Lo que pasó, lo que puede pasar

Estábamos en 1970, España tenía un Gobierno autocrático derivado de una guerra civil cuya figura principal, el General Franco, se hallaba en el lógico declive físico por su avanzada edad y salud crítica que hacía previsible el cercano fin de un sistema de difícil reemplazo en sí mismo. No era imaginable otro caudillo sustituto y la estructura política vigente en el momento no cumplía las reglas de un sistema democrático moderno y liberal, lo que hacía difícil e improbable la continuidad de la organización franquista sin Franco. En ese contexto, los seguidores y dirigentes del Régimen intentaban perpetuarlo. Otros ciudadanos se planteaban encontrar soluciones democráticas utilizables cuando se produjera la muerte del General, que tuvo lugar de manera natural y por enfermedad en noviembre de 1975.

En esas fechas España tenía una población de 35.000.000 de habitantes. Hoy somos 49.600.000, de los que 27.600.000 no habían nacido al morir Franco, lo que representa el 56% de la población actual. Añadimos que dos de cada tres españoles no habían nacido o tenían menos de 15 años en 1975. Es fácil comprender que España ha

cambiado sensiblemente al menos en su número de “interesados”, y que eso puede personificar o justificar una distinta visión del momento actual, de la historia pasada, y del futuro previsible, diversa en ese 56% de los otros titulares componentes del 44% restante.

O sea, podemos distinguir demográficamente dos grupos: unos, los mayores, con una historia propia de un sistema político y una organización social heredera de una trayectoria marcada por una guerra civil que dejó una huella imborrable, con distintas variables, en la memoria. Y que tuvo que adoptar resoluciones a la muerte del Jefe supremo, en beneficio o teniendo en cuenta los intereses además del otro bloque, el 56%, lo que se traduce evidentemente en que las decisiones de entonces se adoptaron no solo para resolver aquel momento y un futuro incierto para los que estaban allí, sino para conseguir un mejor porvenir, más seguro y viable, para los beneficiarios que nacieran y crecieran después del fallecimiento del General muerto.

Por un lado, las fuerzas del Régimen se preparaban para los acontecimientos que habrían de ocurrir y lógicamente intentaban defender sus posiciones de supervivencia.Y otras fuerzas, más o menos cohesionadas, también pensaban como organizarse y como lograr el anhelado deseo de que España pasara a ser una nación moderna en lo político -se había conseguido bastante en lo social y en lo económico-, equiparable a las demás naciones europeas y del resto del mundo democrático. Donde las distintas ideologías y visiones políticas y los derechos humanos y ciudadanos fueran respetados y pudieran vivir en paz y armonía, con el respeto que las ideas de cada uno pudiera merecer.

De esa manera, se empezaron a organizar los partidos políticos con cierta clandestinidad y al margen de lo que las leyes y las autoridades del momento permitían, y de la misma manera, el Régimen revisaba sus estructuras para intentar su autosucesión, queriendo continuar y perpetuar de algún modo el régimen franquista. El poder establecido buscaba fórmulas nuevas que permitieran disfrazar de democracia el continuismo franquista mientras lo que llamábamos “ la oposición “ se debatía y discutía sobre un futuro de ruptura o transición. Es fácil deducir que lo que al final triunfó fue la segunda fórmula. Se llegó a una cierta entente, fallecido el General, en la que todas las fuerzas confluyeron cediendo posiciones para seguir un proceso conocido -y ahora denostado por algunos- como la “Transición”, en el que se dieron muchos pasos para llegar a un acuerdo. Entre ellos, quiero destacar un acto político que debe ser recordado como fundamental a mi juicio, por lo que supuso de

realismo y generosidad: fue la aprobación de la Ley de la Reforma Política del 18 de noviembre de 1976 por los procuradores en Cortes franquistas, que en una especie de harakiri o suicidio político dieron el paso que permitía discutir pacíficamente el futuro democrático de la nación.

Todo este preámbulo histórico, explicativo en esencia de lo ocurrido, viene a cuento porque hallándome en el grupo de los octogenarios que de alguna manera vivió lo sucedido en esa Transición y colaboró políticamente en el proceso que culminó con la Constitución, aprobada por los españoles en Referendum de 6 de diciembre de 1978, me siento responsable de algún modo. Me siento perplejo y triste por el estado actual de nuestra democracia, debatiéndome entre un pesimismo realista que intentaré explicar y un optimismo innato que me hace confiar en que los pueblos siempre ganan en su lucha por el futuro, lucha que debería asumir nuestra juventud de igual o mejor manera que nosotros lo hicimos cuando nos correspondió.

Nosotros queríamos, al menos yo, una España moderna, que aprovechara el esfuerzo que las generaciones anteriores habían soportado para salir de una guerra civil desdichada. Sin recriminarnos culpas recíprocas y sí con la búsqueda de los puntos comunes de unión y convergencia, superadores de las diferencias más o menos justificables que existían o pudieran invocarse, sin ignorar los precedentes históricos y nuestros orígenes. Queríamos una democracia homologable, estructurada con una Jefatura de Estado -que de manera mayoritaria o casi unánime se aceptó y votó como Monarquía Constitucional-, con unas Cámaras auténticamente representativas donde los partidos y regiones estuvieran debidamente representados, y se pudiera trabajar libremente por el bien común de los españoles y por el engrandecimiento de España. Un progreso en todas sus expresiones, con tres poderes debidamente separados e independientes, legislativo, ejecutivo y judicial, una España para vivir en armonía y de cara a un futuro prometedor, positivo, y de mejoría y perfeccionamiento en todos los sentidos.

Se luchó por ello, se discutió y trabajó, conocimos nuevas ideas no siempre aceptadas pero sí admitidas, se articularon nuevos partidos políticos y se reorganizaron los preexistentes. Se viajó por otros países en buaca de ideas y apoyos, se sacrificó tiempo y dinero, se ganaron amistades y se condicionaron otras. Se estudió Historia, sobre todo la que concernía a nuestra guerra civil y las causas de discrepancia o de justificación de la caída de los regímenes anteriores -monarquías y repúblicas precedentes. Quitamos tiempo a nuestros trabajos y vidas particulares.

Al final, con satisfacción y ciertas renuncias a algún porcentaje de nuestras ideas, llegamos al momento feliz de la aprobación de la Constitución, esa Carta Magna que hoy tenemos, y que perfectible como cualquier otra realización humana tenía que ser susceptible de perfeccionamiento. El paso del tiempo y las circunstancias históricas pueden justificar cambios o nuevos aspectos que la mejoren. Pero nos ha dado 48 años de estabilidad política, la Constitución de mayor duración en la Historia de España.

Resulta desalentador tener que pensar que todo ello puede desembocar en un nuevo fracaso histórico, que esos esfuerzos y esos logros no signifiquen perdurabilidad para disfrute de todos de un texto constitucional en su mayor parte válido, digno de ser reformado -insisto- en lo necesario y aconsejable. Y sin embargo, por el contrario, nos empeñemos en destruirlo, rechazarlo y abocarnos a un nuevo vacío institucional derivado del no entendimiento de los actuales responsables políticos de los distintos signos que se manifiestan incapaces de defender desinteresadamente la convivencia y el bienestar de los españoles.

Cualquiera que se despierte por la mañana en España, lea un periódico, vea un reportaje televisivo, oiga noticias por radio, tendrá la mayor probabilidad de llamarse al desánimo y al pesimismo. Actualmente, nuestras Cámaras, tanto nacionales como comunitarias, dedican la mayor parte de su tiempo a echarse en cara corruptelas y cuestiones personales que no revelan interés por el ciudadano sino adicción al poder y el aferramiento a cargos y prebendas que permitan a sus titulares la subsistencia económica y la defensa de los intereses particulares de su entorno familiar o de sus amistades.

El poder se ha convertido en una exposición de agravios personales, carentes las más de las veces de profundidad ideológica y casi siempre impregnado de enemistad y de deseos de aniquilar al contrario por el mero hecho de ser el otro. Nuestro Gobierno actual, al margen de su condición ideológica respetable o criticable, no defiende la separación de poderes sino que la ataca, intenta minarla, y ejerce una autocracia aparentemente legítima escudado en el bloqueo y parálisis política que nuestra Constitución fue incapaz de prever. Quizás por un ingenuo buenismo que no calibró el equilibrio político de fuerzas nacionales y regionales.

Todo ello nos lleva a pensar que las próximas elecciones generales no sean una simple votación, normal como la que se debe producir al término de cada legislatura, sino un sometimiento a la población para crítica y cuestionamiento de nuestro sistema actual y de nuestra Constitución , solamente para encubrir que una parte presumiblemente perdedora no quiere asumir democráticamente que exista otra idea prevalente en estos momentos, que se evidenciaría en las urnas y que supondría alternancia en el poder.

El último ejemplo de una Cámara, el Congreso de los Diputados, donde se aprueba una moción por mayoría declarando que el Gobierno debería convocar elecciones o que en definitiva ha perdido la mayoría que le hizo gobernar, supuso la derrota de ese Gobierno. Y se produjo el mayor insulto y falta de respeto por parte del grupo socialista, que recibió ese resultado con risas y aplausos demostrativos de su desprecio a las normas parlamentarias y éticas, y en realidad al pueblo español que les ha votado.

Conclusión lógica es constatar que el actual partido PSOE no es el mismo en su esencia que el que aprobó la Constitución en 1978. Esa actitud frívola e infantil supone que la Cámara no sirve y no va a servir, que la democracia no es un sistema donde las mayorías respetan a las minorías y viceversa, y que el ejercicio del poder es aferrarse al asiento aunque los grandes hitos de la administración no se cumplan: el primero sería la votación anual de unos Presupuestos Generales, elemental base de cualquier actuación de gobierno, garantía del cumplimiento del encargo salido de las urnas que al parecer es la única forma de participación política del ciudadano.

Al mencionar la actitud despreciativa de ese Gobierno y su grupo parlamentario, los canarios no podemos olvidar varios aspectos o hechos que nos conciernen particularmente, como son la gestión mentirosa de los remedios paliativos después de la erupción en la isla de La Palma, la incomprensión hacia nuestro archipiélago en lo relativo a la inmigración y sus problemas derivados, la ridícula utilización de ese Gobierno central del viaje de Leon XIV a nuestras islas. Lo más grave de todo, la entrega del antiguo Sahara Español a Marruecos en un acto inconfesable, no explicado, rayano en lo delictivo. Una alta traición que supone y ojalá no traiga mayores consecuencias políticas para el futuro para Canarias, derivado del afán expansionista del ahora vecino Marruecos, hecho este último que considero no ha sido suficientemente estudiado ni valorado por los canarios. Desde luego, el PSOE de 1978 no habría cometido este último desafuero.

A mi juicio, volviendo al tema central, se ha llegado a este punto de peligrosidad en nuestro futuro político y social porque la manada en el poder, encabezada por un individuo carente de moral y de principios, necesita de conciencia crítica y de responsabilidad moral. Escudándose en pretextos históricos o atávicos, apoyándose en la enemistad contra el adversario político, a veces demasiado silencioso o indolente, rayano en la complicidad, permite que se haya llegado a la penetración interesada en las distintas instituciones de la nación.

Se ha condicionado la imparcialidad, resultando que el Gobierno no gobierna sino que permanece, alterando el equilibrio y la relación entre los tres poderes, y con un Tribunal Constitucional que ha logrado salirse de sus funciones de garantías constitucionales para convertirse en un tribunal de instancia más que ponga en solfa las decisiones de la justicia ordinaria.

Así las cosas, revisado el pasado y analizado someramente el presente, se podría decir que el actual bloqueo político tiene dos salidas o soluciones: la que sería normal, unas elecciones legislativas ya, claras, honradas y con garantías de imparcialidad, que permitan dar la voz una vez más a los ciudadanos españoles. Y otra, anormal o fuera de lo ordinario, abrupta e indeseada, no descartable por lo que estamos viendo, que con variantes a inventar suponga la sumisión de nuestro futuro a una declaración de voluntades revisionista y destructiva, que nos lleve a cualquier método de arbitraje o votación no establecido en nuestra Constitución, y que consista en un invento pactado con las fuerzas nacionalistas contrarias a España, conducente a otra etapa negativa que ponga fin a lo que con entusiasmo, buena fe y honradez se consiguió hace casi 50 años.

Ojalá seamos capaces de ver y seguir lo normal y lo positivo, defendamos lo logrado hasta ahora, lo mejoremos, en una tarea cuya responsabilidad y por ley natural corresponde en su mayor parte a la generación joven actual. Porque el futuro es más de ellos, respaldada por el conocimiento y la experiencia de los más veteranos, generación en particular la canaria a la que van dirigidas estas líneas salidas de nuestros años y vivencias.

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