebrada en 2015», y añade que la «renovación» es «automática» e «ilimitada».

Lo que deja de decir Medina es que estas mismas bases establecen que «el puesto de Dirección Artística estará sujeto a evaluación periódica». Por tanto, la renovación no es «automática», depende de evaluaciones objetivas. Preguntas: ¿Quién o quiénes han realizado periódicamente esta evaluación? ¿Técnicos independientes? ¿Se han hecho?

Lo que sí se ha hecho con seguridad es el informe Lo Mejor de la Cultura de 2025, uno de los más completos y mediáticos del panorama cultural español, elaborado por un centenar de especialistas. En las Islas, un espacio del Cabildo grancanario, el Teatro Cuyás, no queda en mal lugar en esta tabla clasificatoria. Solo le precede Tenerife Espacio de las Artes (TEA), reconocido con una medalla de oro. El CAAM, por contra, está en la cola, junto al Festival de Arte en la Calle Mueca. Hay que advertir que, en su apartado sobre «la imagen y la reputación corporativa», el Código Ético del CAAM destaca ambos rasgos «como un activo muy valioso para preservar la confianza».

Estos días, un grupo de organizaciones relevantes del sector artístico autonómico y estatal ha publicado una carta abierta a Guacimara Medina. En ella le piden un concurso para renovar la dirección del CAAM. Enviada previamente a la consejera el pasado 31 de diciembre, el 26 de enero se decidió hacerla pública porque su destinataria no respondía. Y entonces llegó la respuesta de la presidenta del CAAM: una contestación insultantemente evasiva. Al día siguiente, interpelada por un periódico, Medina anunció la renovación de Britto y justificó su pertinencia arguyendo simplemente que «Orlando es una persona muy respetada, en todos los círculos artísticos nacionales e internacionales».

Renovarle el contrato al director del CAAM para que alcance quince años de permanencia en el puesto no es un acto ordinario de gestión, sino una decisión estratégica de primer nivel. Por mucho que su consejo de administración haya hecho consejera delegada a su presidenta, una medida como esta, por un mínimo de decencia, debería contar, para empezar, con la aprobación del consejo.

En cualquier caso, es lamentable que este órgano de gobierno esté integrado únicamente por políticos. Ninguno experto en arte, tampoco su presidenta. Esto contradice la recomendación del Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Artes, invocado día sí y día también en el CAAM, que recomienda una presencia equilibrada de administración, sociedad civil y especialistas.

Por su parte, el COAGC ha padecido una grave crisis interna a raíz del nombramiento de Juan Torres como director insular de Ejecución del Nuevo Estadio de Gran Canaria.

El Código Deontológico de los Arquitectos, redactado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, es claro: los miembros de un jurado y redactores de bases no pueden «aceptar cualquier tipo de encargo posterior directamente relacionado con la convocatoria». Torres lo vulnera doblemente.

Y los estatutos del COAGC dicen que es misión suya «velar por la ética y la dignidad de la profesión, tanto en las relaciones recíprocas de los arquitectos como en las de estos con sus clientes o con las Organizaciones en las que desarrollen su tarea profesional».

De igual modo que las once entidades del sector artístico reclamaron un concurso para renovar la dirección del CAAM, el 31 de diciembre numerosos colegiados presentaron un escrito en el COAGC exigiendo la disolución de la Junta.

Tras una tensa asamblea en la que Torres dimitió, se constituyó una nueva Junta de Gobierno que publicó inmediatamente una nota de prensa —no una circular interna— dirigida a la ciudadanía, que decía: el Colegio trabajará «con sujeción a los principios deontológicos, con plena autonomía en los criterios técnicos y ausencia de conflicto de intereses».

Para defenderse de las críticas por el nombramiento de Torres, el consejero de Deportes, Romero, afirmó que «no tenía que someterse a ninguna convocatoria pública» y que su designación se hizo «en base a los méritos y capacidades». Palabras casi idénticas a las de la consejera de Cultura, Medina, para justificar la renovación de Britto. En ambos casos, se sigue un mismo patrón político: el uso de la discrecionalidad, amparada en la legalidad para evitar la rendición de cuentas.

Les cuento todo esto porque a mí lo de Juan Torres Alemán y Orlando Britto Jinorio no me parece dos casos sino uno solo, cabildicio, y de cabildeo, de extrema gravedad.

El Cabildo de Gran Canaria no tiene un problema de legalidad, lo tiene de legitimidad. No vulnera lo jurídico, pero sí trata a patadas la deontología.

Aquí lo que está en cuestión es el modelo de gobernanza que se reproduce. Cuando las instituciones son administradas como feudos, dejan de servir al interés público para empezar a servirse de él.

Que algo sea legal no significa que siempre sea legítimo. En el caso Romero/Torres, el encadenamiento de encargos decisivos para la reforma y ampliación del Nuevo Estadio vulnera la ética profesional. En el caso Medina/Britto, el encadenamiento de prórrogas en la dirección del CAAM, sin evaluaciones periódicas independientes y cualificadas, vulnera igualmente la ética profesional.

Señor Aridany Romero Vega, señora Guacimara Medina Pérez: lo público no solo se legitima en los boletines oficiales. Debe ser legitimado también por la confianza de quienes sostenemos la democracia. Y esa confianza, una vez perdida, no se renueva automáticamente como un contrato.