Dejar de ser invisibles

La política migratoria en España atraviesa un momento de transformación estructural impulsado por el borrador del Real Decreto 1155/2024, que propone un mecanismo de regularización extraordinaria para personas que ya residen en situación administrativa irregular. En el archipiélago canario, esta medida adquiere una relevancia singular debido a su posición como frontera sur de Europa y a la complejidad de sus flujos migratorios. Para entender quiénes se beneficiarán realmente de esta iniciativa, es necesario analizar el perfil demográfico, socioeconómico y administrativo de la población migrante en las islas, apoyándonos en las cifras que arrojan las investigaciones más recientes.

La nueva normativa no plantea una amnistía general, sino un proceso condicionado a la acreditación de una permanencia continuada, la ausencia de antecedentes penales graves y, fundamentalmente, la demostración de vínculos de integración social y laboral. Uno de los requisitos clave que establece el borrador es acreditar al menos cinco meses de permanencia en territorio español.

Este matiz es determinante en Canarias, ya que, aunque el archipiélago recibió a más de 20.000 personas por vía marítima en 2020 y ha acumulado un total de 125.284 llegadas irregulares entre 1994 y 2020 (lo que supone el 28,45% del total de la frontera sur española), las islas funcionan a menudo como un territorio de tránsito. Muchas de estas personas son trasladadas rápidamente a la Península, lo que les impide generar el arraigo documental necesario para beneficiarse de procesos de regularización inmediata en el archipiélago.

Contrario a la imagen pública de la migración en Canarias, ligada casi exclusivamente a las pateras, el perfil que estructuralmente se encuentra en mejor posición para acceder a la regularización es el de personas procedentes de América Latina que entraron de forma legal (vía aérea) y permanecieron tras expirar su estancia.

Según datos de la asociación Entre Mares, sobre una muestra de 3.151 personas atendidas, los ciudadanos de Colombia representan el 23,23% del total en situación irregular, seguidos por los de Venezuela con un 8,12%. Este grupo se beneficia de factores lingüísticos y culturales que facilitan la obtención de informes de arraigo y la inserción en redes de apoyo vecinales y religiosas. Además, al haber entrado por aeropuertos, suelen contar con sellos de entrada y documentos de identidad vigentes, lo que simplifica la prueba de la permanencia continuada de cinco meses exigida por la ley.

Las personas procedentes de África occidental y del Norte, que constituyen el grueso de las entradas por mar (el 99,90% de las llegadas irregulares por vía marítima registradas por ONG), enfrentan mayores desafíos iniciales. En 2020, el origen de este flujo se concentró en Marruecos (51%), seguido de Mali (19,5%), Senegal (11,5%) y Costa de Marfil (7%).

El principal obstáculo para este perfil es la precariedad residencial y la dificultad para obtener documentos oficiales en las primeras etapas tras el desembarco. Sin embargo, aquellos que han logrado establecerse y empadronarse -como los ciudadanos senegaleses o malienses que trabajan en la agricultura o la construcción- podrán beneficiarse de la medida una vez superada la fase de llegada inicial.

La iniciativa tendrá un impacto profundo desde una perspectiva de género. Las fuentes señalan una «feminización de la migración»: si bien en 2020 los hombres representaron el 83,4% de las llegadas irregulares frente al 5% de mujeres, la presencia femenina es mucho mayor en el grupo de sobrepermanencia que trabaja en sectores de cuidados y servicio doméstico. Para estas mujeres, la regularización supone reducir su vulnerabilidad y aflorar empleos que actualmente se encuentran en la economía sumergida.

Asimismo, las familias con menores tienen altas probabilidades de éxito. El porcentaje de menores en la ruta atlántica ha subido del 1,62% en 2004 al 12% en 2019. La escolarización de estos niños genera registros administrativos continuos que funcionan como prueba irrefutable de la presencia de la familia en las islas, facilitando el acceso de los progenitores a la autorización de residencia.

La regularización busca también dar respuesta a la necesidad de mano de obra en sectores clave como la hostelería, la construcción y los cuidados. El perfil formativo de los migrantes irregulares en Canarias es notablemente heterogéneo y desmonta mitos sobre la falta de cualificación: el 10,93% de las personas en situación irregular poseen un grado universitario; el 9,65% cuentan con formación profesional especializada (electricistas, mecánicos, albañiles); y un 8,89% de los migrantes atendidos eran funcionarios de administración en sus países de origen y un 3,12% personal sanitario (médicos y enfermeras).

La formalización de este «capital humano» ya presente en el territorio permitiría cubrir vacantes técnicas y administrativas, mejorando la productividad de una economía canaria muy dependiente de los servicios.

Otro grupo relevante que se beneficiaría de la iniciativa es el de los solicitantes de protección internacional cuyos expedientes están paralizados o en trámites lentos. Canarias ha gestionado volúmenes significativos de estos casos, y muchas personas han permanecido meses en recursos de acogida sin una resolución clara. Para ellos, si cumplen el requisito de permanencia y arraigo, la nueva ley ofrece una vía alternativa de estabilización jurídica, permitiéndoles abandonar la incertidumbre administrativa y acceder al mercado laboral formal.

En definitiva, la iniciativa de regularización en España no está diseñada para el recién llegado que desembarca en las costas canarias, sino para el migrante que ya forma parte del tejido social y económico de las islas. El perfil que más se beneficiará es aquel que ha logrado construir una vida cotidiana en el archipiélago: principalmente latinoamericanos con redes familiares, trabajadores de la economía sumergida en sectores de servicios, y familias con hijos escolarizados. La medida permitirá que miles de personas dejen de ser invisibles administrativamente, aportando estabilidad a un territorio donde la migración es una realidad estructural y permanente.

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