Medidas anticrisis para Canarias

El acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central para mitigar los efectos de la guerra de Irán en las Islas genera cierto alivio en un contexto de incertidumbre. La decisión de aplicar medidas específicas para el Archipiélago en el marco del plan anticrisis nacional responde, aunque de forma limitada, a la falta de propuestas para la región en la iniciativa estatal. Y al hecho de que la condición ultraperiférica de Canarias amplifica el impacto del conflicto sobre los precios, el transporte y el tejido productivo.

El paquete acordado incorpora instrumentos que buscan contener la presión inflacionaria. La reducción temporal del IGIC sobre los combustibles, la devolución casi íntegra del Impuesto sobre los Carburantes a sectores estratégicos como el transporte y la agricultura, así como la ampliación del tipo cero del IGIC a productos básicos, constituyen medidas que afectan al coste de la vida. A esto se suma la mejora del Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional, que amplía el umbral de facturación exenta, y la habilitación de ayudas a los sectores más golpeados. Estas actuaciones evidencian una voluntad de amortiguar los efectos inmediatos de la crisis.

Sin embargo, conviene dimensionar el alcance del acuerdo. Los aproximadamente 60 millones de euros comprometidos representan una reducida parte del plan estatal, apenas el 0,3%. Se trata, por tanto, más un gesto político que una solución duradera. La eficacia de estas medidas dependerá de la evolución del conflicto internacional. Si la guerra se prolonga, los efectos inflacionarios y el encarecimiento del transporte, y por tanto de todo o casi todo, superarán con creces la capacidad de respuesta de este paquete.

La economía canaria es muy vulnerable a las tensiones geopolíticas. El encarecimiento de los combustibles repercute en el coste del transporte de mercancías y pasajeros, lo que afecta tanto al abastecimiento como al principal motor económico de las Islas: el turismo. Aunque en una primera fase pudiera producirse un desvío de flujos turísticos desde zonas cercanas al conflicto, este ‘beneficio’ sería efímero frente al incremento generalizado de precios.

El acuerdo tiene también una lectura política relevante. En un escenario nacional caracterizado por la confrontación entre las principales fuerzas, la capacidad de diálogo y entendimiento adquiere un valor añadido. La colaboración entre administraciones de distinto signo rompe con la dinámica de bloqueo y demuestra una vez más que la defensa de intereses generales debe situarse por encima de la disputa partidista.

Este entendimiento pone además de relieve la importancia de contar con interlocutores conocedores de la realidad canaria en los ámbitos de decisión estatal. La sensibilidad del ministro Ángel Víctor Torres hacia las singularidades del Archipiélago ha resultado determinante para que el Gobierno central rectificara su planteamiento inicial, que no contemplaba medidas específicas para las Islas. Aunque Torres se deba al Estado, tampoco puede permitir que la región, la suya, resulte maltratada.

Su actuación demuestra que la presencia en el Gobierno de España de perfiles con experiencia en la gestión de asuntos canarios facilita la incorporación de las particularidades isleñas a la agenda estatal. El reciente relevo en el Ministerio de Hacienda, con la llegada de Arcadi España, hasta ahora ‘mano derecha’ de Torres en Política Territorial abre una ventana de oportunidad para consolidar esta línea de trabajo. España, aunque valenciano, ya está familiarizado con Canarias y puede contribuir a reforzar la interlocución.

El reto de fondo permanece intacto. Canarias necesita una respuesta más ambiciosa y estable frente a las crisis externas que, de forma cada vez más recurrente, impactan en su economía. La construcción de mecanismos permanentes de compensación y resiliencia es clave para garantizar que el Archipiélago no quede en desventaja ante las perturbaciones globales. El acuerdo de esta semana introduce un alivio necesario, aunque insuficiente. Representa una muestra de voluntad política y de reconocimiento de la singularidad canaria. Pero el desafío reside en transformar este gesto en una estrategia sostenida que permita a Canarias afrontar con solidez un entorno internacional cada vez más volátil.