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Opinión | Retiro lo escrito

Dimisiones obligadas

Archivo - La presidenta de la mesa del Congreso, Francina Armengol, a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados,  24 de febrero de 2026, en Madrid (España).

Archivo - La presidenta de la mesa del Congreso, Francina Armengol, a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Las revelaciones sobre las conversas entre Armengol y Torres con Koldo García como intermediario de la banda de Víctor de Aldama en la pandemia, grabaciones y mensajes telefónicos intervenidos por la Guardia Civil, simplemente aclaran lo que es ya evidente: que ambos dirigentes socialistas sí se interesaron, y de qué manera, en las ofertas de material sanitario de Aldama y sus compinches. En líneas generales se trató, en ambos casos, de una prenegociación: recibir información sobre la oferta antedicha para que posteriormente las respectivas administraciones autonómicas (principalmente sus técnicos en materia sanitaria) las sustanciaran en contratos. Es un asunto sumamente delicado. Hace apenas unos días Torres y Armengol declararon por escrito a la sala de lo Penal del Tribunal Supremo que no dieron órdenes para formalizar contratos durante la pandemia de covid. Lo hicieron como testigos, es decir, obligados a decir la verdad. La señora Armengol – actualmente, como presidenta del Congreso de los Diputados, la tercera autoridad del Estado– aseveró en su testimonio que si recibió algún mensaje de Koldo, era incapaz de recordarlo. No le constaba. Bien, el último informe de la UCO, las grabaciones conseguidas por la investigación judicial, la retratan penosamente como una mentirosa. En las mismas se revela incluso que fue Armengol quien telefonea a Koldo García porque (esto es pasmoso) el ministro de Transporte no contesta sus llamadas o mensajes. Recuérdese que Torres, allá por 2025, proclamó alto y claro en el Senado que solo había mantenido «contactos institucionales» con el asesor del Ministerio. Al parecer, y dejando al margen el lenguaje de coleguita que empleaban los dos en otras conversaciones grabadas y anteriormente publicadas, el señor Torres entiende como «contacto institucional» charlar sobre la oferta de un laboratorio privado al Gobierno autónomo cuando aun estaba abierta la emergencia sanitaria. Lo que no entiende uno, quizás en su estupidez seráfica, es que personas adultas, después de saber que habían sido grabadas en el transcurso de una investigación judicial, persistan en el avestrucismo de ignorar hasta sus propias palabras.

La fragancia más sorprendente del tufo que desprenden estos nuevos audios y wasaps es que ambos presidentes autonómicos hablan sin mucha contención sobre estos asuntos no con el ministro, ni con su jefe de gabinete, ni con un secretario de Estado. El interlocutor era el amantísimo asesor Koldo García, que cuidaba a José Luis Ábalos proporcionándole tabaco, aspirinas, vacaciones, prostitutas, chismes. No hay un puñetero audio ni ninguna otra constancia escrita o verbal de Torres o de Armengol en el que brille un mínimo de respeto o autorrespeto institucional. Algo así, verbigracia:

– Oye, ¿qué te pareció lo del laboratorio que te dije el otro día?

– No sé. Quiero hablar con el ministro de todo esto…

– Ah, tuvimos una reunión con José Luis, todo está bien planificado, todo perfecto.

– Ya, pero yo quiero hablar personalmente con el ministro y no con un jodido asesor.

Al parecer a Torres le parece absolutamente normal que quien le acerca la oferta al oído, e insiste en ella, y lo encanta y lo amorosa sea García y Ábalos no diga ni pío, muy liado con sus trenes y sus jennifers. ¿Por qué no existen –al menos de momento– grabaciones de diálogos tan socráticos entre Torres y Ábalos? No me parece muy arriesgado aventurar una sencilla razón: porque Ábalos quería y sabía protegerse y Torres sabía que lo quería. Torres, como Armengol, tenía perfectamente metabolizada la jerarquía del partido y no estaba dispuesto a negarse a tratar de asuntos –incluso potencialmente escabrosos– que venían del valet del secretario de Organización. ¿Dio finalmente la orden? Supongo que ese es el quid penal de la cuestión. Lo demás está muy claro: por responsabilidad política Torres y Armengol deberían dimitir.

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