La parálisis del miedo

El informe del Consejo Económico y Social de Canarias alerta de que la buena marcha económica del último lustro solo ha mejorado ligeramente las cifras de la pobreza y la exclusión social en el país. Pero es que no puede ser de otra manera. Dos observaciones: la brecha no puede cerrarse– ni siquiera sustancialmente –si no se emprenden caminos de innovación en la economía canaria: diversificación de la actividad económica, asunción de riesgo, cambio de patrones. Existe una obsesión a derecha e izquierda: quien es el responsable de todo esto es el Gobierno, y como la cosa no va bien, siempre se trata de un porco goberno. Yo creo, sinceramente, que a los gobiernos hay que exigirles mucho, hay que exigirles rigurosa y críticamente, pero sin concederle jamás una estatura mesiánica; ni es posible, ni es deseable. En mi memoria están registradas dos intervenciones públicas sobre el presente y el futuro sobre la economía isleña. Uno, ese magnífico libro, Canarias, misión productividad, de Antonio Olivera y David Padrón; el otro, el ciclo de conferencias que bajo el título Una reflexión sobre la economía de Canarias organizó la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, y muy singularmente, la muy lúcida ponencia del profesor José Ángel Rodríguez Martín. En ambos casos los instrumentos para aumentar y mejorar la cohesión social de Canarias y arrinconar la pobreza se mencionan igual: la educación, la innovación, la creatividad, la puerta en marcha de un proyecto de país renovador y con un amplísimo respaldo social sobre principios y directrices que puedan y deban compartir la izquierda moderada (socialdemócrata) y el centro derecha (nacionalista).

En esa como en otras intervenciones Rodríguez Martín explica la característica básica, al mismo tiempo evidente y recóndita, de la sociedad canaria: el miedo al cambio. La renuncia temerosa a cualquier riesgo. Es una epidemia silenciosa y satisfecha de sí misma que afecta a todos los sectores políticos y sociales. Los empresarios grandes y pequeños, los sindicatos mayoritarios y minoritarios, los bien pagados y los desempleados, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Las pymes quieren protección normativa y subvenciones porque, en la práctica, no existe ahorro empresarial, no existe capacidad de reinversión continuada, no existe músculo financiero. La mayoría de los jóvenes no quiere emprender empresarialmente ni internar la aventura de un profesional independiente: el gran sueño, en 2026, continúa siendo conseguir una plaza de funcionario para siempre jamás donde nadie se mata a trabajar, al contrario: se curra lo menos posible y sin miedo a represalias mientras engordan trienios y quinquenios. Los gobiernos autónomos viven una curiosa paradoja: por un lado defienden con uñas y dientes una especificidades fiscales que convierten a Canarias en un país con una tributación comparativamente baja; por otro arrastran, en buena parte por las delicias del REF y sus recursos anejos, un déficit crónico que les lleva a pelearse con el Gobierno central –a veces extendiendo la mano obedientemente, otras guerreando desde la indignación– para que se les transfieran más recursos en una espiral interminable. Se suele describir La Palma como una isla que vive en espléndido aislamiento y una quietud económica casi mineral porque está generosamente subvencionada por Bruselas, el Ministerio de Agricultura y el Gobierno autonómico. Pero La Palma representa, en realidad, un espejo en miniatura que acentúa –ligeramente– los rasgos fundamentales de todas las islas.

En un sistema capitalista, sin innovación organizativa y tecnológica no se impulsa la transformación social ni aumenta la productividad ni surgen nichos de empleo ni se genera riqueza ni cabe realizar auténticas políticas sociales, no políticas meramente asistenciales. Hasta que no cambien los dioses tutelares de la economía canaria –el gobierno salvífico, la obsesión subvencionera, la ausencia de innovación, el terror al cambio, la carencia de un proyecto– nada habrá cambiado.

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