El precio de improvisar

La licitación del Cabildo de Gran Canaria para reformar el Estadio y adaptarlo al Mundial 2030 ha terminado desierta, o lo que es lo mismo, de la peor manera posible. Ni una sola empresa, ni nacional ni internacional, ha visto viable presentar una oferta para ejecutar la obra pública más importante de la historia reciente de la isla. No se trata de un simple contratiempo administrativo. Es un fracaso que obliga a preguntarse cómo una actuación estratégica pudo salir al mercado en condiciones tan alejadas de la realidad.

Cuando un concurso de 174,7 millones de euros no despierta interés, es obvio que el problema no está en las empresas, sino en el diseño poco realista de la licitación. Los argumentos del sector de la construcción son elocuentes. Hay un presupuesto hasta un 40% por debajo del coste de ejecución, plazos ajustados, soluciones técnicas de enorme complejidad, materiales cuyo precio se ha disparado y penalizaciones inasumibles. Ninguna compañía puede comprometer su solvencia en una obra que le genera pérdidas.

La reforma no es una actuación cualquiera. El proyecto ‘La Nube’ aspira a transformar el estadio en una instalación que cumpla los estándares de la FIFA, con una nueva y singular cubierta, mejoras en la accesibilidad y una ampliación del aforo hasta superar los 44.000 espectadores. Una infraestructura llamada a convertirse en icono de Gran Canaria. Todo eso exige preparación técnica impecable, conocimiento del mercado de la construcción y planificación a la altura.

El Cabildo de Gran Canaria anuncia que recurrirá a un procedimiento negociado para desbloquear la adjudicación. Sostenerla y no enmendarla. “Un suicidio absoluto”, según los constructores. Una vía inviable. Lejos de disipar las dudas, abre otro frente. La legislación solo permite acudir a esta fórmula cuando las condiciones iniciales del contrato no se modifican sustancialmente. Y ahí está la principal contradicción, pues el presupuesto debe incrementarse para hacer posible la obra.

Si no se revisan las cuentas, difícilmente aparecerán licitadores y si se cambian de forma sustancial, la alternativa -el procedimiento negociado- puede quedar jurídicamente comprometida. Así, la decepción no termina con el fracaso de la licitación. Ahora comienza una carrera más compleja. El procedimiento negociado ni siquiera garantiza una salida rápida. Existe el riesgo de recursos e impugnaciones que prolonguen los plazos si alguna empresa considera que esta vía no está justificada o que el proceso vulnera los principios de concurrencia e igualdad.

Desde el Cabildo de Gran Canaria se insiste en que quedan cuatro años para el Mundial y se transmite tranquilidad, pero el calendario es exigente. La reforma debe acabar en 2029 para cumplir los compromisos adquiridos con la organización del Mundial. Cada mes perdido resta capacidad de maniobra. Más aún cuando las obras deberán convivir con la actividad deportiva o buscar soluciones temporales para que la UD Las Palmas pueda disputar sus partidos, tal vez fuera de casa, sin afectar a la remodelación.

Lo verdaderamente preocupante es que el fracaso trasciende de la actuación prevista. Queda en entredicho la capacidad de gestión del Cabildo de Gran Canaria. La credibilidad se construye con eficacia administrativa. Y una licitación que ningún operador considera viable, seguida de un procedimiento negociado inviable o rodeado de incertidumbres, proyecta la imagen contraria. La institución insular no ha sabido calibrar la realidad del mercado. Corregir el rumbo exigirá revisar el presupuesto, ofrecer seguridad jurídica y recuperar la confianza de las empresas que necesitan reglas claras y un equilibrio entre coste, riesgo y rentabilidad.

Gran Canaria no debería perder la oportunidad de albergar el Mundial de 2030. El impacto económico, turístico y de proyección internacional es extraordinario. El proyecto debe quedar al margen del amateurismo y la improvisación. No es una obra más. Es una infraestructura estratégica. Tal vez haya margen para rectificar, pero los plazos avanzan al límite. La prioridad es reconducir el procedimiento con rigor, transparencia, realismo presupuestario y seguridad jurídica. Una administración pública no demuestra su fortaleza cuando anuncia grandes proyectos, sino cuando los convierte en realidad.