iPad en el paritorio

Cuán inquietante resulta la imagen de una mujer pariendo mientras, al mismo tiempo, es juzgada. No en sentido figurado o como metáfora de esa vigilancia social constante que de manera histórica ha pesado sobre los cuerpos femeninos, sino de forma literal, con la pantalla de una tablet encendida frente a ella, con voces que deliberan y argumentos que se cruzan mientras su cuerpo se contorsiona de dolor. Hace unos días se viralizó el caso protagonizado por Cherise Doyley, una doula estadounidense a la que en pleno parto se le presenta una tablet a través de la cual es sometida a una audiencia judicial de emergencia, en la que un juez, médicos y representantes del hospital deliberan sobre la posibilidad de autorizar una cesárea que ella rechaza, alegando su deseo de intentar un parto vaginal a pesar de haber tenido cesáreas previas, mientras el equipo médico insiste en el riesgo de una posible ruptura uterina, un escenario clínico grave pero también probabilístico, no una certeza inmediata.

En ese momento, sin asesoramiento legal efectivo, sin margen real para procesar la situación, la negativa de Doyley se convierte en el centro de un procedimiento que, en lugar de reforzar su capacidad de decisión en un contexto de alta vulnerabilidad, la desplaza progresivamente hacia una posición en la que su voluntad aparece como un obstáculo frente a lo que se define como el interés superior del feto. Esto abre la puerta a que el tribunal autorice la intervención quirúrgica incluso sin su consentimiento explícito, en una escena que condensa de manera casi brutal la tensión entre autonomía corporal y tutela institucional. Algo similar, aunque menos espectacular en su puesta en escena mediática, ocurrió en España con una mujer identificada públicamente como Teresa, cuyo caso se remonta a los primeros meses de la pandemia. Teresa, tras negarse a determinadas intervenciones durante su parto, vio cómo el hospital solicitaba una autorización judicial urgente para practicarle una cesárea, alegando riesgos para el bebé, una solicitud que fue concedida y que derivó en una intervención realizada en contra de su voluntad, con la posterior denuncia por parte de la mujer, que describió la experiencia como una forma de desposesión radical de su propio cuerpo. Los tribunales, lejos de cuestionar de forma contundente la intervención, validaron la actuación médica y la autorización judicial bajo el argumento de la proporcionalidad y la protección de la vida del feto, dejando en un segundo plano la cuestión del consentimiento y consolidando la idea de que, en determinadas circunstancias, este puede ser sustituido por una decisión externa.

Si se observan ambos casos en paralelo, lo que emerge es un patrón reconocible en el que la negativa de la mujer activa una cadena de decisiones que terminan por neutralizarla. Parece así que la autonomía es un elemento negociable que puede ceder ante otros criterios considerados más urgentes o más legítimos. En ese desplazamiento, que se presenta como técnico y necesario pero que está cargado de implicaciones políticas y culturales, el consentimiento deja de ser un derecho robusto para convertirse en una formalidad condicionada, válida solo mientras no interfiera con el curso de acción que el sistema considera adecuado. De nuevo, el lenguaje juega un papel crucial, porque hablar de protección, de intervención en beneficio del menor o de decisiones clínicas inevitables permite suavizar la violencia implícita en el hecho de intervenir quirúrgicamente el cuerpo de una mujer sin su aprobación.

No se trata, por supuesto, de negar la existencia de riesgos reales ni de simplificar dilemas médicos complejos, sino de señalar que en esos escenarios límite es donde los principios deberían sostenerse con mayor firmeza. Esas razones, como muestran ambos casos, no son excepcionales ni irrepetibles, sino que forman parte de un marco más amplio en el que el embarazo sigue funcionando como un espacio en el que la capacidad de decidir se vuelve frágil, revisable, expuesta a la intervención de instituciones que, en última instancia, pueden imponer su criterio incluso en el instante más íntimo y vulnerable de todos.