La educación superior, la inversión más sólida

El desarrollo democrático y el progreso de una sociedad están condicionados por la formación de su ciudadanía; ambos avanzan al mismo ritmo. Dos pilares lo hacen posible: una financiación adecuada de las universidades públicas, que garantice la convivencia de todos los estratos sociales, y la libertad de cátedra, que asegura el flujo del pensamiento y ofrece un abanico de opciones para que el ser humano ejerza su capacidad creativa. En palabras de José Suay Rincón, catedrático de Derecho Administrativo de la ULPGC, la universidad pública es el reflejo esencial del pluralismo ideológico de la sociedad.

Este fue el sentimiento que se respiró el pasado martes en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Esta institución, junto a su homóloga de Tenerife, unió su voz a las de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna en la presentación del Manifiesto en Defensa de las Universidades Públicas. En dicho documento se reclama un pacto social y político que asegure el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU), la cual establece un marco de fondos económicos estables para preservar su independencia y continuidad.

Todo ello con el fin de dar cumplimiento al artículo 27 de nuestra Constitución, que no solo contempla la educación como un derecho fundamental, sino que reconoce la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el acceso del alumnado en condiciones de igualdad, asignando a los poderes públicos el rol de garantes activos del sistema educativo.

En el 250 aniversario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, su implicación en este acontecimiento testifica el cumplimiento del primero de sus artículos estatutarios, que afirma que su objeto es «promover el progreso de la educación pública, el fomento de la riqueza de la isla de Gran Canaria, la preservación de su medio ambiente y el mayor bienestar moral y material de sus habitantes». Una máxima que cobró fuerza en 1988, cuando la Económica se unió a la ciudadanía que llenó las calles para demandar la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El espíritu de aquella gran manifestación del 19 de mayo de 1988, que reunió a más de trescientas mil personas, se asomó el pasado 5 de mayo por los salones de la Económica en Vegueta. El acto refrescó la memoria de quienes hoy piden que aquel deseo unánime continúe cumpliendo su objetivo: optimizar la educación como elemento indispensable para el fortalecimiento de una sociedad canaria más equitativa, solidaria y comprometida con los valores democráticos. Los representantes del ámbito social, académico, empresarial y político presentes mostraron que sigue vigente aquel acuerdo tácito que se hizo realidad el 26 de abril de 1989 con la ley de creación de la ULPGC.

La aportación de dos mujeres referentes de la universidad pública dejó su testimonio en este acto. Por un lado, la tinerfeña Ana Crespo -primera mujer en presidir la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quien subrayó que los centros públicos deben ser el motor de desarrollo de una comunidad: «un tesoro que hay que cuidar y una herramienta insustituible para tener ambición». Por otro, Dolores Corbella -primera mujer canaria en ingresar en la RAE y socia de mérito de la Económica-, destacando las oportunidades que le brindó la educación superior: «Pudimos concebir lo que nos planteamos como la primera generación de la democracia; tuvimos todas las oportunidades gracias a una universidad libre donde todos, en igualdad de condiciones, podíamos alcanzar nuestros retos».

La renovación de esta alianza entre la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y la de Tenerife y nuestras universidades públicas supone un compromiso estratégico con el futuro de las Islas. En un mundo en constante transformación, proteger la universidad pública es salvaguardar la promoción humana y el pensamiento crítico que definen a una sociedad con proyección de futuro. El mensaje enviado desde Vegueta es claro: la educación superior no es un gasto, sino la inversión más sólida para que Canarias siga siendo dueña de su propio destino y progreso.