Sin vivienda en Canarias

La crisis de la vivienda en Canarias no es un fenómeno reciente ni una consecuencia inevitable del devenir del mercado. Es, sobre todo, el resultado de varias décadas de mala gestión pública, decisiones aplazadas y una administración incapaz de anticiparse a un problema que hoy se ha convertido en una emergencia social. La vivienda ha dejado así de ser un derecho accesible para convertirse en un bien escaso y caro, incluso para quienes tienen empleo. Y en este proceso, la responsabilidad pública es tan evidente como incómoda.

Canarias se encuentra así con un parque público inexistente en medio de una emergencia permanente. El Archipiélago arrastra un déficit histórico de vivienda pública. A pesar de los sucesivos planes y de otros tantos o más anuncios, la realidad es que el parque residencial protegido, o sea, público, es insuficiente, mal distribuido y envejecido. La construcción de vivienda pública se ha visto lastrada por trámites interminables, falta de coordinación entre administraciones y una inversión errática, dependiente del ciclo político.

Mientras miles de personas esperan por el acceso a una vivienda digna, el suelo público permanece sin desarrollar"

El resultado es que la región se enfrenta a una paradoja inaceptable: mientras miles de personas esperan por el acceso a una vivienda digna, el suelo público permanece sin desarrollar y las promociones públicas tardan más en tramitarse que muchas privadas. Eso sí, tampoco crean que tardan mucho más. Ay de la burocracia.

Reparto de beneficios

El alquiler vacacional, una actividad legítima y que contribuye al reparto de los beneficios del turismo entre la población si se lleva a cabo con rigor y cuidado ha quedado a los pies de los caballos a causa de de la tolerancia administrativa y ausencia de control.

La expansión del alquiler vacacional no explica por sí sola la crisis, pero sí la ha agravado de forma decisiva. Durante años, la administración permitió su crecimiento sin regulación clara ni capacidad inspectora suficiente. Cuando reaccionó, lo hizo tarde y de manera desigual en islas y municipios.

La consecuencia ha sido una competencia directa con el alquiler residencial que, además, ha contribuido a elevar precios y a expulsar residentes. La administración, atrapada entre intereses económicos y presiones sociales, no ha sido capaz de imponer reglas claras ni mucho me os hacerlas cumplir.

Si construir es difícil; rehabilitar lo es aún más. Levantar una vivienda es complejo. Rehabilitarla, a menudo, imposible. La rigidez normativa, la superposición de informes y la falta de incentivos reales han frenado la renovación del parque existente, especialmente en cascos urbanos y zonas turísticas maduras.

Mensajes contradictorios

Mientras tanto, la administración lanza mensajes contradictorios: pide densificar, pero dificulta; exige eficiencia energética, pero no acompaña con procedimientos ágiles. El resultado es un parque envejecido y oferta insuficiente.

La crisis de la vivienda ya no afecta solo a colectivos vulnerables. Jóvenes con formación, trabajadores esenciales y familias con ingresos medios no encuentran dónde vivir. Muchos se ven obligados a compartir vivienda en condiciones precarias. Esta expulsión silenciosa tiene un impacto profundo: pérdida de talento, ruptura del arraigo y debilitamiento del tejido social. La administración observa, pero actúa con una lentitud incompatible con su gravedad.

Se anuncian planes y se crean mesas y observatorios, pero las viviendas no aparecen y los precios siguen subiendo"

La vivienda es otro de los ámbitos donde el lenguaje político se ha vaciado de contenido. Se declara la emergencia habitacional, se anuncian planes extraordinarios, se crean mesas y observatorios. Sin embargo, los plazos no se acortan, las viviendas no aparecen y los precios siguen subiendo. El problema no es solo de recursos, sino de capacidad de gestiónl.

La crisis de la vivienda en Canarias no se resolverá con más discursos ni tampoco con medidas aisladas. El problema requiere una administración que sea capaz de planificar a largo plazo, coordinarse y actuar con urgencia cuando el derecho a la vivienda está en juego. No es que falte suelo. No es que falte dinero. Lo que falta es una gestión pública más eficaz.

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