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Opinión | Observatorio

¿Qué hay del trabajo?

Díaz asegura que Feijóo "va a provocar una recesión" si gobierna y pide el voto trabajador

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Una de las críticas más serias que debemos afrontar, en tanto que sociedad, tiene que ver con la evolución del mercado de trabajo. Ciertas perspectivas se enredan en asuntos más inmateriales, o no trascendentales, como el grado de igualdad de género, o el de inserción lingüística en un determinado territorio, o el de asuntos relacionados con la memoria histórica. Con esa atención dispersa, no extraña que la mayoría de la población se canse de los discursos de escaso interés general, y acabe abrazando la perspectiva antisistema, como castigo a los enfoques que pierden de vista el malestar en el trabajo y sus bajos ingresos, o el motivado por la crisis de la vivienda. Estos sí que son problemas materiales reales que deben analizarse y reconducirse, porque afectan a gran parte de la sociedad. Son el origen y el motor de otros graves fenómenos sociales que nos interpelan, como las adicciones autodestructivas, la falta de valores, la depresión psicológica, o la violencia.

Hace unos veinte años, allá por 2007, estaríamos en una situación de relativa bonanza, tanto de la coyuntura económica general como del mercado de trabajo. Sin embargo, la Gran Recesión mundial del año siguiente desbarató vidas y proyectos, y pasó como un tsunami, llevándose por delante una parte considerable de nuestra realidad. En un periodo largo de unos seis años, sucumbieron muchas personas, familias y empresas. Hasta que en 2014 se inició la fase de recuperación y cierta expansión, que, salvando los años de pandemia (2020-2022), supuso un nuevo tiempo de estabilidad social “relativa”, porque, aunque los indicadores de empleo han sido favorables, las condiciones de trabajo y de vida que subyacen, son peores que antes de la recesión. Lo cierto es que mientras la riqueza de España ha crecido exponencialmente, en parte por la subida de los precios, pero en gran parte por la subida e los beneficios empresariales; no puede decirse lo mismo de las remuneraciones de los asalariados. El salario bruto mensual medio de nuestra región pasó de 1.384 euros en 2009 a 1.726 euros en 2023, último dato disponible por la Agencia Tributaria. Es decir, los asalariados en Canarias reciben un salario neto mensual medio de 1.270 euros. Para valorar esta cantidad, aunque no hace falta ser un lince para ello, una pareja con dos hijos, y dos sueldos, vendrían a disponer al mes de 635 euros per cápita, es decir, estarían viviendo por debajo del umbral de la pobreza de Canarias (y de España, por supuesto).

Sí, el archipiélago representa un laboratorio cuasi perfecto para el análisis de la realidad socioeconómica española, y permite valorar cuando menos como incierta la evolución de los últimos veinte años. Se ha creado un enorme mercado interior con la ayuda de cientos de miles de inmigrantes extranjeros (actualmente, unas 530.000 personas residentes en las Islas que han nacido fuera de España). El valor de esta corriente de personas no solo ha ampliado la demanda interna (consumo), también debemos considerar su fuerza de trabajo, su capital humano (conocimientos, habilidades, experiencias), su capacidad de inversión y de creación de empresas, su potencial de desarrollar redes comerciales con el exterior, y su aportación a la innovación y la creatividad. Mientras esa corriente de inmigrantes se ha integrado en la sociedad canaria, es interesante confirmar que buena parte de la población residente se ha convertido en inactiva, especialmente los hombres (aumentaron los inactivos un 45%), frente a las mujeres (aumentaron un 14%). Los inmigrantes no solo expanden la estructura económica, también relevan a la población nativa que se jubila, y, sin embargo, no interfieren en la incorporación de la mujer al trabajo, sería la lectura. Por cierto, los datos desmienten el mantra de la «paguita, porque si en 2007 los inactivos que percibían una pensión distinta a la jubilación representaban el 12,2% del total, ahora en 2026 representan el 9,6%.

Lo realmente importante para las Islas es que en estos últimos veinte años las personas que trabajan han aumentado en 150.000, un 24% más que en 2007, y que especialmente las mujeres han subido su nivel de incorporación al trabajo (41% más). Nunca antes las Islas Canarias tuvieron tanta gente trabajando: un millón sesenta mil personas. Pero habrá que observar con detenimiento en dónde se concentra esa masa laboral, para ponderar la calidad de todo este empleo y de sus salarios. Yo destacaría, en primer lugar, una gran concentración de trabajadores en el sector comercial, y de los servicios de restauración y personales, casi la mitad de toda la fuerza de trabajo de las Islas. Se trataría de un proletariado de los servicios, porque este colectivo dispone de un salario bruto mensual medio de 1.542 euros. En segundo lugar, hay que destacar otro gran grupo de asalariados, que son los que permean el sector público canario: en torno a 251.000 empleados, cuyo salario bruto mensual medio es de 2.500 euros. Ambos grupos expresan un crecimiento considerable desde 2008, el proletariado de los servicios ha crecido un 40%, y los empleados del sector público un 50%. Por el contrario, en este tiempo, otros sectores han visto caer el empleo, unos de forma contundente, tales como la agricultura y la construcción, y otros de forma más débil, como la industria. Con buena lógica, en la medida que han desaparecido los empleos en esos sectores, sus salarios han aumentado, como un efecto de atracción.

En buena medida, este modelo de crecimiento en forma de K, responde a una sociedad dividida entre los de arriba y los de abajo. Los de arriba pueden sortear la inflación, las dificultades para disponer de una vivienda, pueden alimentarse correctamente, viajar, y, en definitiva, desarrollar un proyecto de vida digno. Los de abajo se expanden, asumen los altos costes de vida, y sienten en su pellejo lo difícil que es subir. ¿Cómo romper esta injusta tendencia? Hay que volver a un modelo de cohesión social a través del empleo con salario digno. Una forma de hacerlo es distinguiendo y recalificando las categorías laborales en función de la dedicación, la especialización, y la responsabilidad, de forma que el desempeño y la productividad se reconozcan y se remuneren adecuadamente. No puede ser que a una masa laboral de cerca de medio millón de personas en Canarias, se la considere que sirve igual para un roto que para un descosido, y, en consecuencia, se le retribuya y penalice con un salario bajo.

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