Gasto público sin luz pública

Durante años, uno de los principios que más se ha reivindicado en la gestión pública ha sido el de la transparencia. No como un adorno administrativo ni como una graciosa concesión a la galería, sino como garantía democrática. Cuando el dinero es de todos, todos tenemos derecho a saber cómo se gasta y por qué se toma una decisión y no otra. Es un principio tan elemental que cuesta entender que se ponga en duda en un ámbito que tantos recursos públicos moviliza como el de los servicios para la atención a la crisis migratoria y, principamente, el de la alimentación a las personas acogidas.

Hasta hace poco, estos servicios se contrataban a través de Tragsa. Como empresa pública, sus procedimientos estaban sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público. Las empresas conocían las puntuaciones al detalle, los criterios aplicados y las razones de cada adjudicación. Podían compartir o no el resultado, pero al menos existía una explicación.

Las empresas desconocen al detalle las puntuaciones en las convocatorias para prestar servicios y, en definitiva, los motivos por los que una oferta resulta vencedora frente a otra"

Ahora los servicios se financian con el mismo dinero público, pero la decisión recae en entidades sociales que no tienen la consideración de poder adjudicador aunque encargan a terceros la tarea. Algunas de ellas publican los criterios de valoración y anuncian el resultado de sus encomiendas, pues no llevan a cabo directamente las prestaciones. Las hacen otros. Sin embargo, las empresas participantes desconocen al detalle las puntuaciones en las convocatorias para llevar a cabo esos servicios y, en definitiva, los motivos por los que una oferta resulta vencedora frente a otra.

La transparencia es posible

Ni siquiera todas las organizaciones actúan igual. Algunas ONG han demostrado que es posible ir a un procedimiento transparente, comunicando las valoraciones y la puntuación de cada licitador. Otras optan por limitarse a anunciar quién ha ganado. Esa diferencia evidencia que el problema no es técnico ni jurídico. Es cuestión de voluntad. La transparencia no consiste en publicar unas bases antes del concurso. Pasa también por explicar cómo se ha aplicado ese baremo. Sin esa parte, la concurrencia pierde su sentido.

No es una crítica a la calidad del trabajo ni al papel imprescindible que realizan las organizaciones del denominado tercer sector, las ONG. Tampoco se trata de cuestionar la legalidad del modelo elegido por el Ministerio de Inclusión para gestionar los servicios -alimentación, seguridad, limpieza,…- que necesitan los centros. La normativa ofrece márgenes y la jurisprudencia no parece cerrar del todo el debate. La cuestión es que si el dinero es público, ¿por qué los ciudadanos deben saber hoy menos que hace unos meses?

La mejor oferta

La mayor presión migratoria recae sobre las Islas. Aquí se levantan los centros, aquí se presta la asistencia y aquí se concentra el esfuerzo humano, económico y logístico. Resulta difícil no preguntarse, por qué empresas canarias se sienten desplazadas en procedimientos con adjudicaciones que terminan en operadores con sede fuera del Archipiélago. La mejor oferta debe ganar, venga de donde venga. Pero por eso es imprescindible que todos conozcan por qué gana. Solo la transparencia despeja las sospechas y protege tanto a la administración como a la entidad gestora y a la empresa adjudicataria.

Si el Estado financia un servicio con dinero de los contribuyentes no debería esconderse tras la naturaleza privada de quien lo gestiona para reducir la información que reciben los ciudadanos"

La confianza en las instituciones exige evitar cualquier apariencia de opacidad cuando están en juego recursos públicos. Si el Estado financia un servicio con dinero de los contribuyentes no debería esconderse tras la naturaleza privada de quien lo gestiona para reducir la información que reciben los ciudadanos. El dinero no deja de ser público.

Sin luz pública

Si el procedimiento permite gastar millones de euros sin ofrecer las mismas explicaciones que antes, quizá el problema no esté en la transparencia de algunas ONG, sino en un modelo diseñado por el Estado que, de forma inesperada, ha encontrado una vía para iluminar menos lo que sigue perteneciendo a todos. Parece que el Estado ha propiciado una forma de gastar dinero público sin someterse a la luz pública.

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