La Canarias que funciona: cuando la democracia ofrece resultados

Hay una pregunta que cada vez escuchamos con más frecuencia, aunque pocas veces se formule de manera explícita: ¿por qué tantas democracias atraviesan una creciente desafección ciudadana? No se trata de una percepción aislada. El último prestigioso Informe sobre la Democracia del Instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, advierte de que, por primera vez en más de dos décadas, las autocracias superan en número a las democracias y que cerca del 72 % de la población mundial vive hoy bajo regímenes no democráticos. Ese dato no solo refleja un retroceso de la democracia en el mundo; también obliga a preguntarnos por qué incluso en las democracias consolidadas crece la frustración de los ciudadanos con sus instituciones.

La respuesta no está únicamente en la economía ni en la ideología. En gran medida tiene que ver con algo mucho más sencillo: la sensación de que las instituciones democráticas han dejado de resolver los problemas cotidianos con la rapidez y la eficacia que la sociedad demanda. Durante décadas dimos por hecho que la legitimidad democrática bastaba para mantener la confianza de los ciudadanos. Hoy ya no es suficiente. La ciudadanía no solo exige instituciones legítimas; exige instituciones útiles. Porque un ciudadano no mide la calidad de una administración por el número de leyes que aprueba, sino por el tiempo que tarda en abrir un negocio, en conseguir una licencia, en acceder a una vivienda o en obtener una respuesta cuando la necesita. El gran desafío de la democracia en el siglo XXI no es solo proteger las libertades; es demostrar que puede resolver los problemas de la gente con rapidez, inteligencia y resultados.

No es una reflexión nueva. Los grandes transformadores de ciudades de las últimas décadas entendieron que la confianza ciudadana se gana resolviendo problemas concretos. En Curitiba, Jaime Lerner revolucionó el urbanismo demostrando que muchas veces la innovación no depende de disponer de más recursos, sino de eliminar complejidad y ejecutar con rapidez. En Nueva York, Michael Bloomberg convirtió la medición de resultados y el uso de datos en una herramienta cotidiana de gobierno, convencido de que aquello que no se mide difícilmente puede mejorarse. Y en Bogotá, Antanas Mockus demostró que una administración también puede transformar una ciudad recuperando la confianza entre las instituciones y los ciudadanos, apelando al comportamiento cívico y a la corresponsabilidad. Incluso experiencias internacionales muy distintas, como la de Singapur, han puesto de manifiesto una enseñanza que las democracias no deberían ignorar: la eficacia institucional también genera legitimidad. La lección no consiste en importar modelos políticos ajenos, sino en comprender que ninguna democracia puede conformarse con ser libre si deja de ser capaz de ofrecer resultados.

La democracia no pierde prestigio cuando discute; lo pierde cuando no resuelve. Cuando una administración deja de ser funcional, la frustración ciudadana aumenta. No porque la gente quiera menos libertad, sino porque nadie quiere vivir atrapado en procedimientos interminables, competencias fragmentadas y respuestas que nunca llegan.

Este reto interpela especialmente a las administraciones más cercanas al ciudadano. Los ayuntamientos ya no pueden limitarse a gestionar competencias. Deben convertirse en organizaciones capaces de coordinar recursos, atraer talento, colaborar con empresas, universidades y sociedad civil y anticiparse a los problemas antes de que aparezcan. El ciudadano no distingue si una competencia corresponde al Ayuntamiento, a la comunidad autónoma o al Estado. Solo sabe si su ciudad funciona o no funciona.

La competitividad de una ciudad ya no depende únicamente de sus infraestructuras o de su presupuesto. Depende también del tiempo que la administración hace perder —o ahorrar— a sus ciudadanos. Porque el recurso más valioso que gestiona un ayuntamiento no es el dinero público; es el tiempo de las personas.

Por eso las ciudades del futuro competirán, sobre todo, por tener mejores instituciones. La libertad y la eficacia no son valores incompatibles. Una democracia madura debe ofrecer ambas. En el siglo XX las democracias demostraron que eran el mejor sistema para garantizar la libertad. El gran reto del siglo XXI consiste en que las democracias demuestren que también son el mejor sistema para ofrecer resultados a sus ciudadanos.

Canarias tiene ante sí una oportunidad histórica. No puede competir por tamaño, pero sí puede competir por la excelencia de sus instituciones. En un mundo competitivo donde demasiadas administraciones avanzan con lentitud, el archipiélago puede diferenciarse haciendo de la agilidad, la innovación y la capacidad de resolver problemas su principal seña de identidad. Si en el siglo XX la competitividad se medía por puertos, carreteras, aeropuertos o polígonos…en el XXI se medirá por la rapidez con la que una administración concede una licencia, atrae inversión, incorpora tecnología o resuelve un problema ciudadano. Porque una administración que resuelve no solo presta mejores servicios: genera confianza, libera talento, atrae oportunidades y fortalece la cohesión social. Y es que la gran ventaja competitiva de Canarias en el siglo XXI puede no estar solo en su geografía sino en lo en lo eficaz y agiles que logremos que sean nuestras instituciones.