La batalla contra la responsabilidad

La única manera de tapar el elefante en la habitación - el elefante es la responsabilidad política de Sánchez, obvia y directa, en el funcionamiento de una organización criminal en el seno de su Gobierno - es anunciar una persecución judicial que solo puede compararse con la actividad del Tribunal de Orden Público durante el franquismo. No dudo que mucha gente (incluido algún subsecretario de Estado) se crean de verdad lo de Van a por nosotros. La victimización es tanto una estratagema retórica como un placer masoquista. Pero hoy funciona precisamente para eludir cualquier contacto - que los sanchistas entienden letal y no les falta razón -con la responsabilidad política. Cuando escribo esto escucho el discurso de dimisión del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Se marcha por motivos que en España provocarían risas entre el respetable. A saber: los laboristas cayeron en las elecciones municipales, la ultraderecha (incluso una nueva ultraderecha) no ha dejado de creer en las encuestas, el primer ministro admitió regalos de donantes del partido (regalos que declaró siguiendo las normas, pero lo grave está en que los aceptó encantado) y ha desaparecido el debate interno en el seno de la organización. Desde un punto de vista sanchista, insignificancias. Starmer es un pringado.

Cualquier cosa antes que admitir responsabilidad política alguna, aunque el corrupto ordinario y putero se sentara en el Consejo de Ministros y fuera el secretario de Organización del PSOE, responsabilidades ambas que no se sacó en una tómbola, sino que fueron el fruto de una decisión explícita de Pedro Sánchez. Incluso se han autorizado a sí mismos para indignarse por la condena impuesta a José Luis Ábalos. Les parece demasiado elevada, aunque aplicando el sistema de redenciones de pena el tipo podría estar en la calle en diez o doce años. Mentiras, gritos, crujir de dientes, pataleos, acusaciones, chismes, babas sulfúricas, repetición gallinácea de las excusas y tramoyas ya repetidas hasta la náusea durante el último año, todo entreverado, machado, predigerido para una circulación incesante en redes y en los medios amiguitos. Mi estupidez apologética favorita es esa de que Sánchez no sabía nada. Eso es, en el mejor de los casos, absolutamente irrelevante; en el peor, incluso una circunstancia agravante. Por ética democrática, por respeto a las instituciones, por sentido elemental de la decencia política, Pedro Sánchz debe dimitir y convocar elecciones generales. No lo hará, por supuesto.

Este desprecio supino por la responsabilidad política, por la ejemplaridad como pilar imprescindible del orden democrático, no es otra cosa que el material de derribo resultante de la práctica de los dos grandes partidos políticos españoles (PSOE y PP) en su lucha durante décadas para cooptar el sistema constitucional entero con cada vez mayor apetito, energía y cinismo. Si la oligarquía de los principales partidos se niega a asumir responsabilidades políticas - sea el caso mascarillas y derivados, sea por el caso Kitchen - la impunidad queda consagrada de facto, salvo a efectos judiciales. Y en rigor, como demuestra lo ocurrido en las últimas horas, las sentencias judiciales tampoco son motivo suficiente para dimitir, destituir o convocar elecciones. Ni para unos ni para otros. El combate a favor de la irresponsabilidad se prolonga ya lustros y se recrudece a diario. El coste para la legitimidad democrática del sistema político les importa un carajo. En el peor de los casos, si un periodista pide sencillamente que se asuman responsabilidades políticas por casos de gestión irregular desde un Gobierno, se le insulta, y se le vuelve insultar, y se insiste en el insulto y punto. Porque, para volver al principio, lo importante no es debatir sobre las responsabilidades políticas en la esfera pública, Lo importante es ocultar el elefante detrás de media docena de tuits empapados en estupidez y soberbia. No, no son gran cosa estas infelices aunque bien pagadas figurillas. Y no le hacen daño a nadie, salvo a los más básicos principios de la democracia representativa.

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