¿Alguien al volante?

La verdad me parece irrelevante la gresca entre el líder de Vox, Santiago Abascal, y el obispo de la Diócesis Canariense. Uno de los rasgos de las nuevas ultraderechas se expresa, precisamente, en el escaso respeto por las jerarquías de las Iglesias católica y protestantes. A Vox la doctrina religiosa le importa un higo pico: lo que le interesa es utilizar las creencias religiosas como un recurso identitario, como un vigorizante nacionalista. No lo han leído, por supuesto, pero el discurso de Vox comparte el principio de Menéndez Pelayo sobre la naturaleza católica (histórica y culturalmente católica) de la nación española. Lo que le ocurre a Vox con los obispos es similar a su descripción del PP como «derechita cobarde». Para Vox los prelados que se refieren positivamente a los migrantes, especialmente a los negros y moros, son «los obispitos cobardes» o algo similar. De ahí la salida de Abascal que acusa a todo el mundo de «hacer negocio» con los inmigrantes, cuando el mayor negocio político y simbólico lo está haciendo él.

Estos rifirrafes, que apuesto encantan a las dos partes, no deberían distraernos de un análisis que no se puede ver en ningún sitio, como es el impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación ilegal decretada por el Gobierno español y ya en marcha. En España se supone que podrán regularizar su situación unas 550.000 personas, aunque algunos (como Funcas) elevan la cifra a 800.000. En Canarias se asegura que los afectados pueden ser unos 42.000 hombres, mujeres y niños. Aquí, como en la Península, se han escuchado las mismas tontadas bienintencionadas. Se lo escuché el otro día a una tarumba en la radio: «Los migrantes que se regularicen en Canarias ya estaban atendidos en educación y sanidad así que no se notará nada». La simpática bocachancla no se equivoca: no se notará nada ahora porque ya se notó antes. Uno de los problemas de la sanidad pública canaria es la creciente presión asistencial que padece y que no cesa de aumentar. Se inyectan centenares de millones de euros al Servicio Canario de Salud y nunca termina de ser suficiente. Nadie duda que existe despilfarro y estrangulamientos presupuestarios, derivados no solo de la impericia de los gestores, sino de una estructura técnico-organizativa y administrativa que no contribuye al control de gasto. Pero fundamentalmente la raíz está en la saturación por una población que no deja de crecer. Solo en el bienio 2023-2024 creció la población en más de 52.000 personas. Nuevos residentes que en su inmensa mayoría eran inmigrantes: latinoamericanos y europeos principalmente. ¿Cómo reacciona un sistema sanitario público y universal cuando en 24 meses debe atender a 52.000 nuevos pacientes? En efecto, bocachancla, los nuevos regularizados están saturando los servicios sanitarios desde hace años porque el crecimiento demográfico de Canarias es demencial. Los viejos canarios –aquellos cuyas familias llevan tres o más generaciones aquí– ya no alcanzan la tasa de reposición, que está en 2,1 hijos por mujer. No superan el 1,6. En un cuarto de siglo serán una minoría. Canarias vuelve a ser un territorio de frontera, como en los siglos XVI y XVII. Seguir creciendo no es un lujo, sino un suicidio y una bomba de relojería adosada a la cohesión social.

Uno no se opone a la regularización. Simplemente cree que debe tener un límite. Que el Gobierno español debe anunciar (adoptar cono compromiso) que no se repetirá el proceso antes de veinte años y jamás en condiciones tan laxas como las mal definidas en el decreto ley que, a buen seguro, será reformado más pronto que tarde. Dos cosas. Los regularizados ahora dispondrán del derecho a la reagrupación familiar, es decir, a que familiares directos (padres, cónyuges, hijos) residan en España. Y desde que cumplan un año viviendo en plena legalidad podrán solicitar el ingreso mínimo vital y otras ayudas directas. ¿Se han evaluado los costes? ¿Se han realizado previsiones presupuestarias? ¿Alguien al volante de la Pura Bondad de Corazón?

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