El cuarto año universitario

Hay decisiones que, de tanto convivir con ellas, dejan de parecernos decisiones. Se convierten en paisaje y costumbre. Dejamos de preguntarnos por qué existen. Igual que pocas veces nos cuestionamos quién decidió que una carretera pasara por un lugar y no por otro. O por qué circulamos por la derecha. Aceptamos ciertas reglas simplemente porque siempre estuvieron ahí.

En España sucede algo parecido con la universidad. Asumimos que una carrera debe durar cuatro años porque así ha sido durante dos décadas. Basta con cruzar nuestras fronteras más cercanas para descubrir que no tiene por qué ser de esa manera. La reciente temporada de graduaciones universitarias invita, quizá, a volver a planteárselo.

Para nuestros vecinos europeos los estudios universitarios de grado duran tres años. Es el modelo habitual en países como Francia, Bélgica, Italia, Irlanda o Inglaterra. España, sin embargo, optó por una duración de, como mínimo, cuatro años de grado.

Ese cuarto año importa. Supone un año más de matrícula, alojamiento, manutención y retraso en la incorporación al mercado laboral o a una especialización posterior. Para miles de estudiantes y sus familias tiene un coste económico evidente y un coste de oportunidad difícil de ignorar. La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿por qué España eligió un camino distinto al de la mayoría de sus vecinos?

El Proceso de Bolonia (1999) pretendía hacer comparables los sistemas universitarios, facilitar la movilidad y establecer una arquitectura común basada en grados, másteres y doctorados. Permitía grados de tres o cuatro años y másteres de uno o dos. Por tanto, el cuarto año obligatorio fue sello patrio.

Aquella decisión respondía a razones comprensibles. Se quería preservar una formación considerada más completa desde el propio grado, existía cierta resistencia institucional y social al nuevo concepto de carreras y preocupaba que un modelo de tres años le diera excesivo peso al máster, convirtiéndolo en un filtro reservado para quienes pudieran asumir su coste. Con el paso del tiempo, no obstante, han aparecido algunas consecuencias que merecen una reflexión serena.

La primera tiene que ver con el diseño de los propios grados. En España todos deben incorporar 60 créditos ECTS de Formación Básica. En la práctica, buena parte del primer curso tiene un carácter generalista y transversal, algo parecido a un año preparatorio integrado dentro del propio grado. Muchos sistemas europeos, en cambio, reservan esa formación para itinerarios concretos o la organizan con mayor flexibilidad.

La segunda consecuencia es la rigidez. La universidad española se encuentra, en comparación con sistemas vecinos, fuertemente regulada por el Estado, tanto en la duración de los títulos como en su estructura, verificación y contenidos. Esa regulación aporta estabilidad y garantías, pero también dificulta que las universidades respondan con rapidez a nuevas profesiones, sectores emergentes o necesidades específicas de su entorno.

Mientras el mercado laboral avanza hacia la especialización, la formación modular y el aprendizaje permanente, nuestro sistema continúa apoyándose en títulos largos, homogéneos y relativamente difíciles de transformar. La sociedad cambia a gran velocidad; la regulación universitaria lo hace a un ritmo bastante más pausado.

El modelo de cuatro años también condiciona la movilidad internacional. Aunque el sistema ECTS permite comparar créditos entre países, un estudiante español tarda más en completar el grado que otro europeo con una formación equivalente. Esa diferencia puede retrasar el acceso al empleo, al máster o a una experiencia profesional en el extranjero.

Mientras tanto, la mayoría de países europeos han optado por un enfoque distinto: grados más breves, incorporación más temprana al mercado laboral y una especialización progresiva a través del máster y de la formación continua. En lugar de definir toda la trayectoria académica a los 18 años, el estudiante la construye por etapas, adaptándola a sus intereses, oportunidades y experiencia profesional.

Nada de esto significa que un grado de tres años sea siempre mejor. Existen profesiones que requieren programas más extensos, una sólida base científica o una regulación específica -como medicina o arquitectura, entre otras-. Tampoco tendría sentido convertir la universidad en una simple fábrica de trabajadores.

Ahora bien, sí convendría preguntarse si todos los grados necesitan obligatoriamente cuatro años. Si esa duración responde todavía a las necesidades de los estudiantes o, más bien, a una estructura que hemos dejado de cuestionar. Si un sistema más flexible podría abaratar el acceso a la educación superior, favorecer la movilidad, el ascensor social y permitir una especialización más libre.

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