Un estadio de futuro para Gran Canaria

Ninguna transformación importante avanza sin tropiezos. Requiere visión, voluntad política, capacidad de sumar y, sobre todo, la determinación necesaria para superar los obstáculos que, tarde o temprano, aparecen en el camino. Lograr que Gran Canaria fuera sede del Mundial de Fútbol de 2030 fue uno de esos desafíos. Ahora nos enfrentamos al siguiente: dotar al Estadio de Gran Canaria de la infraestructura que ese acontecimiento exige y de dejar un gran equipamiento deportivo para el futuro de Gran Canaria.

Nada de lo alcanzado hasta hoy ha sido casualidad. Ya en el mandato anterior, el Cabildo inició ante la Real Federación Española de Fútbol los trámites necesarios para situar a la isla en la carrera mundialista. En este mandato intensificamos ese trabajo y construimos una candidatura colectiva, sumando instituciones públicas y organizaciones deportivas, económicas, sociales y civiles alrededor de un mismo objetivo. Y lo conseguimos.

En julio de 2024, Gran Canaria fue incluida entre las once sedes españolas propuestas para el Mundial. Meses después, la FIFA confirmó la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para organizar el campeonato de 2030. Por primera vez, nuestra isla formará parte del mayor escenario deportivo del planeta. Llegamos hasta aquí con una propuesta que superó con solvencia los exigentes requisitos de FIFA, una solvencia técnica y administrativa que también debe acompañar el proceso de licitación de las obras.

Resulta difícil medir la magnitud de ese logro. Un Mundial no se reduce a unos partidos de fútbol: es proyección internacional, actividad económica, empleo, modernización de infraestructuras y una oportunidad única para mostrar Gran Canaria al mundo. Pero también es algo más difícil de cuantificar y no menos valioso: sentido de pertenencia, orgullo colectivo y cohesión social.

Desde el principio tuvimos claro que esta oportunidad no podía agotarse en unas semanas de competición. Los grandes acontecimientos cobran verdadero sentido cuando dejan un legado. Por eso la transformación del Estadio de Gran Canaria, ya recogida en nuestro programa electoral, responde a una ambición que trasciende el propio Mundial: dotar a la isla de una infraestructura moderna y de primer nivel para las próximas décadas.

El Cabildo convocó un concurso internacional de ideas para definir el futuro del recinto. El proyecto elegido plantea una transformación integral: cerca de 42.000 localidades, gradas que se acercan al terreno de juego, una nueva cubierta y una profunda modernización de accesos, instalaciones, tecnología y servicios. No hablamos de una reforma menor, sino de una de las mayores intervenciones sobre una infraestructura deportiva realizada en Canarias.

La complejidad técnica del proyecto quedó acreditada durante su desarrollo. Los estudios determinaron que el terreno sobre el que se asienta el estadio exige importantes trabajos de cimentación y refuerzo para soportar una obra de estas dimensiones. Esa circunstancia, sumada a la evolución de los costes de construcción por la inflación y los conflictos bélicos internacionales, obligó a revisar la previsión económica inicial. La primera estimación rondaba los 100 millones de euros; tras la correspondiente modificación presupuestaria, la obra salió a licitación por 174,7 millones. La UD Las Palmas anunció, además, su participación en la financiación con una aportación de 60 millones.

El procedimiento fijaba un plazo de ejecución de 36 meses, compatible con el calendario del Mundial de 2030. Sin embargo, al concluir el plazo de presentación de ofertas, ninguna empresa concurrió a la licitación. El concurso quedó desierto. Es un contratiempo real, que debe abordarse con diligencia, pero no es el final de nada. Las licitaciones desiertas forman parte de la contratación pública, y la legislación prevé mecanismos para resolver estas situaciones. Corresponde ahora analizar las causas y utilizar, con agilidad y seguridad jurídica, las alternativas que permite la ley. Lo que en ningún caso resultaría aceptable es inflar los precios de manera fraudulenta.

Las razones que pueden explicar la falta de ofertas son variadas. El contexto bélico internacional altera los precios de la energía, el transporte, las materias primas, la mano de obra especializada y los materiales de construcción. Se suman las dificultades propias de la insularidad, la disponibilidad de maquinaria especializada, la capacidad de asumir simultáneamente grandes actuaciones en la isla y la escasez de determinados perfiles profesionales, además de las penalizaciones previstas, acordes con la envergadura de la obra.

El sector de la construcción ha manifestado también sus reservas sobre presupuesto, plazos y complejidad. Esas consideraciones deben escucharse y estudiarse: el diálogo con quienes conocen el mercado y ejecutan las obras no solo es razonable, es necesario. Pero conviene distinguir una cosa de otra. Escuchar no significa que una administración deba asumir automáticamente todas las posiciones de un sector. Las empresas defienden legítimamente sus intereses; el Cabildo tiene otra responsabilidad: proteger los recursos públicos, garantizar la legalidad y decidir lo que mejor responda al interés general de Gran Canaria.

Esa responsabilidad no se delega. Ya hemos vivido situaciones parecidas. En otras grandes actuaciones impulsadas por el Cabildo —la más reciente, el futuro centro sociosanitario Carlota de la Quintana, en el antiguo psiquiátrico— los constructores grancanarios cuestionaron inicialmente presupuestos y condiciones. Finalmente apareció una unión de empresas, con participación grancanaria, dispuesta a ejecutar la obra, que hoy avanza. La experiencia enseña a escuchar todas las advertencias, analizar los datos y evitar tanto la precipitación como los diagnósticos interesados.

Llama la atención, por eso, la rapidez con la que algunos han querido convertir una incidencia administrativa en un fracaso. Apenas quedó desierta la licitación, comenzaron los juicios definitivos y las dudas sobre la capacidad del Cabildo. La crítica es legítima y necesaria en democracia. Pero también es legítimo preguntarse por qué ciertos sectores parecen esperar cada dificultad para convertirla en desgaste político, incluso cuando está en juego un proyecto estratégico para toda la isla.

El Mundial no pertenece a un gobierno: pertenece a Gran Canaria. El nuevo estadio tampoco será patrimonio de una mayoría política, sino una infraestructura pública al servicio de la isla durante décadas. Por eso conviene no confundir la fiscalización legítima con el deseo de que las cosas salgan mal.

Nadie tiene que explicarnos la importancia del Mundial: hemos trabajado años para conseguirlo. Tampoco necesitamos que ahora nos descubran la dificultad de construir una infraestructura de esta magnitud; la conocíamos al asumir el reto y la conocemos mejor tras los estudios técnicos. Este Cabildo tiene experiencia gestionando proyectos extraordinariamente complejos: el Salto de Chira, una de las mayores actuaciones energéticas de España; la mayor planificación sociosanitaria de la historia de Gran Canaria; avances en el Centro Insular de Deportes, el Museo de Bellas Artes o el nuevo INFECAR. Ninguno de esos proyectos fue sencillo. Las grandes obras encuentran dificultades técnicas, administrativas y económicas; la diferencia no está en que existan problemas, sino en la capacidad de resolverlos. Eso es gobernar.

Ahora corresponde determinar por qué la licitación quedó desierta y cuál es la mejor alternativa para continuar. Si hay que revisar el procedimiento, se hará dentro de la legalidad. Si hay que negociar con empresas solventes, se emplearán los mecanismos previstos. Si los informes técnicos aconsejan otras decisiones, se estudiarán con transparencia. No habrá improvisación, pero tampoco parálisis.

Cualquier decisión generará críticas: si renunciáramos a transformar el estadio, se nos acusaría de perder una oportunidad histórica; si asumimos el mayor coste, habrá quien lo contraponga a otras necesidades sociales. Es un debate legítimo, pero plantea una falsa elección. Una administración responsable no puede limitarse a gestionar el presente renunciando a construir el futuro. Debe hacer ambas cosas, y este Cabildo lo demuestra impulsando a la vez la mayor inversión sociosanitaria de nuestra historia, la transición energética, la seguridad hídrica, la diversificación económica y la respuesta a necesidades sociales en vivienda, empleo, igualdad y cuidados.

El estadio no se transforma para unas semanas de 2030. El Mundial es el horizonte que acelera una actuación necesaria, pero la infraestructura permanecerá cuando termine el último partido, como patrimonio público y equipamiento para las próximas generaciones.

Por eso afrontamos este momento con responsabilidad y determinación, sin minimizar el problema y sin alimentar el alarmismo: analizando las causas, escuchando al sector, utilizando las herramientas legales y tomando las decisiones que correspondan. Una licitación desierta no borra los años de trabajo que trajeron el Mundial a Gran Canaria, ni invalida la necesidad de transformar el estadio, ni convierte un obstáculo administrativo en el fracaso de un proyecto estratégico.

Gran Canaria decidió competir por el Mundial cuando no había garantía de conseguirlo. Creyó en sus posibilidades y alcanzó un objetivo que durante años pareció lejano. Afrontaremos este nuevo desafío con diálogo, pero con autonomía para decidir; con prudencia, pero sin miedo; con rigor, pero sin permitir que la dificultad se convierta en parálisis. Escucharemos todas las posiciones legítimas, pero las decisiones se tomarán pensando en el interés general de Gran Canaria.

Porque los obstáculos no borran el camino recorrido. Lo ponen a prueba.