Un fisco de dignidad

Uno de los rasgos que definen la patologización de la democracia parlamentaria española es la aniquilación de la responsabilidad política. Nadie reconoce ya la responsabilidad política y, menos que nadie, el actual Gobierno español. Por supuesto puede sostenerse que la responsabilidad política no es un principio democrático demasiado practicado en España. Me parece discutible. Una vez, niños y niñas, dimitió un vicepresidente del Gobierno por la asunción de responsabilidades políticas. Para los más desmemoriados, se llamaba (y se llama) Alfonso Guerra. El 12 de enero de 1991 anunció que abandonaba el Gobierno y lo hizo al día siguiente. Guerra no estaba ni investigado ni procesado ni mucho menos había sido declarado culpable de ningún ilícito legal por tribunal alguno. Pero constaban fundadas sospechas de que su hermano Juan había practicado tráfico de influencias y prevaricación con varias empresas. Jamás apareció el más leve indicio de ayuda o complicidad de Alfonso Guerra en estas operaciones, y es más, finalmente el hermano fue absuelto. Más recientemente, en mayo de 1999, Josep Borrell abandonó la candidatura a la Presidencia del Gobierno por los delitos cometidos por dos colaboradores suyos en el Ministerio de Hacienda en los que no intervino directa ni indirectamente.

Todo eso acabó para siempre y supone un clarísimo quebranto de los principios democráticos. La responsabilidad política no es una suerte de suplemento de honradez o coquetería estética que el responsable público pueda admitir o rechazar. Es un requisito de una democracia sólida y madura y cuando se incumple lo que se sanciona no es faltar a una obligación legal, sino a una responsabilidad moral obvia que daña – así se entiende– su legitimidad política. Conceptualmente no es muy complicado. No es necesaria la sabiduría de Hans Kelsen para entenderlo. Carlos Mazón debió dimitir por responsabilidad política por su deleznable actitud el día que la DANA entró a matar en Valencia. Óscar Puente debió dimitir por responsabilidad política cuando decenas de personas murieron en el descarrilamiento de un tren por unas vías en mal estado. Pedro Quevedo debió dimitir como concejal del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque la sociedad municipal de gestión de la política turística local ha mostrado irregularidades contables asimilables a un desfalco durante varios años seguidos. Beatriz Corredor era la presidenta de Red Eléctrica antes del apagón del suministro del 28 de abril de 2025. Algunas comarcas y municipios se pasaron hasta diez horas sin energía eléctrica y el coste económico del incidente se ha cifrado en más de 5.000 millones de euros. A fecha de hoy Corredor sigue siendo presidenta de REE.

Ya no se trata de insistir groseramente en que no se tiene nada que ver con un desaguisado. Es que tratan de convencernos de que no se ha producido desaguisado alguno. Es la increíble milonga que están interpretando los socialistas canarios a raíz de la decisión del Tribunal de Cuentas de cerrar el caso mascarillas –el pago por adelantado de cuatro millones de euros a una empresa ajena a los productos sanitarios a cambio de un millón de mascarillas jamás entregadas– al considerar que no existe responsabilidad contable porque el Servicio Canario de Salud había activado la vía de apremio para recuperar el dinero (no se ha recuperado). Pero el Tribunal de Cuentas no es una instancia judicial. Es tan estúpido como desvergonzado apostrofar, como hace Nira Fierro, que la decisión del Tribunal de Cuentas «demuestra que no había nada». Se contrató a una empresa de chichinabo que importaba coches por la adquisición de un millón de mascarillas, se les pagó cuatro millones de euros y no se recibió un puñetero tapabocas. Dejen de tomarnos el pelo, no insistan en considerarnos imbéciles, no se rían miserablemente de la ciudadanía, señora Fierro. Ya basta. Si no se han asumido responsabilidades políticas, intenten al menos conservar un fisco de dignidad personal.

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