Cáritas y Foessa desenmascaran la realidad social

Llegó el Carnaval, una de las fiestas más esperadas del año tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, mientras los disfraces, murgas y comparsas llenan de color las calles de la zona del Puerto, en el barrio de Vegueta -al otro extremo de la ciudad- se ha revelado una realidad que la máscara no puede cubrir.

Hace apenas unos días, las dos Cáritas del archipiélago canario presentaron el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en Canarias. El documento nos invita a retirarnos, por un momento, la careta festiva para observar el rostro más amargo de nuestras islas. Para más de 560 000 canarios, el mayor desafío diario no es elegir una alegoría, sino mantener el «disfraz de la normalidad» pese a la exclusión social en la que viven sumergidos.

Canarias, que en los últimos dos años se ha consolidado como el punto de España con mayor recepción de migrantes por vía marítima, suma ahora otro dato crítico a su estadística: situarse a la cabeza de la exclusión social en el Estado. El motor principal de esta precariedad es la crisis de la vivienda. Aunque esta sea un derecho reconocido por la Constitución española, en las islas se ha convertido en una contradicción legal: con una oferta social insuficiente y precios de arrendamiento inalcanzables -que obligan a las familias a invertir más del 40 % de sus ingresos en el alquiler-, el derecho a un techo es hoy un «derecho fake»; es decir, existe sobre el papel pero no en la práctica, como denuncian Cáritas y la Fundación FOESSA. Se trata de una ley disfrazada que revela el desamparo y el vacío absoluto en el que quedan las familias más vulnerables.

El mercado laboral es otro de los asuntos pendientes. Bajo el brillo de una recuperación estadística evidente, subyace una fragilidad estructural: aunque el paro ha bajado al 14%, seguimos arrastrando una de las tasas de desempleo más altas de España. Es la paradoja del Carnaval: la purpurina de los datos macroeconómicos no logra que el «traje» de la estabilidad laboral les quede bien a todos, especialmente cuando la inflación devora el poder adquisitivo de los salarios.

Mientras la calle celebra la fiesta, el informe revela una estructura desigual que aísla a los más vulnerables. La exclusión tiene rostros definidos: afecta a casi la mitad de la población extranjera (48 %) y a uno de cada tres niños (34 %). Además, la brecha de género actúa como un disfraz pesado: la precariedad tiene rostro de mujer, golpeando al 30 % de los hogares encabezados por ellas.

En este panorama, vivimos en un modelo social a doble velocidad en el que la población se divide en dos grupos que avanzan a ritmos distintos, y donde la salud y la compañía se han vuelto privilegios. El aislamiento afecta ya a 114 000 personas, demostrando que la igualdad es hoy el disfraz más difícil de encontrar. Al cesar la fiesta, queda al descubierto una sociedad que erosiona sus lazos hasta dejar a miles de ciudadanos en una soledad que ninguna máscara puede ocultar.

Para que la justicia social deje de ser un «derecho fake», Cáritas y FOESSA proponen «un nuevo pacto social que ponga a las personas en el centro y refuerce el Estado del bienestar». No basta con retirar la máscara de la desigualdad de forma puntual; se requiere una sociedad civil activa, instituciones fuertes y una clase política valiente, capaz de construir consensos a la altura de los desafíos actuales. Solo así la dignidad dejará de ser el privilegio de unos pocos para convertirse en el traje común de nuestra gente.

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