Términos y condiciones

¿Por qué nadie se lee los términos y condiciones de los servicios que adquiere? Yo por mi parte siempre pulso «aceptar», ni siquiera hago el amago de leer el contrato kilométrico. Cada vez que instalo una aplicación, contrato un nuevo servicio o una nueva tarjeta en el banco o compro cualquier cosa por Internet. He preguntado a amigos y conocidos y la mayoría confiesa saltarse esa parte. Cada vez en las que aparece esa casilla con el texto «He leído y acepto las condiciones de uso», todos la marcamos sin leer nada, con la tranquilidad del que miente sin consecuencias porque sabe que le acompañan varios cientos de millones de personas haciendo exactamente lo mismo, en este mismo momento, en cualquier rincón del mundo con conexión a internet.

Diría que no es pereza sino aritmética. La política de privacidad media de una aplicación tiene unas cuatro mil palabras, la de Apple supera las quince mil, y según un estudio de Carnegie Mellon, si alguien quisiera leer todas las condiciones de los servicios que usa a lo largo de un año necesitaría 76 días laborables completos dedicados exclusivamente a eso, sin ducharse, sin comer, sin hacer nada más que ser, por fin, el consumidor responsable e informado que el sistema finge que somos. La única forma de cumplir con lo que se nos pide es, por tanto, dejar de ser una persona funcional. Así que no es que seamos irresponsables, es que el juego está trucado desde el principio y todos lo sabemos y nadie lo dice muy alto, quizá porque reconocerlo obligaría a hacer preguntas incómodas sobre quién diseñó estas reglas y a quién benefician.

El teatrillo este no se da solo con las aplicaciones del móvil o las cookies de las páginas web. Ocurre también con el empleado que firma cuarenta páginas de confidencialidad el primer día de trabajo, con la americana nueva puesta y una mezcla de ilusión y nervios que no invita precisamente a pararse a leer la letra pequeña. Preguntar según qué cosas tampoco ayuda. Ocurre con la inquilina que acepta cláusulas abusivas porque el mercado del alquiler no le da ningún margen para ponerse exquisita cuando hay otras diez personas esperando para ver el piso y con la señora o el señor que firma el formulario de consentimiento informado en un centro de masajes o de estética, ojeando folios que nadie, ni el profesional que se los pone delante con una sonrisa, espera que lea de verdad. En todos estos casos el consentimiento existe en el papel con toda su pulcritud jurídica, pero en la práctica es otra cosa: un trámite que el sistema necesita para mantener la ficción de que todo es voluntario y razonable, cuando lo que hay debajo es una relación de poder bastante clara y antigua.

La solución que propone siempre alguien en estos debates es que deberíamos educarnos, leer lo que firmamos, ser más diligentes, como si el problema fuera una cuestión de hábitos y no de un diseño deliberado que convierte la comprensión en algo prácticamente inalcanzable para cualquiera que tenga un trabajo, una familia o simplemente algo mejor que hacer con su tarde. Los contratos son largos porque la longitud desincentiva la lectura, las condiciones se entierran en párrafos densos porque la complejidad disuade la comprensión, y todo se presenta como un bloque que se acepta o se rechaza sin margen para negociar nada, porque la alternativa —no tener teléfono, no tener cuenta, no tener acceso a servicios que hace veinte años eran opcionales y hoy son infraestructura básica— tampoco es realmente una alternativa. Es una amenaza con buena presentación. Firmamos, aceptamos y seguimos. Existe un pacto tácito entre el sistema y nosotros: él finge que nos informa, nosotros hacemos como que nos hemos enterado, y así todos podemos seguir con nuestras vidas. Es un acuerdo cómodo, en realidad. El problema es que la comodidad siempre tiene un precio, y en este caso el precio lo fijó alguien en una cláusula que nadie se ha leído. Quedará registrado para siempre, en algún servidor frío, que hemos dado nuestro consentimiento libre e informado.