Reconstrucción múltiple

El devastador terremoto que ha sacudido Venezuela añade una nueva tragedia a un país marcado desde hace años por una profunda crisis política, económica e institucional. Los dos seísmos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia, han dejado, según el balance provisional, centenares de fallecidos -entre ellos, varios españoles-, miles de heridos y decenas de miles de desaparecidos o personas pendientes de ser localizadas. El sistema de estimación del servicio geológico de Estados Unidos estima, además, una probabilidad significativa de que el número final de víctimas mortales se sitúe entre

10.000 y 100.000, lo que confirma que el alcance humano de la catástrofe aún está por determinar.

Aunque Venezuela se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica, la magnitud del desastre ha evidenciado la fragilidad de unas infraestructuras deterioradas por años de crisis económica, escasa inversión y debilitamiento institucional. La destrucción de viviendas, hospitales y servicios básicos golpea a una sociedad donde la pobreza y la precariedad ya condicionaban la vida cotidiana, lo que dificulta la respuesta a una emergencia de esta envergadura.

La tragedia sobreviene, además, cuando el país apenas ha iniciado una etapa de transición política con la instauración del Gobierno interino tras la extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Las nuevas autoridades han comenzado a redefinir las relaciones internacionales, renegociar la deuda externa y abrir la economía con el objetivo de estabilizar un país profundamente deteriorado. Sin embargo, la mejora de algunos indicadores macroeconómicos, impulsada sobre todo por el aumento de la producción petrolera y la llegada de inversiones, contrasta con la persistencia de elevados niveles de pobreza, unos servicios públicos debilitados y altos niveles de corrupción. En este contexto, las llamadas a la unidad formuladas desde distintos sectores políticos -desde el depuesto Maduro hasta la líder opositora María Corina Machado- trascienden el simbolismo al poner de relieve que una crisis de esta magnitud solo puede afrontarse mediante la cooperación entre las instituciones, la sociedad civil y la comunidad internacional, cuya prioridad debe ser salvar vidas, asistir a las víctimas y responder con rapidez al sufrimiento de miles de familias.

La vinculación de Canarias con Venezuela convierte a la autonomía en interlocutor en unas horas tan tristes para la república. El Archipiélago tiene el deber moral de cooperar en la logística de la ayuda internacional y en el refuerzo de los servicios de rescate, así como en la coordinación de la ayuda alimentaria y médica ofrecida por ayuntamientos y cabildos.

Las Islas y el país de América del Sur han tejido unas relaciones que se remontan a las primeras emigraciones isleñas en veleros. En sentido inverso, hemos sido territorio de acogida para los retornados, un movimiento poblacional que se ha visto incrementado en los últimos años debido a las dificultades económicas por las que atraviesa Venezuela.

Una prueba de ese hilo umblical ha llevado a los sucesivos gobiernos canarios a tener una representación oficial en la llamada ‘octava isla’, en atención a las necesidades del colectivo de residentes de origen canario. Aún con el recuento abierto de víctimas mortales, Canarias tiene que lamentar el fallecimiento de Isabel ‘Chavela’ Jara, la delegada del ejecutivo de Fernando Clavijo .

Venezuela se enfrenta ahora a una reconstrucción múltiple. A la reconstrucción física de ciudades, infraestructuras y viviendas y a la sanación de los heridos se suma la recuperación emocional de una sociedad marcada por el duelo y la incertidumbre. Ambas deberán desarrollarse en paralelo a la reconstrucción política e institucional iniciada tras el cambio de poder y al intento de recuperar una economía que sigue mostrando importantes fragilidades.0

La forma en que estas cuatro dimensiones avancen de manera coordinada condicionará el futuro inmediato del país. Un escenario en el que la gestión de la catástrofe constituirá una prueba de fuego para un Gobierno interino ya de por sí débil y cuestionado, cuya capacidad para responder con eficacia, transparencia, sentido de Estado y un escrupuloso respeto por los derechos humanos será determinante para consolidar una legitimidad interna y externa que sigue siendo muy frágil.