La llamada de la selva

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de participar como invitado en la comisión del Parlamento de Canarias que aborda la pobreza infantil. Aunque mi aportación nace desde la mirada práctica de las ong´s por mi participación en la Plataforma del Tercer Sector de Canarias, repasando algunos datos diagnósticos hay uno que me llama la atención tanto por novedoso como preocupante. Dentro del último informe AROPE autonómico, el porcentaje de familias que viven en el ámbito rural y que se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de exclusión se ha duplicado en los últimos cinco años. Históricamente la pobreza asociada a este ámbito se revirtió con la metropolización de la economía y el abandono del campo, convertido poco a poco en espacio vacío y de segunda residencia, demográficamente envejecido y con un sector agrícola en declive. Sin embargo, da la sensación de que esta nueva tendencia no tiene que ver por desgracia con una revitalización del campo y el necesario empleo que este puede generar.

Si cruzamos estos datos con otras claves que aparecen precisamente en este y otros vamos a encontrar que el principal vector que marca la nueva «migración» inversa «ciudad-campo» es la falta de disponibilidad de vivienda para este segmento poblacional. La imposibilidad de adquirir alojamiento ni en propiedad ni el alquiler con un precio de mercado asequible ha hecho que muchas familias con menores a cargo deban buscar vivienda en zonas de medianías o barrios del campo, llamados (u obligados) a dejar la ciudad por no poder vivir en ella. Lamentablemente este indicador coincide en el tiempo con otros como el hecho de que ya un quince por ciento de nuestra población infantil vive en hogares donde todos en edad de trabajar lo hacen, es decir, que ni siquiera el empleo es un factor de inclusión en sí mismo. Un veinte por ciento de las familias no tienen espacio material físico en la vivienda para convivir (dato que también ha aumentado notablemente, quizás en relación a que muchas viviendas rurales no son amplias en su superficie construida sino en el aprovechamiento del terreno cultivable). Para colmo, algunos de los instrumentos implementados que sabemos ayudan a reducir la pobreza infantil no llegan a la mayoría por una incapacidad administrativa de los entes públicos responsables (según Eurostat y AIReF, un 55% de personas que cumple condiciones para cobrar el Ingreso Mínimo Vital no llega a recibir la prestación, un 72% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia).

Ojalá fuera una llamada a vivir en lo salvaje desde el romanticismo del título en lugar de un grito de expulsión desde la selva urbanística. Hablamos de familias pobres con niños y niñas que por necesidad se alejan de su entorno de referencia o apoyo familiar para poder tener una casa. Ese alejamiento se da también de unos servicios sociales adecuados u otros recursos básicos, saturando otros que no están preparados para ello en estos nuevos municipios de acogida. Es una realidad oculta que parece ir a más.

De fondo lo que subyace en Canarias es una disfuncionalidad clara entre el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad, correlación hipertrofiada además desde la última gran crisis económica y acentuada en la pandemia. En tiempos de pobreza infantil estructural (cada vez que hay una crisis el «suelo» de esta sube al menos cinco puntos), cestas de la compra con productos básicos por las nubes, saturación del espacio urbano, incendios de quinta generación… cabe pensar si esta nueva llamada de la selva podría de verdad reorientarse desde lo público hacia conducir una nueva mano de obra al desarrollo rural, programas formativos de segunda oportunidad efectiva y relacionada con la economía agrícola y, en general, revitalizar espacios abandonados de manera integral y para la gente, especialmente para esas familias y niños que necesitan una oportunidad.