Una democracia suicida

Esto de mantener en sus puestos a cargos públicos judicialmente investigados por indicios de la comisión de delitos en el ejercicio de sus responsabilidades no puede sorprender a nadie. Es un paso más en la irresponsabilización completa del político, en la desconexión mafiosa entre actividad política y moral pública incluso en términos retóricos. Veremos como este ataque al sistema democrático --- porque no se engañen, no es otra cosa—sigue evolucionando. En un futuro más o menos inmediato una condena judicial tampoco significará nada. Se argumentará que hasta que no se agoten todas las vías en los tribunales y el Supremo no dicte una sentencia condenatoria no hay que afectar a la nómina de nadie. El otro día una pelagatos casi inverosímilmente lerda que oficia como portavoz del PSOE afirmó que la directora general de la Guardia Civil había sido imputada por tomarse unos cafés, fijatetú. Es el lenguaje cínico y miserable de todos los nuevos populismos y el PSOE se ha metamorfoseado en un partido populista para el cual el corazón del sistema político es el Gobierno, única instancia dotada de auténtica legitimidad, mientras el poder legislativo solo tiene un papel muy secundario, algo así como unos coros y danzas del Ejecutivo, y el poder judicial merece las sospechas más macabras y resulta ferozmente vituperable. Lo que se manifiesta y proyecta – y lo estamos viendo en los últimos meses con Pedro Sánchez y los dirigentes socialistas -- es que si el Gobierno

a) fue elegido democráticamente y

b) persigue la felicidad y la prosperidad de los ciudadanos

está por encima de la ley. Se trata, por supuesto, de una burda y peligrosa mentira. La única forma de vertebrar los principios democráticos es a través del desarrollo de normas estables que regulan, ordenan y serenan las elecciones democráticas, el debate público, las relaciones económicas y sociales, los equilibrios entre poderes, las libertades públicas, los deberes y derechos, los límites de la ciudadanía. Como dice un jurista amigo mío, “no hay voluntad democrática expresada si no hay unas reglas previas y estables de expresión de dicha voluntad”.

Las decisiones de un juez son discutibles y casi siempre discutidas. Pero hace tiempo aquí no se discuten autos o sentencias. Hace ya algún tiempo lo que se ha comenzado a discutir son los jueces mismos. La directora general de la Guardia Civil, ¿no puede tomarse unos cafés con quien quiera? ¿Y no puede mentir sobre tal insignificancia? Cuando la tal Mínguez dice lo de los cafés no solo trivializa el asunto. Ese es el primer efecto que intenta conseguir, desde luego: ridiculizar una imputación. El segundo es precisamente seguir nutriendo un discurso que insinúa a veces y justifica otras la irrelevancia de la normatividad en el espacio público. El político no considera tener ningún compromiso con la ley. La ley es un antojo del juez o magistrado y al tratarse de una pura subjetividad yo puedo contestar desde la mía y todo queda mágicamente empatado. Así suele actuar habitualmente otro brillante jurista, Óscar Puente. Ya ni siquiera puede recordarse el requisito de la ejemplaridad. La ejemplaridad es precisamente el cumplimiento de la norma que nos civiliza entendida como un deber moral. No cabe la ejemplaridad si se trata a la ley como un accesorio inerte de la política y no como la base viviente de toda política.

No supongan ni por un segundo Sánchez y sus compañeros y compinches que las derechas harán nada distinto cuando el próximo verano lleguen al poder. Todo abuso cometido por los socialistas, todo modelo de cooptación de las instituciones públicas, todo esquema de corrupción empleado en los últimos años, todo incumplimiento de la responsabilidad política, todo hediondo pacto imaginable, todo desprecio militante hacia una ética cívica y hacia la misma Constitución será emulado entusiásticamente por los que gobernaran dentro de seis, ocho, doce meses. Si esto no es una democracia suicida, se le parece mucho.

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