Comisiones y circos

Tanto los socialistas como Nueva Canarias han decidido de facto abandonar la comisión de investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia de 2020 utilizando las mismas retóricas y ocurrencias. La palabra que más han repetido ha sido circo. Toda la comisión ha sido un circo, toda, desde el principio, recalcó la diputada socialista Nira Fierro, sin reparar en que solo se echaba porquería encima. Porque si la comisión de investigación ha sido un grotesco y malicioso circo desde el principio, ¿por qué el PSOE participó tan activamente en la misma? Los socialistas participaron en el diseño del cronograma de los trabajos, solicitaron comparecientes, formularon cientos de preguntas –en especial la propia señora Fierro, expresando una y otra vez su olímpico desprecio por el resto de los partidos, salvo al caniche habitual, NC– e incluso intentaron reventar la comisión denunciando la filtración del borrador del dictamen –ni siquiera el dictamen mismo– del herreño Raúl Acosta, quien condujo con exquisita ecuanimidad los debates e interrogatorios. Acosta, por supuesto, hizo muy bien en no dimitir, y socialistas y canaristas siguieron asistiendo a las reuniones como si tal cosa.

Si los grupos actualmente en la oposición han renunciado a presentar conclusiones propias sobre la labor de la comisión no es porque no las tengan ni porque detesten acendradamente a Gaby, Fofó y Miliki y a todos sus antecesores profesionales, sino porque saben que la mayoría aprobará las suyas. No quieren perder y eso es todo. Porque ha desaparecido completamente la gallardía y el sentido del deber en el ámbito parlamentario, de manera que si uno, por pura aritmética en la Cámara, está destinado a ser derrotado, pues rehúye su responsabilidad, no hace su trabajo, profiere cualquier necedad exculpatoria y se dedica a arremeter contra el adversario. Los representantes del PSOE y de Nueva Canarias en la comisión, y muy en particularmente Nira Fierro y Esther González, deberían devolver hasta el último céntimo que han cobrado en concepto de dietas durante los últimos dos años como payasos del circo donde han hecho horas y horas de guasa tronante o quejumbrosa.

Esta comisión de investigación –la misma que en la anterior legislatura impidió con granítica determinación la mayoría de izquierdas– ha sido un espacio más en la política española para constatar la defunción del concepto de responsabilidad política. Aunque los más cínicos insistan en dibujarla como algo accesorio y prescindible, la responsabilidad política está en el núcleo de la democracia parlamentaria y de un gobierno con vocación de servicio público. De verdad que no es necesario ser Max Weber para entenderlo. ¿Y no fue Weber el que estableció la dupla entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad? Un gobernante, insistió, no puede escudarse en sus buenas intenciones si el resultado de su gestión, global o sectorialmente, ha producido un daño social, económico o institucional objetivo. La responsabilidad política no es un detalle insignificante o un agregado de prestigio o desprestigio, una especie de perfume político o ideológico. Forma parte de los principios democráticos, y junto a la eficacia o ineficacia de la gestión, es precisamente lo que valoran los ciudadanos en las urnas. Siempre se me antoja asombroso escuchar a Fierro y a otros políticos que han asumido tal papel hablar de culpabilidad o inocencia, de indicios o de pruebas, de leyes o reglamentos. Saben perfectamente que lo que se dirimen no son responsabilidades jurídicas, sino las consecuencias de decisiones políticas que han permitido o tolerado un impacto negativo o distorsionador en los procedimientos administrativos, en los criterios técnicos o en el erario público. Y es obvio que ocurrió durante la pandemia de 2020. Por no hablar de otras muchas cosas –las relaciones con una trama criminal urdida desde el mismo Gobierno español– cuatro millones de euros desaparecieron gracias a un simulacro de gestión administrativa.

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